Los empresarios cañeros, lograron mantener el precio de Bs. 35 por tonelada de caña fresca cortada para la zafra 2019, según refleja el convenio colectivo firmado por los cañeros, zafreros de Santa Cruz y el Ministerio del Trabajo.

Hernán Anagua, secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Zafreros de Santa Cruz, comentó que el principal argumento que manejaron los cañeros para evitar subir el pago por tonelada de caña cortada, fue el precio bajo del quintal de azúcar en el mercado nacional.

“Se fijó el precio de Bs 35 por tonelada de caña cortada, siendo el costo base que deberán tener los industriales cañeros para negociar internamente con los cortadores de caña”, indicó Anagua, al comentar que cualquier costo inferior a esa cifra, se convertirá en una infracción al convenio colectivo firmado con los empresarios cañeros.

El ejecutivo de los zafreros  explicó que antes de la mecanización de la zafra de caña, la federación de zafreros era fuerte, contando con más de 6 mil miembros y podían bloquear la producción para exigir mejores condiciones económicas, pero ahora tienen que buscar las mejores condiciones para los zafreros a través de las negociaciones, accediendo en muchos casos a las pretensiones de los empresarios.

“La firma del Convenio Colectivo es un logro muy importante para los trabajadores zafreros”, dijo el dirigente, al momento de exigir a las autoridades del Ministerio del Trabajo, la fiscalización y cumplimiento del mismo.

Anagua señaló que el convenio está basado en los principios de la Organización Internacional del Trabajo, como la consulta a empleadores y trabajadores para regular las condiciones de trabajo y, sobre todo, regular la condición laboral en el corte de caña de azúcar,  en el que los participantes hacen concesiones mutuas, identificando beneficios para cada uno de los sectores.

“El convenio colectivo aborda temas de interés para el sector zafrero como la asistencia médica, el pago de viáticos, el traslado a los campamentos, la dotación de herramientas de trabajo, la prohibición de trabajo de menores, las condiciones de vivienda de los trabajadores zafreros, el aporte sindical y otros”, acotó Anagua.

 Fuente: Montero Noticias

La producción agrícola local está afectada y productores dejan el campo para volverse albañiles. Perú y Chile son los países desde donde se internan frutas y verduras sin autorización.

En los últimos cinco años, el volumen de hortalizas y frutas importadas por Cochabamba cayó en 84 por ciento , según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En contrapartida, representantes de productores locales reportan un fuerte incremento del contrabando con severa afectación al agro.

Los datos del INE, recopilados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), señalan que entre 2014 y 2018 la internación legal de estos productos agrícolas cayó en 67 por ciento en valor, equivalentes a 465.302 dólares.

En 2018, las principales importaciones fueron de ajo, cebolla y berenjena.

En cuanto a frutas, las más requeridas fueron las uvas, cocos y dátiles. Las variedades también disminuyeron porque en 2014 se importaron 12 tipos y en 2018 solo se internaron seis.

Los principales países proveedores de frutas fueron Chile, Argentina y Vietnam. Las hortalizas provinieron de EE.UU.

En el análisis de la jefa de Estadística del IBCE, Jimena León, esta caída puede deberse a tres factores: que el departamento comenzó a producir más para su autoabastecimiento, que se provee de otros departamentos cercanos o que la internación se realiza de contrabando.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Jhasmany Medrano, dice que el contrabando es uno de los mayores enemigos del sector productivo.

Detalla que entre los productos de contrabando que llegan de Perú a Cochabamba está la papa, tomate, cebolla, zanahoria, remolacha y camote, también flores y miel.

De Chile lo que más llega son manzanas, frutillas y uvas, ya sea a través de la importación legal o de contrabando.

El ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcb), Jhony Pardo, añade que de Perú también llega sandía, ajo, palta, chirimoya y pera.

“En los tres últimos años, el contrabando hizo bastante daño a la economía de los productores”, afirma Medrano y cuenta que varios quebraron, sobre todo en el rubro de la papa. Algunos se dedicaron a la albañilería y otros se volvieron taxistas.

Pardo afirma que para frenar el ingreso de papa, la Fsutcb pidió control fitosanitario al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), pero ahora entra papa prefritada de Argentina.

El Mercado Campesino es el lugar donde llegan cebolla y papa peruana al por mayor. Vendedoras de los mercados Calatayud y 25 de Mayo coincidieron en que es ahí donde se concentra la mayor parte de la venta porque allí acuden a abastecerse los restaurantes, que compran en grandes cantidades.

Sobre la diferencia de precio, una de ellas afirma que mientras la carga de papa boliviana cuesta 550 o 570 bolivianos, la de papa peruana cuesta 420. Medrano dice que el producto de contrabando a veces cuesta 50 por ciento menos que el nacional.

En junio pasado, la unidad de Sanidad Vegetal del Senasag hizo una inspección al Mercado Campesino para detectar el ingreso de cebolla y papa sin cumplir normas fitosanitarias. El encargado Departamental de Registro y Certificación Fitosanitaria, Carlos Aquino, explicó entonces que la papa importada es más grande. Si es importada legalmente, tiene que estar limpia y contar con etiquetas de importación respaldadas por un permiso fitosanitario emitido por el Senasag.

El 13 de julio, esa entidad informó que junto al Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando destruyó, en La Paz, 18 toneladas de cebolla decomisada en el municipio Jesús de Machaca por incumplimiento a la norma fitosanitaria y porque su consumo representaba un riesgo para la población.

En la ocasión, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, detalló que el producto era de procedencia peruana y que entró al país burlando puestos de control. Añadió que entre junio y julio se destruyeron también 180 toneladas de papa y 80 de fruta.

Durante el año, solo entre junio y julio se reduce un poco la cantidad de alimentos frescos que ingresan de los países vecinos. El resto del año, la internación es constante, según Pardo.

Ante este panorama, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba solicitó hace algún tiempo una reunión con Rodríguez. Medrano señala que el Viceministro planteó dos medidas: subir los aranceles de importación a esos productos y tener mayor presencia en las fronteras a través de las Fuerzas Armadas y la Aduana Nacional.

Sin embargo, una subida arancelaria no tendría mayor incidencia porque estas medidas se aplican a la internación legal.

Medrano cuestiona que el Gobierno mantenga un tipo de cambio fijo porque crea condiciones para el contrabando. “Mientras los productos bolivianos son caros porque el dólar es caro, en los países vecinos todo es más barato”, apunta. Además, afirma que aunque se militaricen las fronteras, el contrabando “hormiga” continúa y no hay norma que lo frene.

Pardo afirma que los trabajadores campesinos también sostuvieron reuniones con Rodríguez y acordaron que hasta junio debían estar identificados y controlados los caminos clandestinos que se usan para traer productos de contrabando de Perú. “Vamos a convocar en estos días para que nos informe”, adelantó.

 Fuente: Periódico Opinión

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en coordinación con la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas (Aprisa), llevaron adelante el Taller de Preparación en Buenas Prácticas Agrícolas con énfasis en uso y manejo correcto de plaguicidas químicos de uso agrícola , gestión de envases vacíos, plaguicidas obsoletos y prevención en intoxicaciones de PQUA, que se desarrolló en ambientes del Salón Bicentenario del Campus universitario de la Universidad Autónoma del Beni de la ciudad de Trinidad.

Edimirko Villarroel Aldunate, responsable nacional del programa de Buenas Prácticas Agrícolas del Senasag , entidad operativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, señaló que la realización de este taller fue importante porque el rubro de la agropecuaria se desarrolla en el departamento y cada vez se está utilizando mayor cantidad de productos químicos.

“Cualquier producto químico si no está utilizado de buena manera causa toxicidad, es por ello que el taller tuvo el objetivo de concientizar sobre el uso y manejo adecuado de plaguicidas para evitar futuras consecuencias a la salud pública y a la producción agropecuaria” indicó Villarroel.

Explicó que es importante que los estudiantes de las carreras que tienen que ver con la agricultura, conozcan de la importancia que tiene el uso y manejo correcto de los productos químicos que se aplican a diferentes producciones, sean estas frutales, verduras u hortalizas que sirven para combatir plagas y enfermedades ya que estos productos agrícolas son importantes para la alimentación de todos nosotros y la responsabilidad como ente sanitario oficial.

Sostuvo que el taller, es dirigido a proveedores de insumos agrícolas, técnicos, estudiantes, instituciones públicas, privadas, población involucrada en el uso y manejo de plaguicidas y participaron como disertantes, personal especializado del Senasag y de Aprisa.

 Fuente: Senasag

Pese a que la aprobación de los procedimientos abreviados para el uso de dos nuevos eventos biotecnológicos en el cultivo de soya, destinados a la producción de biodiésel, tenía un plazo de 60 días a partir del 17 de abril, a la fecha el Comité Nacional de Bioseguridad no ha dado una respuesta al respecto.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) manifestó que el sector se encuentra expectante a la aprobación de esa norma para poder usar los eventos transgénicos HB4 e Intacta en soya, que permitirán contrarrestar los efectos de la sequía y el ataque de plagas e insectos, respectivamente, además de incrementar el rendimiento del producto en un 20 por ciento.

El Decreto Supremo 3874 autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer los procedimientos abreviados para la evaluación de mencionados eventos, que serán destinados a la producción de biodiésel. Además, establece en su disposición transitoria única que “para dar cumplimiento al presente decreto supremo, en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario computables a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados”.

Según el gerente de Anapo, Jaime Hernández, todavía no hay una respuesta del Comité, pese a la necesidad del sector de contar con esta tecnología que, una vez implementada, aumentará la productividad y competitividad del sector que fue golpeado este año con la caída del precio internacional del grano.

“Necesitamos con urgencia que se aprueben estos eventos para iniciar el proceso de identificación de variedades y producción de semillas”, dijo Hernández, al explicar que esos procesos tomarán por lo menos dos años, dado que las semillas HB4 e Intacta deben ser inicialmente importadas y multiplicadas.

De este modo, dejó en claro que, debido al procedimiento ordenado y responsable que se debe seguir, la producción de soya con los nuevos eventos biotecnológicos no será inmediata.

El Comité Nacional de Bioseguridad está conformado por representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo y Salud, además de delegados del sistema universitario.

Este medio solicitó información sobre el tema a la Unidad de Comunicación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.

 Fuente: Periódico Los Tiempos