La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) incurrió los últimos tres meses en al menos cinco irregularidades que de alguna manera incidieron en el incendio que hasta la fecha arrasó 1,5 millones de hectáreas en la Chiquitanía.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) incurrió los últimos tres meses en al menos cinco irregularidades que de alguna manera incidieron en el incendio que hasta la fecha arrasó 1,5 millones de hectáreas en la Chiquitanía.
La tardía reacción al incendio forestal, la emisión de permisos de quema hasta el 10 de agosto, la ampliación del plazo de planes de desmonte y quemas emitido el 27 de agosto, la reducción de las multas por quemas a partir de la Ley 741 y la falla en los controles de los chaqueos ilegales son las irregularidades que la ABT cometió y que, según expertos, agravaron la situación en las zonas afectadas por el fuego.

A esto se suman investigaciones de corrupción como la que se ventiló en junio pasado, cuando se denunció a una red de exfuncionarios que vendían permisos de desmonte ilegal, por lo que ocho extrabajadores están investigados.

Según el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Durán, la ABT reaccionó tarde al incendio forestal, ya que los primeros focos de calor fueron reportados en Roboré, San Rafael, San Miguel, San Ignacio y San Matías a fines de julio e inicios de agosto.

“Normalmente se tiene el programa de alerta temprana, pero ellos han visto que empezó el incendio y no han hecho nada. Otra irregularidad más terrible es que ellos han seguido entregando permisos de chaqueo y desmonte”, dijo.

La ABT comunicó el 10 de agosto la suspensión de los permisos para las quemas, tres días después de que la Gobernación de Santa Cruz emitiera la alerta roja por los fuertes incendios.

El dirigente forestal denunció que la entidad que regula los bosques y tierras siguió entregando autorizaciones de chaqueo hasta al menos el 15 de agosto.
“El chaqueo y desmonte se otorga después de la primera lluvia, porque así el fuego no se expande y es controlable; porque cuando está seco, el bosque es como gasolina. Ése fue su primer gran error de la ABT”, indicó.

De manera contradictoria, el 27 de agosto, la ABT emitió una ampliación del plazo para la presentación de planes de desmonte y autorizaciones de quemas en Santa Cruz, a pesar de que el mismo presidente Evo Morales había declarado esa misma fecha una “pausa ecológica” en toda la Chiquitanía.

Otra de las irregularidades que el dirigente hizo notar fue que la ABT, basándose en las disposiciones adicionales de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, emitió el 12 de agosto, en plena crisis por los incendios, una resolución para que las personas naturales y jurídicas que tienen multas pendientes por quemas ilegales puedan acogerse a la reducción de las mismas, que además serán canceladas sin las sanciones acumulativas por retrasos.

José Serrate, presidente cívico del bloque chiquitano, que aglutina a los nueve municipios de esa región boliviana, aseveró que el problema de los asentamientos autorizados por el INRA y la ABT también incidieron en la propagación de las quemas, porque los colonos que generalmente llegan del occidente del país no conocen las formas de chaqueo controlado, lo que genera incendios de gran magnitud.
El dirigente mencionó que también hay muchas denuncias de tráfico de madera, ya que se ven muchos camiones que sacan este producto de la Chiquitanía y que ninguna autoridad local sabe si están autorizados.

1,5 millones de hectáreas afectaron los incendios en la Chiquitanía, tras un mes de fuego que incluso llegó a arrasar miles de hectáreas de las áreas protegidas.

DESMONTE ILEGAL POR $US 6 MILLONES

En junio pasado, se conoció que una red de exfuncionarios de la ABT autorizó entre 2015 y 2018 más de 2 mil resoluciones ilegales para desmontar 22 mil hectáreas de bosque en San Ignacio de Velasco. Se estima que esta red recaudó más 6 millones de dólares por esta actividad irregular. La justicia investiga a ocho exfuncionarios, entre ellos a dos exjefes de la ABT.

DETALLES
Cívicos denuncian que hay mil comunidades. Los cívicos de la Chiquitanía denunciaron que, entre 2006 y 2018, el Gobierno emitió autorizaciones para asentamientos de más de mil nuevas comunidades en esa región.

MAS ve discriminación. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, aseguró que el Gobierno seguirá autorizando asentamientos porque son importantes para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. Además, dijo que no aceptar a comunarios del occidente sería discriminatorio.

¿Cómo se hace una quema controlada?. El presidente del bloque cívico chiquitano, José Serrate, explicó que los campesinos locales chaquean un máximo de dos hectáreas y para ello cortan en pedazos las maderas y luego la juntan en un sector, esperan la primera lluvia y luego inician la quema poniendo un perímetro controlado. Aseveró que los “colonos” que llegan de otras zonas sólo prenden fuego y luego se van.

Fuente: Periódico La Prensa

El presidente Evo Morales entregó el jueves un sistema de riego para 135 hectáreas de cultivos agrícolas de cuatro comunidades del municipio de Sipe Sipe, como parte de los actos de homenaje a una nueva efeméride del departamento central de Cochabamba.

«Con la industrialización, Bolivia va a seguir creciendo económicamente y con ese crecimiento lo que nos toca es, hermanas y hermanos, como invertir para el pueblo», dijo el Jefe de Estado.

La obra cuenta con 7.514 metros lineales de canales de riegos revestidos que beneficiarán a la producción de alimentos de 237 familias campesinas de las comunidades Caramarca, Collpa Central, Hamiraya y La Maica.

Morales destacó que el sistema de riego fue construido con más de 3.8 millones del Fondo de Desarrollo Indígena.

Explicó que la provisión de agua para el regado será provista por cinco pozos de 70 metros de profundidad cada uno.

«Los cinco pozos nos da 50 litros por segundo para el riego», precisó.

Asimismo, el mandatario recordó que el Fondo de Desarrollo Indígena ejecutó 691proyectos en la fase uno de su aplicación y 717 planes en una segunda etapa.

«En las dos fases en toda Bolivia, 1.408 proyectos, promedio por municipio cuatro proyectos», dijo.

Recordó que el departamento central de Cochabamba fue uno de los más beneficiados con 235 proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena.

«Me informan que terminaron en la primera fase 107 proyectos para inaugurar. En la segunda fase 47 proyectos. Total, para inaugurar solamente con el Fondo de Desarrollo Indígena para el departamento de Cochabamba, 154 proyectos para inaugurar en este aniversario del departamento de Cochabamba», concluyó.

Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el grupo #DesafíoFaunaChiquitana iniciaron este 3 de septiembre, a partir del mediodía, una campaña de prevención para evitar la propagación de más incendios en la zona de la Chiquitania y en otras áreas críticas del departamento, y al mismo, convocar a la protección de la fauna, mediante el cuidado de los animales que huyen del fuego y salen a las carreteras y a las zonas urbanas a buscar refugio.

Es así que ambas instituciones acompañan los lugares con banners para alertar a los conductores sobre la vulnerabilidad de conducir por las carreteras de la zona noreste del departamento, donde se registran los focos de incendio; al mismo tiempo, entregan volantes y pegan adhesivos a los motorizados con mensajes de “no botar colillas de cigarrillos sobre las vías”, y de “disminuir la velocidad para evitar atropellar a los animalitos”.

En ese ínterin, mientras esperan el pago del peaje, aprovechan también de conversar con los choferes para concienciarlos sobre la importancia de cuidar el bosque y la fauna.

Cecilia Álvarez, cofundadora de #DesafíoFaunaChiquitana, indicó que este es un grupo civil compuesto por voluntarios que nació ante la iniciativa de pedir ayuda para los que no tienen voces, que son los animales silvestres, toda vez que con esta catástrofe están desolados y vulnerables de morir por efectos del fuego o de la mano del hombre mientras escapan del fuego.

En este sentido, han abierto comederos y bebederos en las zonas de los incendios dentro de su hábitat natural, principalmente en Roboré, San Ignacio de Velasco, Concepción y Puerto Suárez, para que estos seres no mueran por inanición.

El vicepresidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, que participó en el lanzamiento de la campaña en la tranca de Cotoca, informó que se ha coordinado con los voluntarios de Desafío Fauna Chiquitana, en la elaboración de materiales impresos para ejecutar esta campaña en las casetas de peaje, cuyo principal objetivo es crear conciencia en la prevención para no provocar mayores focos de calor, hablando directamente con los choferes para que no boten colillas de cigarrillo y que no arrojen basura, principalmente plástico, toda vez que crean el efecto lupa, que produce fuego por los intensos rayos del sol que atraviesan estos materiales tóxicos.

Después de iniciar la campaña en las trancas, la campaña se trasladó a la terminal bimodal de la capital cruceña y todos los días se dividirán en grupos para trasladarse a diferentes trancas del departamento de Santa Cruz.

Fuente: Comunicación CAO

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), atribuyó el problema emergente de los incendios de la Chiquitania y el Pantanal boliviano, del que llevan más de 1 millón de hectáreas arrasadas, a la inseguridad jurídica de parte de las instituciones del Estado a causa de la redistribución de tierras fiscales y el avasallamiento de predios por parte de colonizadores del occidente, como consecuencia del “recorte” de propiedades productivas por una superficie superior a 1,3 millones de hectáreas.

En este sentido, solicitó que de manera urgente se active la Comisión Agraria Departamental (CAD), como el órgano interinstitucional llamado por ley, que no funciona desde hace 10 años, para participar en las políticas públicas de las dotaciones de tierras planificadas, que impulsen el desarrollo productivo cruceño, además de otras atribuciones consultivas.

Dentro del tema contra la inseguridad jurídica, se encuentra la modificación a las normativas vigentes que afectan al sector, para lo cual la institución planteó la derogación del art.3, en sus numerales 1 y 2 de la cuestionada Ley 741, del 29 de septiembre de 2015, que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas con trámites muy simples.

Dentro de este paquete de propuestas se encuentran la incorporación de nuevas tecnologías en el agro con el fin de incrementar los rendimientos, sin necesidad de ampliar la frontera agrícola, y a la vez disminuir las prácticas poco amigables con el medio ambiente, como el uso de fuego para el chaqueo.

Además, que la FES reconozca las actividades complementarias en el campo, toda vez que por el momento se coarta al productor a ejercer la práctica de ganadería, agricultura y manejo forestal en un mismo predio, sino que tiene que ser solo una de estas tres, siendo el hermano departamento de Beni el más perjudicado por esta normativa, el cual solo tiene vocación pecuaria impuesto por ley.

Entre los planteamientos que ya se están ejecutando, la CAO destacó la conformación de un comité de reacción inmediata y alerta temprana contra los desastres naturales, por medio del cual ya se ha conformado un comité con 11 instituciones. De hecho, desde el pasado 28 de agosto se ha enviado una brigada de bomberos, la cual la entidad agropecuaria y sus subsectores les brindan la logística y les provisión de alimentos y cisternas con aguas para combatir el fuego en los lugares donde hay mayores focos de calor.

Esta posición fue asumida por el directorio de la CAO, con ocasión de un desayuno ante periodistas, en el cual se hizo una presentación sobre la problemática del sector ante las estrategias de emergencias asumidas por la institución, además de dar a conocer la situación actual y las propuestas para salir del estancamiento económico agropecuario.

El Presidente de la CAO, Reinaldo Díaz dijo que debe reactivarse la CAD para que por intermedio de esta institución no vuelva a permitirse más incendios a causa de la dotación ilegal de tierras, así como también, las autoridades competentes deben identificar a los culpables de los incendios y estos deben ser sancionados conforme a ley.

Piden no ser tratados como “ciudadanos de segunda”

El vicepresidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, en la exposición titulada “Análisis de la problemática actual”, en el detalle sobre las trabas de las instituciones del Estado para el desarrollo de las actividades agropecuarios, calificó que las leyes vigentes separan a los bolivianos entre “ciudadanos privilegiados”, en referencia a quienes forman parte de las comunidades que en el último tiempo han ocupado tierras que han sido recortadas a propiedades, y “ciudadanos sin privilegios”, que son los productores individuales, formado por los pequeños, medianos y grandes productores o empresas agropecuarias, también llamadas de de segunda.

Por tal motivo, expresó que esta actitud contradice el espíritu de la Constitución Política del Estado que pregona la igualdad jurídica entre todos bolivianos para ejercer sus derechos y obligaciones.

Fundamentó su posición con respecto a la desigualdad ante la ley con datos que demuestran que solamente para la “solicitud de habilitación de nuevas áreas”, a las nuevas comunidades apenas se les piden cuatro requisitos básicos, cuya tramitación está exenta de pagos; mientras, que a los productores se le exigen 12 pasos obligatorios por cumplir, que en total sobrepasan los 20 para el mismo proceso, siendo obligatorio el pago de patentes a la ABT.

Indicó que la CAO representa a más de 100.000 afiliados con todos sus subsectores, de los cuales el 70% está compuesto por pequeños productores, el 26% por medianos y solo el 4% por grandes.

De la misma manera, descartó que los propietarios privados ocupen la mayoría de las tierras, en el sentido que, de las áreas tituladas según propiedad, 7,3 millones de hectáreas (ha) pertenecen a la categoría comunaria, que constituye el 46%; 3,5 millones de ha a la empresarial (22%); 3,1 millones de ha a la pequeña (20%), y 1,9 millones de ha a la mediana (12%), haciendo un total de 16 millones de ha en el departamento de Santa Cruz.

Fuente: Comunicación CAO