viernes, mayo 1, 2026
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Bolivia entre países más deforestados del mundo

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En la gestión 2016 se deforestaron un total de 320.946,87 hectáreas en el país, cantidad superior a las 240.466,61 hectáreas deforestadas el 2015, lo que equivale a un incremento del 33% de superficie devastada, según ABT.
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Brasil lidera el ranking mundial de los países con mayor pérdida de bosques, le siguen República Democrática del Congo, Indonesia, Colombia y Bolivia, según el reporte Global Forest Watch, que además sostiene que Bolivia está entre los cinco países de Latinoamérica de bosques primarios más deforestados en 2019.

Según el informe, talar y quemar, para cambio de suelo, ya son prácticas comunes en muchos países para la ampliación de la frontera agrícola, y se prevé que la situación podría aumentar en los siguientes años, debido al crecimiento de la población mundial.

En el 2018, el mundo perdió más de 12 millones de hectáreas de selvas tropicales, el equivalente a la superficie de Nicaragua. Los países más afectados son Brasil, que lidera el ranking mundial, con 1.347.132 hectáreas desaparecidas, le siguen República Democrática del Congo (481.246 ha), Indonesia (339.888 ha), Colombia (176 977 ha), Bolivia
(154 488 ha) y no muy lejos está Perú, en el séptimo lugar, con una extensión de 140.185 hectáreas.

Según el reporte de Global Forest Watch, entre los cuatro países amazónicos han perdido 1.818 782 hectáreas. Además, 2018 fue el cuarto peor año, en términos de deforestación de la selva tropical, por detrás de 2016, 2017 y 2014.

Una publicación de Fulgor, sostiene que Brasil lidera el ranking de los países con mayor área de bosques deforestados el 2018, aunque en lo que va del 2019, se ha reportado un incremento del casi 54% desde la llegada al poder del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

En tanto que en el informe: ‘La Economía del Cambio Climático en América Latina y el Caribe. Una visión gráfica” publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2018 destaca que América Latina y el Caribe han perdido 96 millones de hectáreas en los últimos 15 años como consecuencia de la creciente extracción de madera, la variabilidad climática y los desastres naturales, el incremento de infraestructura vial, la mayor demanda de leña, la conversión de tierras forestales para uso agrícola, el crecimiento demográfico y el aumento de la densidad poblacional, sumados a los incentivos económicos incorrectos y la debilidad de las instituciones.

“Hemos visto una tendencia general al alza en la pérdida de bosques primarios en Bolivia, Colombia y Perú. Brasil es un poco más complejo, el país redujo su tasa de deforestación a principios de la década de 2000, pero nuestros datos muestran grandes áreas arrasadas debido a incendios en 2016-2017”, señala Mikaela Weisse, gerente de Global Forest Watch (GFW) y responsable de la estrategia y las alianzas de GFW para el monitoreo satelital de bosques.

Estudio de Global Forest Watch, en todos estos países la deforestación se ha convertido en una “herramienta” para cambiar suelos de vocación forestal a pastos para ganadería, ampliación de la frontera agrícola e, incluso, para apropiación y acaparamiento de tierras.

Talar y quemar ya son prácticas comunes en muchos países y se prevé que la situación podría empeorar en Brasil ya que, según la ONG Imazon, la deforestación en la Amazonia brasileña aumentó 54% en enero de 2019, desde la llegada al poder del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, con relación a enero de 2018.

AMPLIACIÓN DE FRONTERA AGRICOLA
En Bolivia las quemas para habilitar tierras para la ganadería y agricultura son las razones que aceleran la pérdida de bosques, según la fundación Solón, la apertura del mercado chino para la exportación de carne bovina será un detonante para arrasar mayor superficie de bosques.

A ello se suma, el compromiso de los empresarios azucareros para abastecer de etanol a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la elaboración del nuevo combustible con octanaje 97 (Ron 97) y la reciente aprobación de uso de biotecnología para la ampliación de cultivos de soya destinadas a la producción de biodiesel.

Si bien no existen datos actualizados sobre la superficie de bosques deforestados, el director de Bosques, Víctor Yucra de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), informó que en la gestión 2016 se deforestaron un total de 320.946,87 hectáreas en el país, cantidad superior a las 240.466,61 hectáreas deforestadas el 2015, lo que equivale a un incremento del 33% de superficie devastada.

El departamento de Santa Cruz es el que más área deforestó 268.924,61 hectáreas, mayor a las 204.001.77 del año 2015. El segundo departamento con mayor superficie deforestada es el Beni con 18.468,56 hectáreas, La Paz deforestó 12.072,63 hectáreas, Cochabamba llegó a deforestar 6.271,11 hectáreas. De acuerdo a los datos de la ABT, entre 2012 al 2016 se habría deforestado una extensión aproximada de 600 mil hectáreas, aunque en la rendición de Cuentas del Ministerio de Medio Ambiente, la exministra Alexandra Moreira, citada en Los Tiempos, habría informado que entre 1976 y 2000 se arrasó con 3.7 millones de hectáreas, una superficie casi similar a las principales ciudades capitales, citadas en esta publicación.

AMENAZA AL CAMBIO CLIMÁTICO
Según el documento de trabajo “Deforestación en Bolivia una amenaza mayor al cambio climático” de Andrea Urioste, coordinadora del Departamento de Biocomercio Sostenible de la Fundación Amigos de la Naturaleza, en Bolivia, la tasa de deforestación es de 350.000 ha al año, pero en términos per cápita representa 320 metros cuadrados persona al año (m2/persona/año), que resulta una tasa 20 veces más alta que el promedio mundial (~16 m2/persona/año), superando los niveles de otros grandes países deforestadores, como Brasil (~137 m2 /persona/año), Indonesia (~63 m2/persona /año), Malasia (~109
m2/persona/año) y China (~14 m2/persona/año).

Además, explica que la deforestación y degradación de bosques ocurren en todos los ecosistemas boscosos de Bolivia, principalmente en el bosque amazónico, en el bosque seco chiquitano, en el bosque sub-andino y en el Chaco.

De acuerdo al estudio de Urioste, en tierras bajas, los procesos de deforestación son responsables del 95% de la reducción en el nivel de biodiversidad, mientras que el cambio climático solamente es responsable del 5%.

Se calcula que entre 1970 y 2018 se habrían deforestado alrededor de 7 millones de hectáreas en todo el país. La principal causa de la acelerada deforestación es el cambio de uso de suelo para usos agrícolas, razón que es al mismo tiempo la principal fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el país, con 38.6 millones de toneladas de CO2. Un estudio liderado por Andersen y Mamani (2009) para un escenario de deforestación a finales del siglo (año 2100), encuentra que la expansión de la frontera agrícola será la principal causa de deforestación llagando ésta a superar las 33 millones de hectáreas de bosque boliviano. (Fulgor).

Fuente: El Diario

Leonardo Loza e interculturales avalaron a líder del clan Castedo para que dirija el INRA

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Loza, en una anterior oportunidad, afirmó que las personas que viven en la región de Chapare son personas humildes que no tienen ninguna relación con el narcotráfico.
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El cocalero y hombre fuerte del MAS, Leonardo Loza, junto a dirigentes de los Interculturales avalaron y recomendaron a Mayerling Castedo Molina, líder del clan Castedo-Candia dedicado al tráfico de droga, para que asuma la dirección departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del Beni.

La nota con fecha 5 de abril de 2016 certifica que “la compañera Dra. Mayerling Castedo Molina (…) es parte activa del conjunto de profesionales que apoyó a nuestra Confederación en bien de nuestros compañeros Interculturales demostrando su compromiso y lealtad como profesional con el proceso de cambio”.

Con esos antecedentes la nota, que lleva la firma de Loza y de altos dirigentes de los Interculturales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), señala que “la compañera (Mayerling) cuenta con todo el respaldo y apoyo del Comité Ejecutivo Nacional de los Interculturales para su postulación como directora al INRA departamental del Beni”.

Loza, en una anterior oportunidad, afirmó que las personas que viven en la región de Chapare son personas humildes que no tienen ninguna relación con el narcotráfico.

En criterio de las autoridades del Gobierno, la nota de recomendación de Castedo, que lleva la firma de Loza, sería una prueba de que la cúpula de dirigentes del masismo tiene estrechos vínculos con el narcotráfico desde hace tiempo y que por ello ahora buscan generar una convulsión social para retomar el poder.

“Ellos (los narcotraficantes) están desesperados, por eso quieren que el MAS vuelva como sea al poder, para que el narcotráfico siga en su auge. Ellos no van a volver nunca, porque el narcotráfico no va a volver y nosotros lo vamos a acabar”, manifestó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una anterior oportunidad.

Mayerling tendría vínculos estrechos con el MAS. En 2017, cuando postuló al cargo de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, salieron a luz fotografías en las que se la ve dando su apoyo al “Sí” a la repostulación de Evo Morales. En 2018 fue alta funcionaria del exgobernador del Beni, Alex Ferrier, del partido azul.

En fotografías que circularon en redes sociales se observa a Mayerling Castedo junto a Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia.

Fuente: ANF

Gobierno denuncia irregularidades cometidas por ex funcionarios en saneamiento de tierras

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Con la finalidad de transparentar y brindar seguridad y garantías en los trámites relacionados al saneamiento de la tierra, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, junto al viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas y el director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alejandro Machicao, presentaron en conferencia de prensa realizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, denuncias sobre irregularidades y delitos cometidos por altos funcionarios de la anterior administración del INRA, regulada por el MAS.
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“Esto simplemente es un inicio de toda la serie de investigaciones que se están realizando no solamente en el INRA sino también en nuestro Ministerio y en todas las instancias porque lo que estamos encontrando son muchas irregularidades, hay una decisión firme tanto de la presidenta Jeanine Áñez, como de este Ministerio de llevar adelante todas estas investigaciones”, dijo Capobianco.

Por su parte el director del INRA, Alejandro Machicao, informó que la Unidad de Transparencia de la institución, presentó una denuncia ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional contra el exdirector General de Administración de Tierras, Mauricio Javier Rojas Orellana, por los delitos de Incumplimiento de Deberes; beneficios en razón del cargo y Uso Indebido de Influencias y contra el exdirector del INRA, Roberto Luis Polo Hurtado, por el delito de incumplimiento de deberes.

“Dentro del proceso de distribución de tierras fiscales haciendo uso y abuso del cargo que tenían dos exautoridades del INRA, han tratado de favorecer ilegal e indebidamente a la comunidad “Colonia Menonita Neuland” cometiendo presuntamente varios delitos tipificados en nuestro Código Penal, denuncias que han sido tipificadas y canalizadas por transparencia de nuestra institución”, precisó.

Machicao explicó que de la relación de los hechos se estableció que Rojas Orellana, en su calidad de Director de Administración de Tierras, hizo uso indebido de su cargo y además fungiendo de forma paralela como abogado independiente y representante legal de la COLONIA MENONITA NEULAND ha firmado la Res. Adm. DGAT-RES No. 13/2020 de 12 de febrero de 2020, disponiendo: “DEJAR SIN EFECTO” la Res. Adm. de Autorización de Asentamiento RES-ADM-AUT No. 228/2018, de dicha colonia lo que muestra claramente que influenció ilegalmente esa resolución para beneficio propio y de dicha Colonia (cliente).

Aseguró que el exdirector, Roberto Polo, tenía la obligación de recusar a Mauricio Rojas y al no hacerlo y haber firmado con él esa Resolución Administrativa, se presume que cometió el delito de Incumplimiento de Deberes.

Asimismo reveló que se ha detectado también que exfuncionarios dela unidad de Recursos Humanos del INRA en complicidad con un cajero del Banco Unión, realizaron cobro de al menos seis papeletas de pago cometiendo el delito de Falsedad Material e Ideológica al suplantar a quien debía cobrar el dinero de su salario.

“El Banco Unión ya ha presentado la denuncia y nosotros como INRA nos estamos sumando a la misma”, añadió la autoridad.

Otra de las irregularidades cometidas por la anterior administración dijo Machicao, es que exfuncionarios de la Unidad de Informática, borraron los archivos de las cámaras de seguridad que se encuentran al interior de la institución agraria, con el objetivo presumiblemente de ocultar información de ingreso de documentación, carpetas, entre otros.

Ambas autoridades coincidieron en asegurar que todos estos hechos irregulares y de corrupción, serán presentados ante la fiscalía de La Paz cuando habilite su ventanilla de denuncias, hecho que para la ministra de Desarrollo Rural, resulta inadmisible que se impida que se abra procesos penales.

Fuente: INRA

INRA y la CAO coordinan acciones para acelerar procesos de saneamiento de tierras en beneficio de productores agropecuarios

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Autoridades del Gobierno central y representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), se reunieron el jueves en Santa Cruz para coordinar acciones que permitan acelerar los procesos de saneamiento de tierras y que irán en beneficio directo de los productores.
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El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alejandro Machicao, informó que el encuentro con la CAO fue de gran importancia porque a través de un esfuerzo coordinado y conjunto se podrá reactivar los procesos de saneamiento del departamento de Santa Cruz que se encontraban paralizados.

“Estos encuentros son una inyección que reactivará tanto en la dirección departamental como en la dirección nacional los procesos de saneamiento que se encontraban estancados, con esto beneficiaremos a un número bastante considerable de productores que se favorecerán con la conclusión de sus procesos de saneamiento”, dijo la autoridad.

Machicao aseguró que una de las falencias por las que atraviesa la institución que rige la actividad agraria en el país, en la actualidad, es la falta de recursos económicos y personal, que, mediante un convenio que se afianza con la CAO, se podrá destrabar un número significativo de procesos de saneamiento que se encuentran paralizados en la dirección departamental del INRA Santa Cruz.

Explicó que en la reunión se avanzaron en temas de vital importancia y que necesitan de un trabajo conjunto, entre ellos el de comunicación que debe ser más fluida; activar el convenio que ya se tiene redactado y gestionar el envío de carpetas de procesos de saneamiento que están cerca de salir, entre otros.

Por su parte el presidente de la CAO, Reynaldo Díaz, afirmó que esos acercamientos que se tiene con autoridades agropecuarias del Gobierno pese a la pandemia del Covid-19, permiten fortalecer los convenios que ya se tienen firmados además de avanzar en el tema de saneamiento que es de preocupación de su sector.

“Creemos que vamos a dar señales positivas para poder avanzar en el tema de saneamiento, hay muchos productores que prácticamente sus trámites están atascados por cosas no muy complicadas y por supuesto también resolver temas de fondo que también existen en el proceso de saneamiento de muchos productores”, precisó.

A su turno el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, calificó de “positiva” la reunión realizada con la CAO porque permite trabajar de manera conjunta con el INRA a fin de avanzar en un convenio que se tiene redactado en borrador hace tiempo pero que debido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus se vio retazado en su consolidación.

“Hemos lanzado la propuesta como parte del sector agrario tanto por el Viceministerio de Tierras como por parte del INRA y de esa manera trataremos de que se ejecute”, añadió

Terrazas anunció que para la siguiente semana se tiene agendada otra reunión con representantes de la CAO para pulir el documento que permita avanzar en los procesos agrarios que se encuentran tanto en Santa Cruz como en otros departamentos del país.

Fuente: INRA

Agropecuarios cochabambinos exigen proactividad al Gobierno y la Asamblea Legislativa para evitar la ruptura de la cadena alimenticia

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La pesada burocracia del poder ejecutivo y la obtaculización del poder legislativo a créditos externos, a criterio de la C.A.C. ponen en riesgo la cadena alimenticia de todo el país.
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Mediante un Boletin emitido por la Camara Agropecuaria de Cochabamba, exigen a la Asamblea Legislativa Nacional, la aprobación de leyes y celeridad con los créditos agropecuarios internacionales que están pendientes en ese poder del Estado provenientes del Banco Mundial, FIDA y que una vez aprobados el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras proceda a su inmediata ejecución.

El reciente D.S. 4272 emitido por el Gobierno Nacional, con respecto al “Programa Nacional de Reactivación de empleo”, generó que las instituciones asociadas a la C.A.C. en reunión ampliada de su Directorio, con la participación de Organizaciones productivas Agropecuarias del Occidente Boliviano, una vez tomado conocimiento total del documento, en especial el PLAN DE REHABILITACION AGROPECUARIA inmerso en el D.S. 4272, en sus artículos 60, 61, 62 y 63 (Referente al sector agropecuario), que entendemos, tomo como base fundamental la Construcción de los “Lineamientos Agropecuarios hacia el 2050” elaborados a principios del año 2020 con el MDRyT, CONFEAGRO y el apoyo técnico del B.M., FAO, IICA y otros organismos nacionales e internacionales.

Los cinco pilares fundamentales de este Plan de rehabilitación se detallan: Reactivación Productiva, Mercadeo Renovados, con Inocuidad y Salud Publica, Mecanismos de Financiamiento de Emergencia, Impulso a la Producción, Impulso a la Demanda, Consolidación Mercados de Exportación y Consolidación de nuevos mecanismos de Financiamiento, pilares que puestos en ejecución por el Estado, coadyuvarán a la reactivación del sector agropecuario, que en la actualidad se encuentra muy deprimido por el COVID 19.

Las consecuencias actuales tales como la caída de la demanda agregada, falta de mercados nacionales y de exportación, falta de apoyo financiero para capital de operaciones e inversión, poca o ninguna compra estatal, asistencia técnica y consecuentemente desempleo, han hecho que los agropecuarios del occidente tomen una posición de exigencia antes del debacle agropecuario nacional.

El Boletín termina mencionando que; “a tiempo de agradecer al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en la persona de la Dra. Eliane Capobianco, solicitamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional la inmediata aprobación de las leyes correspondientes para obtener los créditos agropecuarios internacionales comprometidos por el Banco Mundial, FIDA etc.; y con los recursos económicos que cuenta el MDRYT de inmediato se de inicio a la ejecución del “Plan de Rehabilitación Agropecuaria”, empezando con la otorgación de créditos de fomento, la activación del “fondo de garantías sectoriales”, vale decir con tasas que no excedan el 5% anual, plazos mayores a cinco años y periodos de gracia, y lo fundamental, que los créditos sean respaldados por el “fondo de garantías sectoriales” y calificar ante el financiador como sujetos de crédito, debido a que nuestros asociados en su mayoría son productores pequeños y/o grupos familiares que tienen la responsabilidad de alimentar al país”.

Fuente: Publiagro

ABT lanza un paquete de medidas concretas para reactivar al sector forestal

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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), luego de un trabajo en consenso con pequeños productores, pueblos indígenas, Cámara Forestal de Bolivia (CFB), asociaciones sociales del lugar (ASL), Colegio de Ingenieros Forestales y Federación de Carpinteros, entre otros actores, lanzó este martes un paquete de importantes medidas para reactivar e impulsar el desarrollo y la sostenibilidad del sector forestal en el país, que aglutina a más de 90 mil familias que viven y se benefician del manejo del bosque.
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Entre las acciones mas destacadas que se pondrán en práctica en las siguientes horas, resaltan la aprobación mediante Fe Pública de los instrumentos de gestión del sector, debiendo cumplirse simplemente con la presentación de requisitos formales, en el marco de la implementación de la herramienta ABTdigital, para establecer la presunción de la veracidad y exactitud de los datos ofrecidos por los representantes del sector al momento de iniciar sus trámites.

Otro aspecto relevante tiene que ver con la formulación de planes de pago para las Tasas de Regulación Forestal (TRF) adeudadas hasta la gestión 2019 y la prórroga del pago de la TRF correspondiente a la gestión 2020, el que podrá hacerse efectivo en la gestión 2022.

Un tercer elemento destacado va con la complementación de los espesores de piezas y especies para exportación, lo cual permitirá a los productores locales ofertar especies forestales no tradicionales con valores de venta en el extranjero.

De esta forma, especies como el aliso, almendrillo negro y mara macho, podrán ser comercializados en el exterior, gracias al incremento en la dimensión de las piezas cortadas para el mercado.

También y para satisfacción del sector, se decidió mantener la vigencia plena de todos los registros de empresas, Agentes Auxiliares, Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF), Planes Operativos Anuales Forestales (POAF), Planes de Ordenamiento Predial (POP) y cualquier Instrumento de Operación cursante en la ABT, durante todo el tiempo que dure la cuarentena por la pandemia.

Además se determinó la ampliación del registro y reinscripción de empresas forestales y Agentes Auxiliares; la presentación del último Informe Trimestral del Programa de Abastecimiento y Procesamiento de Materia Prima (ITPAPMP) de la gestión anterior; el Programa Anual de Abastecimiento y Procesamiento de Materia Prima (PAPMP) para la gestión 2020, y el Informe Anual de Aprovechamiento Forestal (IAPOAF), el cual no será considerado como requisito para la presentación de Planes Anuales Operativos. Al efecto se establece que la duración de la prórroga estará vigente el tiempo que dure la cuarentena total.

Incluso los Planes Generales de Manejo Forestal que cumplieron los 10 años de vigencia, podrán actualizarse en un periodo no mayor a 6 meses. Vencido el plazo, se ejecutarán las medidas administrativas correspondientes. Este paquete de medidas administrativas fue el resultado del diálogo, el trabajo en consenso y participativo entre la ABT y los sectores forestales, en una alianza entre sectores público y privado, para beneficiar a cientos de productores y más de 90 mil familias, cuya subsistencia depende del dinamismo del sector forestal boliviano.

Fuente: ABT

INRA denuncia que más de 3.000 trámites están paralizados en la Dirección de Catastro Rural

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El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alejandro Machicao, denunció que más de 3.000 trámites del año 2019 están paralizados en la Dirección de Catastro Rural y que fueron archivados en el anterior gobierno del MAS. Ante esto, señaló que se agilizará el tratamiento de dichos trámites.
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«Se está trabajando de manera ágil e intensa en procesar y ponerse al día en los más de 3.000 trámites que han sido totalmente rezagados en la gestión principalmente de 2019. Es la premisa fundamental atender de manera inmediata esos trámites que nunca fueron atendidos», afirmó Machicao, según una nota de prensa.

El catastro rural administra toda la información catastral producto del resultado de los procesos agrarios administrativos, con el objetivo de que tengan una adecuada conformación, mantenimiento y actualización de la misma, dando seguridad técnica y jurídica a todos los propietarios de los bienes inmuebles rurales.

El numeral 22 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que una de las competencias exclusivas del Estado son el control de la administración agraria y el catastro rural.

Machicao anticipó que uno de los objetivos de su gestión es la aplicación del sistema digital de catastro rural, de acuerdo a los módulos concluidos (masivos, planos, transferencias y otras).

Fuente: ABI

Agronegocio tiene mayor porcentaje de producción

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El agronegocio lidera la producción agrícola, oleaginosas y azúcar, con más de 12 millones de toneladas, a nivel nacional; mientras que el resto de productos no supera los cuatro millones de toneladas.
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Entre los años agrícolas 1999-2000/2018-2019, la agroproducción sumó 278 millones de toneladas producidas en Bolivia, alcanzando un record en el 2019, de los cuales destacaron los productos oleaginosos e industriales.

Santa Cruz lideró la producción agrícola con una participación del 71% sobre el total producido en el país.

Dentro lo principales productos agrícolas producidos por departamento, entre 2018-2019 (p), Santa Cruz alcanza un total de 12.445.074, y el azúcar ocupa 8.697.587 toneladas; La Paz llega a una producción total de 1.420.911 tn, y la papa 341.918 tn; Chuquisaca sumó un total de 396.109 de tn y la papa 158.972 tn; Potosí llegó a un total de 311.770 tn y la papa 166.821; Cochabamba alcanzó a 1.489.990 tn y el banano y plátano 458.736; Beni reporta un total de 344.678 tn y el arroz 137.073; Oruro registró un total de 259.772 tn y la alfalfa 101.288; Tarija alcanzó a total de 907.930 tn y la caña de azúcar 539.921; y Pando sumó un total de 70.824 tn y el banano y plátano 30.563.

Hay estudios que revelan que la producción agroindustrial es menor respecto a la agricultura familiar, que tiene más incidencia sobre la seguridad alimentaria, debido a la diversidad de producción que oferta al mercado.

Entre tanto, la producción orgánica busca ampliar su presencia en el mercado boliviano. A esto hay que sumar que existen alrededor de más de 50 variedades alimenticias a nivel nacional, y no pasan los 10 productos más consumidos en el país.

Fuente: El Diario

Gobierno requiere de $us 873 millones para reactivar el agro

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Se busca financiamiento para implementar el plan de rehabilitación para enfrentar los impactos del Covid-19 en el sector en el corto, mediano y largo plazo.
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El Gobierno calcula que se requieren al menos 873,9 millones de dólares para reactivar el sector agropecuario, que es uno de los afectados por la pandemia del coronavirus (Covid-19), por lo que se buscan fuentes de financiamiento. Para su reactivación proponen 19 programas, que implican desde la provisión de semilla certificada hasta un seguro agropecuario comercial.

“Para implementar el plan se requerirán recursos que puedan provenir de fuentes estatales como el Tesoro General de la Nación (TGN), cooperación técnica no reembolsable, cooperación financiera no reembolsable y reembolsable, financiamiento del sector privado y donaciones, entre otras fuentes”, se anticipa en la propuesta denominada Plan Nacional de Respuesta y Rehabilitación para el sector Agropecuario ante los efectos del Covid-19, que fue elaborada por un equipo del Ministerio de Desarrollo Rural.

Argumentan que el sector agropecuario boliviano, que aporta con el 11,48% al Producto Interno Bruto (PIB), se erige como amortiguador de la caída del PIB y que muestra que todavía mantiene la capacidad de mitigar la recesión con la generación de empleos y alivio de la pobreza.

Además el sector tiene el potencial, si se invierte en él, de dinamizar la economía, precautelando problemas sociales potenciales como el hambre y la migración interna, señala en una parte del documento oficial.

Afirma que es necesario implementar este plan de rehabilitación para enfrentar los impactos del Covid-19 en el corto plazo, mediano y largo plazo, con el fin de tener una agropecuaria fortalecida, competitiva, inclusiva, eficiente tecnológicamente, que permita la generación de valor agregado y la dinamización del comercio interno y externo.

El plan incluye a los productores de la agricultura familiar beneficiando a más de dos millones de agricultores de 787.540 Unidades Agropecuarias Productivas (UPAs), de las 861.608 que hay en Bolivia, cuyo objeto es garantizar la seguridad alimentaria, impulsar la economía y la generación de empleo, especifica en el documento.

Según el diagnóstico realizado por el Ministerio, durante la cuarentena total, los productos que llegaron a los mercados durante la pandemia eran de la campaña agrícola 2019-2020, alrededor de 20,6 millones de toneladas provenientes de 59 cultivos sembrados en 3,83 millones de hectáreas.

Aunque entre los principales impactos que anticipa son: shock de demanda, shock de oferta, y shock combinado de oferta y demanda. “Los riesgos identificados en cada una de estas situaciones de impacto ante la embestida del Covid 19, pueden afectar al desarrollo sectorial, paralizando su desempeño a nivel de suministros, producción, comercialización y nivel de seguridad alimentaria”, advierte.

Según Desarrollo Rural, las 20 cadenas productivas agropecuarias seleccionadas a nivel microeconómico están siendo impactadas en diferente escala, entre ellos los productores, acopiadores, transformadores industriales, transportistas, intermediarios, comerciantes mayoristas, minoristas y al consumidor final, incluyendo los productos de consumo local y los productos destinados a la agro-exportación.

“La importancia en la asignación de recursos públicos destinada al sector agropecuario debe ser reconsiderada, mejorando su composición en función al aporte que realiza el sector al PIB, con cerca al 12% y con el 28% a la generación de empleo (datos a 2019)”, señala el Gobierno.

Aunque también anticipa que esta necesidad de mayor inversión sectorial se puede ver condicionada por las limitaciones en la generación de ingresos originados por la exportación de hidrocarburos y minería, que en los últimos años fue afectada por la caída de los precios internacionales.

Los programas
Entre los 19 programas que se plantea con el fin de reactivar el sector agropecuario están: provisión de semillas certificadas; de fertilizantes, insumos para el sector pecuario, empleo y emprendedurismo, lucha contra el contrabando, fondo de capital operativo, monitoreo, entre otros (ver detalle en gráfica).

“Urge poner en marcha y a la brevedad posible este Plan de Rehabilitación de la Agropecuaria boliviana, en el marco de la Ley 602 de Gestión de riesgos y el Decreto Supremo 2342 que la reglamenta”, concluye.

Fuente: Página Siete

ABT reporta 2.104 focos de calor en la semana pasada

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Mediante su boletín Número 8, la ABT registro más de 2.000 focos de calor, esencialmente en los departamentos de Santa Cruz y el Beni.
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La Autoridad de Bosques y Tierras, mediante el Boletin informativo #8 indicó que la semana del 15 al 21 de junio se han registrado 2.104 focos de calor.

El promedio diario ha sido de 301 focos, menor que el promedio del 2019 que registró 370 focos por día, representando una reducción aproximada del 19%.

La mayor cantidad de focos de calor han sido detectados en los municipios de San José, San Ignacio y Concepción del departamento de Santa Cruz; mientras que en el departamento de Beni los focos de calor se han concentrado en los municipios Exaltación, Santa Ana y San Ramón.

Más de 1.587 focos de calor (75%) se encuentran en áreas sin cobertura, quiere decir que se trata de lugares cuya vocación de uso de la tierra está destinada a la producción agropecuaria. Un poco más de 517 focos de calor (25%) se localizaron en áreas con bosques y matorrales.

De los 2.104 focos detectados, 511 (24%) se localizaron en áreas donde existe algún instrumento de gestión autorizado por la ABT. Dichas autorizaciones son emitidas en tierras aptas para la producción de alimentos, y se utilizan quemas controladas en estos procesos productivos.

El resto de los focos, están distribuidos en áreas en las que la ABT no ha emitido ninguna autorización, por lo tanto, se encuentran en otra jurisdicción institucional como ser Areas Protegidas (AP), con un 4,5%, Territorio Comunitario de Origen (TCO) con un 4,5%) y en áreas sin autorización o registro en la ABT con un 66,8%.

La ABT ha monitoreado los 1405 focos de calor detectados en áreas no autorizadas y ha procedido a realizar la fiscalización satelital, que consiste en un procedimiento técnico de rastreo de recurrencia, persistencia, progresividad de los focos de calor y revisión de cicatrices de quema en imágenes. El resultado ha sido la identificación de 54 predios en 5 departamentos, que están siendo notificados con el inicio de proceso administrativo sancionador por quema ilegal. Cabe aclarar que un solo predio puede tener varios focos de calor detectados.

Fuente: ABT

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