Se encontró en flagrancia a personas y maquinaria pesada realizando la actividad de desmonte ilegal, pese a que desde 2013 dicha área no tiene activo el derecho de Planes Generales de Manejo (PGM)
Un video difundido por el director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en Santa Cruz, Luis Flores, en el que también aparece un técnico de dicha entidad estatal, muestra actividades no permitidas ni autorizadas (desmonte ilegal con maquinaria pesada) en la ex concesión Romano, ubicado en el municipio de San Rafael (Santa Cruz).
Flores aclara que la verificación al lugar se hizo después de la denuncia hecha por la diputada de Creemos, María René Álvarez, a través de medios sociales, escritos y por redes sociales.
La legisladora notificó la presencia de maquinaria pesada en el área donde operaba Romano, la apertura de brecha y que aparentemente, desde el INRA, se está recurriendo en un mecanismo de permitir asentamientos ficticios que, tras incumplir con la Función Económico Social (FES), son revertidos, y de algún modo esas tierras caen en manos de extranjeros, en este caso de brasileños.
Respecto a la verificación, en el video, el técnico de la ABT aclara que el derecho de Planes Generales de Manejo (PGM) de la exconcesión Romano no está activo y que fue revocado a la empresa en 2013. Referente a las brechas denunciada por la legisladora de Creemos, el funcionario de la ABT aclaró que todo el trayecto de la inspección se observó que son brechas, como pistas, de extracción forestal cuando Romano tenía autorización y el PGM activo.
Reiteró que no existe un derecho de PGM y que en el operativo de control se verificó maquinaria que “hemos pillado en flagrancia realizando la actividad de desmonte ilegal”.
Dijo que inmediatamente se procedió al decomiso provisional de la maquinaria -oruga Cateripillar” y que se hará el análisis en gabinete para hacer una sobreposición de derecho propietario otorgado y autorizaciones que existiera del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
En 2013 se revocó la autorización para explotación forestal a la ex concesión Romano en el municipio de San Rafael. Entre 2015 y 2016, el INRA dio las resoluciones de asentamiento a nuevas comunidades en ese lugar, de acuerdo con los datos que el mismo INRA facilitó a la Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael (Acisar).
En 2019 y 2020, según información oficial, se autorizó desmontes a esas nuevas comunidades que, hasta la fecha, casi seis años después, no habitan ahí, aunque la norma manda revertir las resoluciones tras dos años de incumplimiento de la Función Económica y Social (FES).
La mayoría comunidades beneficiadas con parcelas dentro de la ex concesión son campesinas, agrícolas y ganaderas. Sin embargo, el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento cruceño establece que esa zona únicamente es Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP).
De acuerdo con datos de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), la tierra de uso forestal se achicó de 5,9 a 2 millones de hectáreas. Algunas de estas áreas fueron dotadas a comunidades agrícolas que desmontan, violentando la Ley del PLUS.
Fuente: El Deber
