Van sumando las voces de rechazo a la aprobación del uso de la soya transgénica HB4 en Bolivia. Desde diferentes organizaciones y colectivos ambientales se anticipó que se encaminarán medidas para que el actual gobierno desestime esta implementación.

“Hay que parar la evaluación que están realizando. Porque es inadmisible que el gobierno se reúna con los empresarios, pero hasta el momento no lo hizo con las organizaciones que rechazan este uso y cuestionan su incorporación en nuestro país. Por ello se decidió ejercer màs presión contra esa evaluacion”, dijo a ANF el activista Pablo Solòn.

De igual forma, hace unos días la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco, conformada por productores, consumidores, activistas, colectivos, centros académicos, organizaciones públicas y privadas, y empresas que impulsan la agroecología, denunció que en medio de esta pandemia se intente aprobar el ingreso de la soya transgénica HB4, dado que hace unas semanas desde el gobierno se adelantó sobre un proceso de evaluación de este producto en Bolivia.

“Denunciamos que en plena emergencia de contaminación del coronavirus que ha sido causado por ir en contra de las leyes de la naturaleza, el gobierno pretenda aprovechar de esta emergencia para aprobar un evento que conlleva la manipulación genética, que generará impactos socioambientales imprevistos por el incremento del uso de agroquímicos y que no resolverá el hambre del pueblo”, detalló esta plataforma.

En esa línea, recientemente la Fundación Tierra aseguró que se pretende aprovechar esta emergencia sanitaria para llevar adelante esta aprobación. “Aprovechándose de la pandemia de Covid-19, la élite agraria cruceña una vez más arremete para beneficiarse del Estado. Esta vez está en su mira la aprobación gubernamental para más cultivos transgénicos y los fondos de reactivación para los sectores económicos afectados por la cuarentena”, da cuenta Tierra.

Esta institución establece que este tiempo de emergencia sería usado para “captar recursos y políticas públicas con el justificativo de que son los que garantizan la seguridad alimentaria y que generan empleos y divisas por exportación”.
A estos pronunciamientos se suman el del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) que considera que aprobar este uso de la soya HB4 es “un atentado a la biodiversidad, el medio ambiente y la salud de la población”.

“CONADE lamenta que el gobierno de Jeanine Áñez esté llevando adelante la evaluación de un evento de soya transgénica HB4 resistente al herbicida glufosinato de amonio y glifosato, violando la Constitución Política del Estado, la Ley 401 y la Ley 300”, detalla el comunicado de esta instancia, y en uno de sus acápites afirma que presentaron una impugnación ante esta determinación.

Diferentes países en estos dos últimos años han aprobado el uso de este producto, dado que de acuerdo a sus primeros ensayos se ha demostrado que mejora los resultados en un 13%, en promedio, en condiciones de estrés, pudiendo alcanzar hasta un 30% en condiciones de sequía severa. Sin embargo, en otros se prefirió no usarlo en la agricultura.

Fuente: Agencia de Noticias Fides ANF

Esta alerta que realiza el titular de la Confederación Agropecuaria Nacional, CONFEAGRO, Reinaldo Díaz Salek, va direccionado a solicitar a acciones que afectan a la normal actividad, pero sobre todo amenaza con golpear la generación de empleos directos e indirectos, así como a toda la producción agropecuaria nacional.

“Como Ud. sabe, esta pandemia está golpeando a todas las economías del mundo y cuando se inicie el levantamiento de restricciones internacionales a la circulación de mercancías, quedaremos en grandes desventajas con respecto a los países vecinos”, indica parte de la carta a la Presidente.

Esta aseveración del titular de la federación se basa a dos pilares fundamentales, uno es el no uso de la tecnología que ellos practican en sus labores agronómicas, dando como resultados mayores rendimientos, y dos, la devaluación desproporcionada de su moneda, aspecto que da una gran desventaja competitiva, muy ajena a la productiva.

“Estas y otras ventajas como la logística que tienen, hacen que corramos el riesgo de un ingreso masivo de productos que termine quebrando a las empresas y productores nacionales”, indica la comunicación.

Bajo estos futuros escenarios, Confeagro solicita una planificación estratégica de lucha contra el contrabando y aplicar medidas para fortalecer la producción en base a la propuesta presentada por el gremio en días pasados.

Fuente: Publiagro

YPFB se había comprometido a comprar 150 millones de litros de alcohol anhidro procedente de la zafra de 2019, pero desde la segunda quincena de marzo todo se suspendió, informó el gerente de Unagro, Marcelo Fraija.

La compra de etanol a los ingenios en enero y febrero se había incrementado, pero en marzo, con la cuarentena por el coronavirus, todo quedó paralizado.

A eso se suma que YPFB tiene sus almacenes llenos y no puede comprar más combustible porque la venta ha disminuido considerablemente por las restricciones para la circulación de vehículos.

YPFB aún no precisó la cantidad que comprará este año, aunque, antes de la cuarentena, se preveía un mínimo de 125 mil millones de litros y un máximo de 200 mil, pero no se había llegado a firmar un contrato.

“Hay mucha gasolina estocada, incluso hay problemas para retirar el etanol porque tienen sus depósitos llenos. La compra será bastante menos de lo que se había previsto”, dijo Fraija.

El gerente de Guabirá, Mariano Aguilera, indicó que YPFB tampoco ha pagado por la compra de etanol, lo que pone a los ingenios en problemas porque muchos han realizado inversiones para la producción de este producto.

Aguilera precisó que YPFB debe, por ejemplo, a su empresa, 4 millones de dólares por la venta de etanol. La estatal tampoco retiró los 7 millones de litros de etanol de Guabirá.

“No, nos han dicho nada. Hemos tratado de hablar (con el Gobierno), pero nada. Así nos han tenido dos meses. Somos los más afectados. Se han hecho inversiones. Queremos que cuando pase todo esto, se retome y tengamos una venta razonable, pero yo creo que los volúmenes no van a ser los esperados”, dijo.

Aguilera explicó que los empresarios cañeros están viendo qué hacer con el etanol. “Estamos rectificando y moviendo la cifra para exportar, hacer cualquier cosa y salir de los stocks”, dijo.

La zafra de este año se inicia en junio, fecha en la que los cañeros deben conocer la cantidad de etanol que YPFB demandará para producirlo y destinar otra cantidad para la producción de azúcar.

“Este año es crítico por la poca circulación que hay y por el gran stock que tienen de gasolina. Seguramente vamos a producir más azúcar que alcohol, pero no vamos a dejar de moler toda la caña”, dijo Fraija.

Unagro debía entregar a YPFB 32 millones de litros de etanol, pero antes de la cuarentena lo había hecho 24 millones. “Son datos estimados. Hemos hecho entrega, pero todavía no ha concluido. Con seguridad que va a bajar (la cantidad), lo que han comprado no lo han usado: está almacenado”, explicó.

Los empresarios cañeros reclaman también los montos adeudados por YPFB por etanol entregado

YPFB RETIRÓ SÓLO EL 31%
Hasta enero de 2020, YPFB sólo había comprado el 31 por ciento del volumen comprometido durante la gestión 2019 y el primer trimestre de 2020.

La estatal se comprometió a adquirir 150 millones de litros de alcohol anhidro, pero sólo había comprado 47 millones.

En esa ocasión, el incumplimiento generó problemas económicos a las cuatro industrias productoras de etanol.

En febrero, el Ministerio de Hidrocarburos se comprometió a reactivar la compra de etanol.
El Ministerio indicó que sólo en enero se compró de los ingenios sucroalcoholeros 10 millones de litros de alcohol anhidro.

Fuente: Periódico La Prensa