Mientras Julián Domínguez rearma la estructura de poder en el ministerio de Agricultura, la mayoría de la Mesa de Enlace se retira del Consejo Agroindustrial. Cómo queda el nuevo tablero de relaciones, frente a una campaña atravesada por la seca.

Wendy, una empresa checa especializada en el pronóstico del tiempo, informó que la próxima semana una parte de la Argentina se transformará en la zona más calurosa del mundo. Es el impacto del clima, no hay dudas, pero no descartemos que la proyección también esté influida por la fuerte fricción política que atraviesa el agro en los últimos días.

El sector agropecuario vive su segundo arranque de año consecutivo en extrema tensión. En 2021, fue el cierre de las exportaciones de maíz lo que llevó a un cese de comercialización de granos. Esta vez, una iniciativa oficial para crear un fideicomiso que ponga un ancla a los precios del maíz y el trigo para la industria aviar y los molinos fue el detonante de una implosión en las relaciones de las cadenas agroindustriales, que también marcará el futuro diálogo entre el campo y el Gobierno.

Y en ese contexto, la decisión del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de rearmar su equipo, nombrando a un técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) como secretario de Agricultura, terminó de rebalsar un vaso que se venía llenando gota a gota desde hace dos años.

Pero la semana comenzó con otro hecho, que ahora parece lejano: el debut del nuevo esquema de exportaciones de carne, que incluye la prórroga de cotes prohibidos para exportar hasta diciembre del 2023.

Si bien las normas no trajeron mayor sorpresa, llamó la atención la pasividad de la Mesa de Enlace a la hora de opinar sobre las medidas.

Se escucharon pocas críticas e incluso el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó que si bien “lo ideal sería que la carne esté totalmente liberada para la exportación”, el nuevo esquema “es lo posible y lo que se pudo hacer hasta este momento».

Con el correr de los días, las posiciones se fueron endureciendo. Carbap sostuvo que las medidas oficiales «ratifican la continuidad de la intervención y el incumplimiento del compromiso asumido».

Apronor consideró que “una vez más le toca a la pobre vaca pagar la descontrolada emisión monetaria para hacer frente al inconmensurable gasto público”.

Algo se había roto y el silencio inicial se fue transformando en subas de tono, cada vez más elevado. Una a una, distintas rurales y confederaciones regionales fueron sumando su rechazo con un argumento de fondo: el nuevo esquema significa un desincentivo a la inversión.

El fideicomiso de la discordia

El martes, todas las tensiones acumuladas comenzaron a explotar tras una reunión convocada por el ministro Domínguez para explicar el funcionamiento de un fideicomiso que impulsa el Gobierno para contener los precios del trigo y el maíz, favoreciendo la producción de pollos, pan y fideos. El objetivo de fondo es que estas empresas puedan cumplir con el acuerdo de precios que impulsa el Secretario de Comercio, Roberto Feletti.

Tras dos horas de reunión, los dirigentes se quedaron con dos seguridades: el fideicomiso no tiene margen de discusión (la decisión de implementarlo a libro cerrado está tomada) y el Gobierno sabe que finalmente serán los productores lo que terminen pagando el tope de precios.

“Rechazamos este fideicomiso porque vuelve a interferir en los mercados, distorsiona la formación de precios y su implementación es poco trasparente. Nos perjudica a todos los eslabones de la cadena», dijeron desde la SRA.

Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria (FAA), estuvo en el encuentro y dio su propia impresión sobre cómo observó a Domínguez. «Lo vi incómodo y muy inseguro. Como si nos hablara sabiendo que estaba faltando a su palabra. Para mí fue una decepción porque él llegó a la función sin pedirla y diciendo que cuando las cosas no fueran como él quiera se iba a ir», apuntó.

Por eso, el fideicomiso no solo terminó por decidir la salida de tres de las entidades de la Mesa de Enlace del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) -los dirigentes entienden que representantes de ese espacio están de acuerdo con la iniciativa-, sino que termina minando la relación con el ministro de Agricultura.

El éxodo del Consejo Agroindustrial Argentino

Entre jueves y viernes, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural y Federación Agraria, confirmaron su decisión de abandonar el Consejo Agroindustrial Argentino. El detonante fue el fideicomiso, pero las razones se acumulan desde hace tiempo.

Las definiciones más claras fueron de FAA. Las frases de su presidente son contundentes:

• El CAA «sólo beneficia a unos pocos y al gobierno nacional»
• «El funcionamiento del CAA en el último tiempo deja mucho que desear, pues sentimos que, ilógicamente, quedamos avalando medidas que perjudican a nuestro sector»
• «Seguimos abiertos al diálogo, pero uno que sea serio»
• “No se justifica desde ningún punto de vista continuar en un espacio como este, en que nunca logramos que se tomaran en serio nuestras propuestas»
• «FAA dejará de participar de este espacio que sólo beneficia a unos pocos y al gobierno nacional, que asegura contenernos con políticas que nos dejan cada día peor»

Por su parte, Coninagro confirmó que continuará siendo parte del Consejo Agroindustrial. «Seguimos en el CAA porque creemos que las formas de construir políticas mas allá de las diferencias lógicas por agrupar tantas entidades que están en distintos aspectos de la cadena», sostuvo el presidente de la entidad cooperativa, Carlos Iannizzotto. Además, consideró que «no nos tiene que ahuyentar el disenso», lo que valoró como «una oportunidad».

La salida de gran parte de la Mesa de Enlace del CAA no significa la destrucción del espacio. Aún reúne a unas 60 cámaras y asociaciones agroindustriales que pueden encontrar un lugar de debate para la construcción de políticas sectoriales. Pero sin dudas, la falta de presencia de entidades que representen directamente a productores, le hará perder cierta sustentabilidad a su enfoque.

El tiempo dirá también si continúa siendo la referencia del gobierno a la hora de encarar mesas de diálogo.

De paso, para tener en cuenta, por estas horas CRA también analiza retirarse de la Mesa de las Carnes, definición que se tomaría la próxima semana y, de concretarse, generaría un nuevo cimbronazo en la política agropecuaria.

El nuevo mapa del poder del ministerio de Agricultura

Y en el medio del revuelo, el ministro Domínguez rearmó su equipo de trabajo. Algo lógico, ya que había heredado el de Luis Basterra.

La mayor polémica fue generada por la llegada de Matías Lestani, asesor económico de CRA, a la Secretaría de Agricultura. La controversia se da justamente porque era quien negociaba con el Gobierno temas sensibles como exportaciones de carne y registros de exportación de granos, entre otros. De hecho, se le reclama haber firmado un acta de acuerdo con la prohibición de exportar cortes populares.

Las autoridades de CRA se enteraron del cambio de trinchera unas horas antes de que se confirmara el movimiento, por eso varios dirigentes confederados lo señalan como traidor.

Pero más allá de esta polémica, es interesante ver como los cambios de Domínguez mantienen el equilibro de poder que tenía la cartera en épocas de Basterra. Eso si, sus allegados afirman que el objetivo, es tener un “ministerio técnico y con foco en lo que necesitan los productores”.

Con esa visión, destacan que la llegada de Lestani apunta a que la Secretaría de Agricultura cumpla un rol netamente técnico. Según cuentan en la cartera, el exasesor de CRA llamó la atención del Ministro en los intercambios con los técnicos oficiales cuando se debatía el nuevo esquema de exportaciones de carne.

Jorge Solmi, hombre de Sergio Massa, pasará a encabezar la restituida Secretaría de Relaciones Institucionales. Tendrá un rol más político, en intercambio permanente con gobernadores para atender necesidades territoriales. Parte del foco de su gestión estará en llevar el plan GanAr a todo el país, cuentan en Agricultura.

El productor Jorge Ruiz será designado Jefe de la Unidad Gabinete de Asesores. Reemplaza a Diana Guillen, referente del kirchenerismo. ¿Pero el ala K se quedará sin espacio? Más adelante aclaramos ese punto.

Desde el retorno de Domínguez al Ministerio, Ruiz con pasado en la Federación Agraria, se muestra como su mano derecha, fundamentalmente en temas ganaderos. Es una persona de confianza del ministro, lazo que ya viene desde la gestión anterior, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los nombramientos que más sorprendió fue el de Luis Contigiani como Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. Santafesino, del socialismo, también con pasado en FAA, no tiene alianzas políticas visibles en la actualidad que ameriten el desplazamiento de Marcelo Alós, hombre del sanjuanino José Luis Gioja.

Dicen que su relación con Domínguez viene desde hace años, cuando el santafesino era Secretario de Agricultura de su provincia y que se profundizó cuando ambos compartieron la Cámara de Diputados. De hecho, luego de 2015, ya con Domínguez en el llano y Contigiani aún en el Congreso, participaron de muchas reuniones vinculadas a temas de desarrollo regional.

El tablero del poder de Agricultura comienza completarse con un hombre del Jefe de Gabinete Manzur, el ingeniero agrónomo Mariano Garmendia, quien quedará al frente del INTA. Desde el entorno del ministro juran que su convocatoria fue una idea de Domínguez y que se basa en su trayectoria y conocimiento del organismo. Lo cierto es que Garmendia ya había figurado en algún borrador como pieza del ministerio, antes de la llegada de Basterra al edificio de Paseo Colón, cuando la el gobernador tucumano apuntaba a ser una pieza clave en el funcionamiento del Gobierno de Alberto Fernández.

Y el último nombramiento es el de Gervasio Bozzano en la DIPROSE (Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales). Ex Senador bonaerenese, presidente del bloque del FDT hasta diciembre último, es una persona cercana a Máximo Kirchner. En Agricultura destacan que la relación con Domínguez viene de hace mucho tiempo. De hecho, fue secretario parlamentario cuando el ahora ministro presidia al Cámara de Diputados de la Nación. La llegada de Bozzano ya se había anticipado en noviembre pasado, aunque en ese momento aún no se sabía que función iba a cumplir en la estructura.

Ahora tendrá a cargo la conducción de un área que ejecuta obras de infraestructura para el desarrollo agropecuario en todo el país a partir de créditos internacionales. Es decir, tendrá en su poder una de las “cajas” más importantes del área.

El nuevo mapa de la relación campo Gobierno

Los reacomodamientos políticos de esta semana van más allá de una interna del sector agroindustrial: definen el tablero en que se moverá la relación entre productores y el Gobierno de acá en adelante.

Este sábado se realiza en Armstrong, Santa Fe, una asamblea de productores autoconvocados en la que se le pedirá a la Mesa de Enlace más acción en el reclamo de cambios para la política agropecuaria.

Sin el peso del Consejo Agroindustrial, habiendo salido al cruce de la iniciativa del fideicomiso -plantándose por primera vez frente a Domínguez- y con el pedido autoconvocado, las entidades se sienten más empoderadas para planificar acciones de protesta.

Al parecer, la checa Wendy no se equivoca. Pero a la hora de predecir el clima, le recomendamos que además de termómetros, barímetros, anemómetros o el pluviografos, mire de cerca el comportamiento de políticos y dirigentes rurales argentinos, factores claves para configurar a la Argentina, por estos días, como el país más caliente del mundo.

Fuente: A24

El campo y el Gobierno vuelven a estar otra vez enfrentados; el clima será clave para la economía en las próximas semanas

Una sensación de historia ya vivida tienen los productores autoconvocados que en las últimas semanas comenzaron a presionar a la Mesa de Enlace para que empiece a tener una posición menos dialoguista y más crítica con el Gobierno. Creen que las restricciones a las exportaciones de carne, maíz y trigo establecidas por diferentes mecanismos son similares a las aplicadas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2005 y 2015.

Pese a que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, buscó acercar posiciones con el ruralismo desde que asumió en septiembre pasado, luego de la derrota del oficialismo en las PASO, los productores que las regulaciones que puso en marcha se transformarán en mecanismos que les quitarán ingresos. A eso se suma la brecha cambiaria, la presión impositiva, la inseguridad en las zonas rurales y las acusaciones por cuestiones ambientales, entre otros temas.

Al mismo tiempo, ven que si no hubiese sido por la liquidación de divisas récord que generaron las exportaciones del agro en 2021, por la suba de los precios internacionales de los granos (más de US$32.000 millones, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina), la situación de la macroeconomía hubiera sido peor de lo que fue. En otras palabras, observan una distancia enorme entre lo que dan y lo que reciben. Hay un dato que refleja la magnitud de esa diferencia: de cada tres barcos que salen con soja desde los puertos del Gran Rosario, uno va para el Estado en concepto de derechos de exportación.

En lo formal, el Gobierno dice que el campo es importante, que es uno de los motores de la economía y que quiere alentar las exportaciones. De hecho, el Poder Ejecutivo respalda la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por 61 cámaras del sector, menos tres entidad rurales, para establecer un régimen que otorgue estabilidad fiscal e incentivos específicos por diez años para que las exportaciones totales del país pasen de US$65.000 millones a US$100.000 millones y se creen 700.000 puestos de trabajo en la agroindustria.

Sin embargo, como parte de las medidas de control de precios, el Gobierno cree que debe intervenir en los mercados de granos y de carne para evitar subas de precios en los alimentos. El ala dura del kirchnerismo sostiene que eso debe hacerse vía prohibiciones a las exportaciones o aumentos de los derechos de exportación. Esto fue lo que ocurrió en mayo pasado cuando, de un día para el otro, el presidente Alberto Fernández anunció el cierre de las exportaciones de carne, con excepción de las cuotas arancelarias otorgadas al país. Ese cepo, decidido en el comienzo de la campaña electoral, se fue flexibilizando progresivamente hasta que Domínguez, que no quiere romper con el campo, fijó la prohibición de exportar siete cortes de tipo parrillero, que no se consumen en el país, hasta fin de 2023.

El nuevo mecanismo que está por salir a la luz es un fideicomiso para subsidiar los alimentos a sectores de menos recursos. Según los cálculos de Agricultura, debería servir para comprar 2,4 millones de toneladas de trigo (la mitad de lo que procesa la industria molinera) para la elaboración de harina 000 y fideos y 1,5 millones de toneladas de maíz para pollos. Tanto productores como exportadores le dijeron al ministro Domínguez que eso distorsionará el mercado de granos y ofrecieron, a cambio, explorar otras alternativas, como el uso de la tarjeta Alimentar o la baja de impuestos. En el Gobierno les respondieron que seguirán adelante con la idea. A este instrumento, Agricultura acaba de fijar un mecanismo de regulación sutil para las exportaciones de maíz y trigo, llamado volúmenes de equilibrio, que los productores lo interpretan como una transferencia de sus ingresos a los exportadores.

Como telón de fondo de esas desavenencias está el fenómeno La Niña, que en la región pampeana es sinónimo de sequía. En el próximo mes, el dato sobre la lluvia caída en la zona núcleo será clave para el futuro de la economía. Hay mucho en juego.

Fuente: La Nación