El 18 de septiembre, en asamblea, las autoridades originarias, vecinales y cívicas de ese municipio chiquitano se organizaron formalmente. Dicen que otras poblaciones van por el mismo camino.
Hace unas semanas se registró un hecho de violencia entre habitantes de San Miguel de Velasco y la nueva comunidad de colonos San Valentín 2.
Miguelitos en el camino, palos con clavos en las puntas, presencia policial y gente ensangrentada fue el saldo del encuentro entre ambos grupos.
Adicional a eso, los migueleños desalojaron a otra nueva comunidad, Eje Pampa, que ya había desmontado 60 hectáreas, y les decomisaron maquinaria y cinco vehículos, que todavía siguen en custodia de la población.
La condición para devolver los motorizados es que las autoridades del INRA viajen a San Miguel para tratar temas de saneamiento y dotaciones de tierra. Sin embargo, a través de carta, el INRA respondió que primero deben entregar los bienes.
Ante la negativa de los originarios, empezaron las denuncias de parte de los colonos a cinco personas, una de ellas, el corregidor. El denunciante es Richard Rengipo Condori, con cédula de identidad de Tarija.
Con estos antecedentes, y molestos con el alcalde, Pedro Damián Dorado (MAS), que además es vicepresidente de Amdecruz, y con el INRA, decidieron organizarse y conformar -en asamblea del 18 de septiembre- el Comité de Defensa de la Tierra y Territorio Ancestral de San Miguel.
El presidente de este comité es Ramiro Stelzer. “Nosotros ahora solo somos un brazo operativo de nuestras autoridades indígenas. También hemos hablado con San Rafael y San Ignacio de Velasco, nos dijeron que allá también están preparándose para hacer desalojos”, contó.
Sobre los motivos para conformar este comité, Stelzer explicó que el INRA está dando autorizaciones a colonos sobre predios de originarios, y si bien estos no tienen papeles, tienen la tierra trabajada desde hace años y han hecho solicitud de tierra, pero “el INRA no los ha escuchado”.
Stelzer dijo que están cansados del tema de los “avasallamientos”, problema que ya tiene unos 14 años, “lamentablemente el alcalde actual de aquí es quien ha traído a esa gente. Es una estrategia política asentar a comunidades en el municipio, nos van a duplicar en población, lo que quiere el actual alcalde es asegurar su estadía y no salir más del cargo”, apuntó.
Carmelo Céspedes, asesor legal del Comité de Defensa de la Tierra, recordó que existe la resolución municipal 070/2017, del 11 de julio de 2017, por la que el Concejo migueleño delega en el alcalde la responsabilidad de emitir certificaciones a comunidades, “pero priorizando a los originarios”.
Ejemplificó la desigual distribución de la tierra con algunos casos. Dijo que a la comunidad, 10 de noviembre, integrada por 62 familias, el INRA le autorizó el asentamiento sobre una superficie de 3.100 ha, “y los beneficiarios son pura gente del interior, algunos de ellos hermanos”.
Sobre la comunidad San Valentín 2, con la que hubo enfrentamientos, indicó que la resolución los asienta en 1.750 ha, y que la mayoría de los beneficiarios son de Cochabamba, La Paz, Potosí y Chuquisaca.
Contrariamente, cuestionó que la comunidad indígena chiquitana Campo Alegre solo tenga 969 ha, igual que San Carlos, “con apenas 482 ha. Esta es la discriminación de este Gobierno y del INRA a nuestros originarios”, aludió.
Céspedes también lamentó que la violencia vaya en escalada, a tal grado que una mujer fue agredida “brutalmente” en la plaza principal de San Miguel, el 29 de septiembre, el mismo día de aniversario de esta misión jesuítica.
Antecedentes
En 2019, el Comité Pro Santa Cruz llamó a una asamblea de emergencia para defender las tierras de la Chiquitania. En 2021, también en San Miguel, se desarrolló la Cumbre por la Tierra.
De acuerdo a un informe del INRA, son 74 las comunidades beneficiadas con tierra en ese municipio, para casi 3.000 familias, la mayoría de la organización Csutcb. Sin embargo, hasta 2021, la demanda de tierra allí superaba el millón de hectáreas.
Fuente: El Deber
