La cámara empresarial denunció que el 30% del diésel sale del país por contrabando. Insistió en la necesidad de tener seguridad jurídica para preservar las inversiones en el sector.
Gobierno y productores agrícolas y pecuarios se reunieron ayer (jueves) con el objetivo de generar una agenda de trabajo que concluya en políticas estructurales que se plasmen en un plan nacional de desarrollo, que “trascienda las gestiones de gobierno”, informó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano.
Este plan de desarrollo debe, incluso, trascender “a los tres niveles de gobierno porque se precisa que trabajemos en conjunto para encontrar oportunidades y soluciones a los problemas que tenemos dentro del sector productivo departamental y nacional”, agregó hoy Justiniano, en conferencia de prensa.
El ejecutivo brindó el informe luego de reunirse ayer, junto con la directiva de la CAO y los presidentes de los 16 sectores que aglutina esa cámara, con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, y con la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, designada por el presidente Luis Arce para coordinar aspectos de desarrollo con el sector privado.
Los temas que se abordaron durante el encuentro, detalló el presidente de la CAO son 12: productividad (incluye biotecnología), contrabando, avasallamientos, mercados, infraestructura, abigeato, biocombustibles, financiamiento al pequeño productor, abastecimiento de diésel, biotecnología, sanidad agropecuaria y productos lácteos.
En cada uno de estos puntos, el sector propuso acciones que serán analizadas por las autoridades del Ejecutivo. “En muchos casos tenemos coincidencias y en algunos no, pero el objetivo siempre va ser el mismo: el bienestar de la población boliviana, garantizando que el sector productivo departamental y nacional tenga las condiciones que precisa”, aseveró.
Entre los temas que tienen relación con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) están los avasallamientos, que ocurren en todo el país y que causan “un gran daño” al sector productivo. Hay “una agenda muy larga y compleja con el INRA y debe darse respuesta a cada uno de los puntos que hemos planteado, porque al final nadie va a invertir si es que no tiene seguridad jurídica y no tiene la seguridad de que su inversión va a retornar”, aseveró.
Otro tema sensible es el abastecimiento de diésel en las poblaciones rurales donde los productores agropecuarios desarrollan sus actividades y “donde muy rara vez un pequeño o mediano productor puede comprar el litro de ese combustible a precio normal”. “Generalmente, lo compra después de revendedores, que se llevan el diésel a otros lugares y, en muchos casos, salen del país para venderlo como contrabando”, denunció el presidente de la CAO, quien remarcó que “el 30% del diésel se va del país por contrabando”.
En la apertura de mercados agropecuarios, se propuso un trabajo conjunto público privado que concluya en protocolos sanitarios con distintos países del mundo.
En infraestructura, se habló de la necesidad de contar con carreteras, puertos y aeropuertos adecuados, entre otros servicios, con vistas a duplicar la producción hasta 2030.
En agrocombustibles, se abordaron los temas del etanol y biodiesel. “Nosotros entendemos claramente que tenemos la potencialidad para poder sustituir esas importaciones que están sangrando la economía boliviana”, dijo Justiniano.
En el financiamiento al pequeño productor, se mencionó la importancia de que ese sector no tenga necesariamente que cubrir el interés de entre 18 y 36% que hoy paga al acceder a un crédito.
Los programas de sanidad agropecuaria que trabaje el Gobierno, asimismo, serán muy importantes para que el país pueda exportar sus excedentes, programas que se deben llevar adelante entendiendo las necesidades y potencialidades del sector y garantizando los recursos para su ejecución.
La CAO presentó también una agenda específica para reactivar el sistema lácteo a través de los subsidios y los desayunos municipales.
Justiniano insistió en que son necesarias políticas de Estado para que “el sector productivo nacional se proyecte en el largo plazo”.
Los ministros anunciaron ayer que estos temas se tratarán en diferentes mesas técnicas.
El ejecutivo de la CAO indicó que el sector privado pidió que estas mesas se conforme con premura y que en ellas participen autoridades y representantes de los ministerios y unidades técnicas vinculados con cada sector, principalmente “gente que tome decisiones”.
La administración de Luis Arce se reunió con los productores luego de que el cabildo cruceño le diera 21 días para aprobar un decreto que instruya la realización del censo nacional en 2023.
Fuente: El Deber
