Cochabamba se sumó ayer a la marcha nacional “Por los sin voz” exigiendo un alto al maltrato animal y biocidios reportados en diferentes departamentos, el último en Santa Cruz, donde un adulto mayor mató a su gato, recibió una condena de dos años, pero se sometió al recurso de libertad condicional.

“Pedimos la modificación de la Ley 700 para que de alguna manera ya cambie la situación de las sanciones en vista de que existen muchos vacíos legales que ocasionan que no haya sanciones ejemplares para los maltratadores y biocidas. Ya estamos cansados de toda esta situación”, manifestó Vivian Sánchez, activista, rescatista y fundadora del refugio Una Mano Una Patita.

La Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato establece que todos los animales deben ser protegidos contra todo tipo de violencia, maltrato o crueldad y además que deben ser auxiliados en cualquier tipo de emergencia.

La normativa sanciona con privación de libertad de seis meses a un año a quien cometa tratos crueles contra los animales. En tanto, en los casos de “biocidio”, la pena es de dos a cinco años de privación de libertad y una multa de 30 a 180 días.

Para endurecer las condenas, hace un mes el senador Félix Ajpi, junto a la activista Silveria Laureano, presentó el proyecto de ley “de protección y defensa a los animales contra actos de violencia y maltrato”, que modifica la Ley 700, y que, entre otras sanciones, prohibiciones y aspectos varios, plantea sentencias que van desde uno hasta 10 años de privación de libertad a quienes incurran en maltrato animal o biocidio.

Asimismo, en el proyecto se propone una condena de tres a ocho años de reclusión en los siguientes casos: para el que provoque incendio poniendo en peligro los ecosistemas o la integridad de los animales, y por utilizar animales en prácticas sexuales, de pelea o tauromaquia; poseer animales silvestres o protegidos por ley.

Fuente: Los Tiempos

Las víctimas de avasallamientos de tierras en Cochabamba se encuentran preocupadas tras conocer que Mirtha Meneses asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura tras la renuncia de Marvin Molina luego de la filtración de un audio, debido a que tendría presuntos vínculos con loteadores.

Uno de los afectados, Bernardo Chileno, indicó que existen fotografías y otras pruebas que muestran a Meneses con personas que se dedican al tráfico de tierras.

“Tiene contacto con loteadores. Nosotros hicimos conocer esta situación hace tres meses a Marvin Molina cuando todavía era presidente del Consejo, pero no hizo nada. Le dijimos que estas personas estaban trabajando en el Órgano Judicial”, declaró.

Chileno sostuvo que las víctimas continúan peregrinando porque existe corrupción al interior del Órgano Judicial y complicidad de algunos magistrados, porque no cumplen con sus funciones pese a las denuncias.

“Estamos cansados de caminar de oficina en oficina y no conseguir justicia. Hay un cuoteo de cargos, los autores intelectuales de los avasallamientos en la zona Canelas y en valle alto están trabajando como vocales y funcionarios”, alertó.

Anunció que la próxima semana en conferencia se detallarán la denuncia de los vínculos con documentación.

Añadió que el nombramiento de Meneses en un alto cargo y las nuevas medidas de presión que se asumirán contra los avasallamientos serán analizadas el domingo en un ampliado convocado por la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), liderada por Ángel Quispe.

“Hemos acudido a todas las instancias para encontrar justicia, pero no nos hacen caso, los fiscales no colaboran a las víctimas, por eso ahora las bases van a determinar en el ampliado otras medidas”, complementó.

Los Tiempos envió un cuestionario a la Unidad de Comunicación del Consejo de la Magistratura para conocer la contraparte y agendar una entrevista con Meneses. Se prevé que responda a las interrogantes en los próximos días.

Fuente: Los Tiempos

El presidente de esa institución, Oscar Mario Justiniano, explicó que la realización del censo también forma parte de ese objetivo.

La reunión entre los delegados de los 16 sectores productivos de Santa Cruz y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, duró más de cuatro horas. En ese periodo se expusieron los problemas que existen en la actualidad.

Oscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), explicó –durante una conferencia de prensa- que se plantearon 12 puntos que en la actualidad generan controversia.

“Las soluciones no solo involucran a un ministerio sino a otras instancias como el Senasag, INRA, ABT, Ministerio de Economía, infraestructura y otros con los cuales se precisa que trabajemos juntos”, dijo Justiniano.

Sobre la realización del censo, el directivo mencionó a Publiagro que la CAO y los sectores que la componen apoyan que este trabajo de parte del Gobierno nacional también se realice en el menor tiempo posible y de manera adecuada.

El propósito, desde su punto de vista, es que los resultados impacten directamente por ejemplo en los productores de las áreas rurales que no tienen acceso a la salud, educación y buenos caminos.

Lo ideal, según el entrevistado, es que la población rural en particular tenga las condiciones y las necesidades básicas que precisa para producir, trabajar y garantizar la alimentación de todos los bolivianos.

De no ejecutarse el censo está vigente el plazo para iniciar un paro nacional desde el 22 de octubre, decisión que emana de un cabildo en Santa Cruz.

El presidente de la CAO mencionó que toda la población se vería perjudicada, pero no solo con este tipo de determinaciones sino también con los bloqueos que se han dado este año con 80 días de bloqueo, en las distintas carreteras.

Justiniano reconoció que bajo esas condiciones es imposible que los sectores productivos trabajen con normalidad, a pesar de todo el esfuerzo de garantizar la alimentación de la gente, porque lo que se produce tiene que llegar necesariamente a los mercados y a la mesa de cada una de las familias.

El vicepresidente de la CAO, José Luis Farah, ratificó por su parte que como miembros del Comité Cívico de Santa Cruz participarán de todas las acciones que se tomen en beneficio de la población y el sector productivo.

INCONVENIENTES

Oscar Mario Justiniano mencionó algunos problemas que afectan e impiden de manera puntual a los pequeños productores, productores lecheros, ganaderos y otras áreas que precisan soluciones inmediatas.

Eso desde su punto de vista se puede lograr de manera coordinada con el Gobierno nacional y para ello se decidió armar mesas de trabajo, sin embargo la fecha para su conformación aún no fue definida.

“En algunos puntos hay coincidencia, pero en otros tenemos visiones diferentes con las autoridades”, resaltó el directivo.

Justiniano citó que los pequeños productores no tienen acceso al crédito por ejemplo, ya que las entidades financieras les cobran altos intereses.

El contrabando y el abigeato también se constituyen en un obstáculo para el desarrollo productivo por lo cual se deben aplicar sanciones más ejemplares.

La falta de una infraestructura adecuada relacionada a carreteras o aeropuertos para exportar también son aspectos que merecen atención.

Los dirigentes de la CAO también plantean mejorar el proceso de los biocombustibles con el fin de coadyuvar en la reactivación económica.

Y afirman que el abastecimiento de diesel en el campo también es importante a un precio menor, porque los revendedores lo venden más caro y el 30 por ciento de se va del país por la vía del contrabando.

El acceso a la biotecnología, que está relacionada a las semillas genéticamente modificadas, también es una exigencia de los agricultores cruceños para que puedan producir más en una misma área de terreno.

Redacción: Publiagro