Ante la caída de ingresos por la exportación de gas y minerales, el Gobierno nacional apostó por potenciar la actividad agropecuaria como una medida de recuperación de ingresos a corto plazo. Sin embargo, economistas consultados por este medio señalan que no se considera una planificación ambiental que permita el desarrollo de este sector sin provocar mayores impactos al medioambiente.

En 2014, la producción de gas en Bolivia alcanzó un promedio de 59,37 millones de metros cúbicos por día (MMm3d), mientras que en 2019 (entre enero y julio) sólo llegó a 41,89, según datos de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija.

El analista y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, señaló ayer que los ingresos por gas natural están muy disminuidos por menores precios y menor demanda de Brasil y Argentina. También refirió que las importaciones de gasolina y diésel siguen aumentando en volumen debido a la baja producción de petróleo y condensado.

“En este contexto, el Gobierno está intentando compensar este déficit comercial en el sector energético con, primero, el uso de bioetanol, y de biodiésel próximamente, y también con la rápida expansión del sector agropecuario para generar exportaciones adicionales del agro y que compensen la caída de ingreso de dólares por hidrocarburos”, explicó Ríos.

Señaló, además, que por las mencionadas medidas se han autorizados los desmontes con la finalidad de tener nuevas exportaciones del sector productivo de Santa Cruz. “La idea no es descabellada, pero ciertamente debe ser bien pensada y planificada para evitar lo que estamos viviendo”, dijo.

El economista José Gabriel Espinoza coincide en que el Gobierno tiene la “urgencia” de reemplazar los ingresos perdidos por la venta de gas y, por ello, desde hace al menos dos años, ha acentuado su atención en el sector agroindustrial, con el que lleva adelante importantes proyectos de logística, como Puerto Busch y el Hub Viru Viru para mejorar su competitividad e incrementar sus volúmenes de producción.

Espinoza cree que el Gobierno no incluye el costo medioambiental ni costos de oportunidad de preservar el medioambiente en su balance de costo-beneficio.

“Está haciendo una lectura bastante economicista del uso de la tierra. En el altiplano y buena parte de los valles altos, el único uso posible para la tierra es la explotación agrícola y eso se llevó a oriente, hacia zonas donde el equilibrio ambiental es sumamente delicado”, explicó.

IBCE insiste

Por su parte, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó que hay estudios que demuestran que Bolivia utiliza la mínima parte de su vocación agroproductiva, tanto en ganadería como en agricultura. Por ello, subrayó que ambas actividades pueden crecer.

Rodríguez dijo que, con decisiones serenas y bien pensadas, el área de producción agropecuaria puede crecer de una forma planificada, con las responsabilidades bien ejecutadas desde el sector público y privado.

El Gerente del IBCE aseguró que la agropecuaria genera inversión, empleos e ingresos.

“En el altiplano (…) el único uso posible para la tierra es la explotación agrícola, y eso se llevó a oriente”

DATOS

Se desploma la producción de gas. Entre 2014 y 2019, la producción de gas se redujo en 30%. El Gobierno atribuye a un factor externo y afirma que Bolivia tiene una capacidad de producción de 29 MMm3d, no 42 MMm3d.

Proyecto logístico avanza. La alianza público-privada para la ejecución del proyecto Puerto Busch dará sus primeros resultados en el mes de septiembre con el anuncio de la empresa que se adjudicará la construcción de la terminal portuaria en el Canal Tamengo.

Críticas a normativa que autoriza desmontes. Parte de la población atribuye los incendios forestales que actualmente se registran en la Chiquitanía al Decreto 3973. El Gobierno nacional aclaró que esta norma sólo incorpora desmontes en Beni, pues en Santa Cruz ya se habían autorizado en 2001.

Fuente: Periódico La Prensa

El director general ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque), Mike Alejandro Gemio, informó el martes que el Decreto Supremo 3973, aprobado en julio de este año, para desmonte o tala controlada en Beni no está en funcionamiento pleno, porque hasta el momento no tiene una reglamentación.

«La ABT (Autoridad de Bosques y Tierra) tenía que generar la reglamentación para que el decreto entre en rigor, pero la reglamentación no se ha generado, este decreto no está en funcionamiento pleno, no lo está, entonces mal podríamos acusar a alguien o a algo que todavía no ha ejercido digamos las voluntades descritas», explicó en el programa Caminando Junto al Pueblo que se difunde por los medios estatales.

Recordó que el decreto que autoriza las quemas y desmontes en el departamento de Santa Cruz, en el oriente boliviano, fue aprobado por el Decreto Supremo 26075, aprobado y suscrito por el expresidente Jorge Quiroga Ramírez en 2001.

Dijo que el artículo 5 de ese decreto establece que «en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, se permite el desmonte en tierras privadas sujeto a la aprobación del Plan de Ordenamiento Predial por parte de la Superintendencia Agraria»

No obstante, dijo que, en julio de este año, el Gobierno aprobó un decreto que sólo modifica esa autorización, establece la tala controlada y precisa el objetivo de ese tipo de actividades.

Esa norma modifica el artículo 5 del Decreto Supremo 26075 para el desmonte de bosques o «tala controlada» en Beni y Santa Cruz con el fin de beneficiar al sector ganadero. Incrementando de esa forma la frontera agrícola, explicó.

«El decreto amplía en el tema de Beni. El decreto sobre el tema chaqueos, de quema y desmontes, estaba ya emitido en el gobierno de Tuto Quiroga, pero ahora viene la complementación para que se genere este mismo tipo de actividades para el Beni», explicó Gemio.

El director de Fonabosque lamentó que la oposición utilice ese tema para politizar «innecesariamente» los incendios forestales que se suscitaron en la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz.

«Me parece criminal politizar, es sensible la gente, mostrando los animalitos muertos, los incendios, ahí se impacta y a través del impacto causas sensibilidad en las personas que, pues genera un rencor y un odio, entonces ese rencor y odio es utilizado por políticos y se dirige a autoridades, ese es el mal uso de una desgracia ajena para generar odio que se estrella contra autoridades», cuestionó.

Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico afirmó que los desmontes están autorizados y normados ya desde el año 2001 a través del Decreto Supremo 26075 en la gestión de Hugo Banzer Suarez.

Cocarico indicó que el Decreto 26075 del 16 de febrero de 2001 firmado por Hugo Banzer Suarez, en su artículo 5, expresa que en el departamento de Santa Cruz, se permite el desmonte en tierras privadas, sujeto a Plan de Ordenamiento Predial por parte de la Superintendencia Agraria.

La autoridad aclaró que ,a partir de esta norma, los desmontes en el departamento de Santa Cruz ya estuvieron autorizados con anterioridad al Decreto Supremo 3973 promulgado el 9 de julio de este año.

“Que significa esto, no es que a partir del mes de julio de 2019, está permitido los desmontes en el departamento de Santa Cruz siempre hubieron, y se reguló específicamente a través de este Decreto 26075 el año 2001”, sostuvo el ministro Cocarico.

Explicó que el Decreto Supremo 3973 del mes de julio de este año, define la modificación del D.S. 26075, estableciendo que en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

César Cocarico aclaró que el reciente Decreto Supremo solamente adiciona al departamento del Beni, como territorio en el que se autorizan desmontes por solicitudes de empresarios privados y organizaciones de productores.

Manifestó que se viene politizando la información a partir de la promulgación del D.S. 3976, teniendo en cuenta que los desmontes, están regulados ya a partir de leyes anteriores.

Sostuvo que el gobierno viene trabajando en solucionar las afectaciones ocasionadas por el incendio presentado en la zona de la chiquitanía, que hasta el momento el incendio afecto 300 hectáreas de cultivo y la sequía afectó 1.007 hectáreas. “Principalmente cultivos de maíz, yuca, sésamo, frejol” detalló el ministro.

Fuente: Erbol Digital

La decisión fue revelada por el viceministro, Weimar Pereira, quien la pasada semana, citado en la estatal ABI, anunció dicho proyecto estatal. Empresarios y economistas refutaron la iniciativa denotando que desincentivaría la producción

El Gobierno retrocede y deja sin efecto la propuesta de creación de una ‘Bolsa de Productos’ para fijar los costos de producción y los precios de comercialización de alimentos y mercancías en el mercado interno.

La decisión fue revelada por el viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Weimar Pereira, quien la pasada semana, citado en la agencia estatal de noticias ABI, anunció dicho proyecto estatal.

El anuncio de dicha propuesta fue refutado por empresarios del sector privado y economistas quienes visibilizaron un desincentivo a la producción nacional. A decir de Pereira, el planteamiento de la ‘Bolsa de Productos’ fue un planteamiento que oficialmente se deja sin efecto; es decir, no se avanzará en el desarrollo de esta temática.

No se considerará más esta propuesta”, mencionó. La pasada semana, el viceministro indicó que la propuesta, entre sus alcances, establecía las posibilidades y los costos reales de producción que permitirá establecer, con soberanía, los precios del mercado y, fundamentalmente, un equilibrio entre los costos de producción y de venta de la industria.

Además, que haría posible tener información sobre cuánto le corresponderá al empresario pagar por la producción y el margen de utilidad que estará disponible por sus operaciones. Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI), su presidente Ibo Blazicevic, calificó de preocupante la medida detallando que va en contra del modelo que defiende el Ministerio de Economía.

“Creemos que no tiene el aval de esta cartera de Estado y, en todo caso, es el principio del fin… si se promulga”, exclamó, al advertir que la fijación de precios desincentiva la producción.

Otras fuentes del empresariado nacional, que pidieron el anonimato, indicaron que cualquier control de precios desanima la inversión del productor y en el largo plazo genera escasez. “Si ahora los costos suben por salarios y otras causas, que encima le pongan un techo a los precios”, refutaron.

Mirada externa

El economista y jefe del Centro Boliviano de Estudios Econó- micos (Cebec) de Cainco, Pablo Mendieta, tejió un análisis en sentido de que por más buena voluntad que pueda existir, se desconocían los criterios técnicos que usarían y el grado de discrecionalidad para fijar los márgenes de los productos de la bolsa. “Si los precios se fijan arbitrariamente implicaría menor producción y precios distorsionados”, dedujo. Para el economista José Gabriel Espinoza, este tipo de medidas terminaría de ‘matar’ la poca oferta nacional de productos básicos y nos haría, como país, aún más dependiente de las importaciones.

“En la medida que el tipo de cambio se vuelva cada vez más insostenible, incrementa la vulnerabilidad de las familias más pobres ya que gran parte de los alimentos que consumen estas familias son importados y susceptibles de subir de precios en momentos de devaluación”, precisó.

Enfoque sectorial

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), su gerente general Jaime Hernández, indicó que la organización acompaña el proceso de conformación de una ‘Bolsa de Productos’, principalmente para artículos agropecuarios, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

“Tendría como base un enfoque de oferta y demanda para transparentar la formación de precios, principalmente para soya, maíz, trigo, girasol y sorgo, en base al mercado interno y su cotización en el exterior”, dijo.

En representación del IICA en Bolivia, Santiago Vélez, indicó que una bolsa es un mecanismo de venta que fomenta un mercado abierto y transparente donde se tranza sobre la base de oferta y demanda. Dijo que la organización, desde 2018, trabaja en este proceso.

Fuente: Periódico El Deber