«Hoy aparecieron voces en contra del DS 4232 sobre el uso de semillas transgénicas. No es un tema ideológico ni político ni caben los oportunismos. Si no aplicamos biotecnología a la agricultura está en riesgo la alimentación de los bolivianos, más de 1.500.000 empleos y nuestra capacidad de ser competitivos frente al mundo», dijo Camacho.

En los 14 años del gobierno del MAS se mantuvo una posición radical ideológica en contra de la utilización de biotecnología, que nos ha retrasado enormemente frente a Argentina, Brasil y Paraguay, que gracias a su uso son productores mundiales de alimentos. La CPE en su art. 409 dice que la producción de transgénicos se normará mediante ley.

Camacho sostiene que en el plan de gobierno de CREEMOS «advertimos que no podemos seguir fuera de estos avances técnicos porque se pone en riesgo el complejo productivo agroindustrial nacional, asentado en Santa Cruz, la pérdida de miles de puestos de trabajo y la seguridad y soberanía alimentaria que tanto ha costado conseguir»

Fuente: Periódico El Día

Unos las desaprueban y piden su derogación, mientras que los otras las defienden a “rajatabla”.

El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que el decreto es inaceptable tanto desde el punto de vista político como ético porque no le corresponde a un gobierno transitorio tomar decisiones que pueden tener consecuencias al medioambiente.

Advierte que las semillas transgénicas pueden tener impactos negativos en la salud humana, en el medioambiente y generar rendimientos discutibles, en consecuencia, plantea una la evaluación seria de cualquier organismo genéticamente modificado, pero ajustado a los protocolos definidos en convenios internacionales.

Mesa afirma que Áñez elude consultar a la sociedad en el marco del concepto de participación social, debate ciudadano y no toma en cuenta la opinión de importantes sectores de la sociedad.

En tanto, el candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, exigió ayer la “abrogación inmediata” del decreto supremo.

A través de un video difundido en las redes sociales, Arce reprochó que el Gobierno haya aprobado el decreto “a espaldas del pueblo” y califica la medida como ilegal.

La defensora del pueblo, Nadia Cruz, señaló que el decreto está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

A favor

El candidato presidencial por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, aclaró ayer, a través de un comunicado, la posición oficial de respaldo al uso de la biotecnología y considera que, aunque de manera tímida, la vuelta del país al uso y utilización de esta tecnología para mejorar los cultivos.

Sin embargo, la posición de Camacho es distinta a la expresada por su vocera Roxana Lizárraga, quien considera que la autorización de la semilla transgénica atenta a la salud de los bolivianos.

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, consideró que el uso de semillas transgénicas puede ser una respuesta también importante para que se fomente una mayor productividad que fortalezca la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos en las exportaciones.

La Anapo, la CAO, ganaderos, lecheros y agropecuarios, entre otros, apoyan el uso de semillas transgénicas.

Fuente: Periódico Los Tiempos

El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa afirmó que el decreto es inaceptable tanto desde el punto de vista político como ético porque no le corresponde a un gobierno transitorio tomar decisiones que pueden tener consecuencias al medio ambiente.

Advierte que las semillas transgénicas pueden tener impactos negativos en la salud humana, en el medioambiente y generar rendimientos discutibles, en consecuencia, plantea una la evaluación seria de cualquier organismo genéticamente modificado, pero ajustado a los protocolos definidos en convenios internacionales.

Mesa afirma que Añez elude consultar a la sociedad en el marco del concepto de participación social, debate ciudadano y no toma en cuenta la opinión de importantes sectores de la sociedad.

A tiempo de tachar de inconsistente la justificación de soberanía alimentaria, Mesa indica que los cultivos transgénicos no resolverán en lo inmediato las necesidades de alimentación que tienen los sectores populares que se están sacrificando en esta cuarentena, menos aún con el algodón, que no es un alimento.

En el supuesto que se aprobara la introducción de alguna variedad, los primeros cultivos estarían disponibles más allá de la cuarentena sanitaria, comentó.

Por su lado la vocera de la Alianza Creemos, Roxana Lizárraga, dijo que el único beneficiario del decreto es cierto grupo de empresarios, acostumbrados a vivir del Estado a través de créditos blandos y la subvención vía combustibles líquidos.

“Esto ha pasado en la época de Evo Morales y el actual gobierno los mantiene. Son los mismos empresarios que tomarán control del negocio de las semillas, son los que le sangran al país, son aquellos vividores que se benefician de la política”, manifestó a tiempo de ponderar a otro grupo de verdaderos empresarios, emprendedores con su propio dinero, y que trabajan por el bien del país generando empleo.

Advirtió que las semillas transgénicas “van a destruir la vida y la salud de los bolivianos, es decir, a corto plazo si no nos vamos a morir de coronavirus, vamos a morir de cáncer porque los transgénicos producen cáncer”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, considera que el uso de semillas transgénicas puede ser una respuesta también importante para que se pueda fomentar mayor productividad para que se pueda se pueda fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos en las exportaciones.

Fuente: Erbol

Con la finalidad de optimizar los procesos de producción en Bolivia, el gobierno constitucional de Jeanine Añez aprobó el Decreto 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer mecanismos abreviados para la evaluación de la semilla transgénica en el país.

De manera excepcional, a partir de la aprobación del Decreto, se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad evaluar los procedimientos mejorados para la producción de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

El único artículo del Decreto 4232, aprobado la primera semana de mayo y publicado en la edición de la Gaceta Oficial (1266NEC) detalla como disposiciones transitorias que “(…) se debe dar cumplimiento al presente Decreto Supremo, en un plazo de hasta diez (10) días calendario computables a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados”.

La propuesta busca alternativas productivas para aumentar la productividad de los campos, a partir del uso más eficiente de la tierra con el cultivo de la semilla transgénica y su potencial resistencia a las sequías y plagas.

Por su parte el Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), conformado por 38 organizaciones de productores, a través de un documento hizo conocer su posición sobre las semillas transgénicas al manifestar que un peligro para la salud medio ambiental y de los seres humanos, pese a los aparentes beneficios que presenta, por sus propiedades destinadas a una rápida y abundante producción.

Adelantaron que interpondrán acciones legales para la anulación del Decreto, que, según estudios jurídicos, la disposición gubernamental, transgrede la Constitución Política del Estado (CPE) y otras leyes en vigencia en el país.

El sector de los productores recomendó cuidar una alimentación sana, mediante el fortalecimiento a la agricultura familiar, con enfoque agroecológico, para hacer frente a la pandemia.

Durante el gobierno del Movimiento al Socialismo se aplicaron normas como la autorización de ampliar la frontera agrícola que provocó chaqueos, con posteriores incendios que destruyeron el 80% de la Chiquitanía; sin embargo, estos sectores no hicieron reclamos oportunos.

Fuente: Periódico El Diario