Los productores Agropecuarios somos los responsables de abastecer alimentos y de generar la mayor cantidad de empleos para el país. Es por ello que el acceso a la biotecnología en los cultivos de soya, maíz, trigo y algodón, es indispensable para que seamos el motor económico de Bolivia, con generación de cientos de miles de empleos directos e indirectos y exportaciones que se traducirán en una distribución masiva de divisas, contraria a la fuga de las mismas, por efectos de compra de maíz, harina de trigo, y otros productos importados, principalmente de contrabando.

Por consecuencia de la baja productividad, es que hemos ido perdiendo el mercado interno y con alto riesgo de perder miles de empleos porque no podemos competir en total desigualdad de condiciones en el uso de esta tecnología.

La Agricultura es inviable sin el cuidado del medio ambiente y con la misma responsabilidad que cultivamos, también informamos de las ventajas a las cuales por fin tendremos acceso:

• Mayor productividad en la misma área cultivada.
• Mayores ingresos para los pequeños productores.
• Menor utilización de Agroquímicos y eliminación de insecticidas cancerígenos en control de plagas.
• Menor Uso de Agua al reducir la cantidad de aplicaciones.
• Reduce la erosión y degradación de las tierras, al incorporar materia vegetal y remplazar el arado por siembra directa.

Los pequeños productores dejan de ser estafados por gente inescrupulosa que ingresa insecticidas cancerígenos y de contrabando, para controlar las plagas que serán inexistentes con semillas transgénicas.

Como sector agropecuario, resaltamos la medida y solicitamos aplicar con mayor rapidez las acciones de reactivación económica planteadas, porque la producción agropecuaria al igual que otros sectores, se está viendo duramente afectada por la situación de emergencia por el Covid-19 y nuestro País requiere con urgencia el incrementar la producción, los ingresos y los empleos para las familias bolivianas.

Tenemos el compromiso con nuestra población de abastecer de alimentos todos los días, pero necesitamos las mismas herramientas y condiciones que tienen productores de países vecinos.

Fuente: Unidad de Comunicación CAO

“Rechazamos rotundamente la autorización para el uso de semillas transgénicas de Soya HB4, Soya Intacta y otro tipo de semillas transgénicas de maíz, algodón y de otras especies en todo el territorio boliviano”, repudiaron.

En el manifiesto intitulado “Pronunciamiento Nacional en rechazo total a la autorización del uso de semillas transgénicas en Bolivia” las organizaciones exigieron los siguientes puntos:

1. Abrogación del Decreto Supremo 3874, del 17 de abril de 2019, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento (tipo) HB4 y Soya Intacta.
2. Abrogación del Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, que permiten chaqueos y desmonte, con el fin de ampliar la frontera agrícola.
3. Fomento y apoyo a la a la Agricultura Familiar Campesino-Indígena, que es la base para la generación de otras formas y modos de agricultura como es la: Agricultura Sostenible, la Agricultura de base agroecológica, la Agricultura Urbana y Periurbana, a la Agricultura Ecológica, Orgánica, Biológica, Agricultura de Conservación, Agricultura Regenerativa, Sistemas Agroforestales, y otros Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, como la mejor opción para la soberanía y seguridad alimentaria.
4. Reconocimiento del rol histórico que campesinos e indígenas han proporcionado para la garantía de la seguridad alimentaria, custodia de una extensa biodiversidad y ha demostrado en la actual coyuntura ser la base además de la alimentación y la salud.

Definitivamente, otras formas de producción, constituidos en el conocimiento y saberes relacionados con la realidad territorial y desarrollo de sistemas de vida, es posible y se están implementando en varios lugares del país con resultados positivos importantes.

La misiva fue también destinada a Eliane Capobianco como ministra de Desarrollo Rural y a María Elva Pinckert en su calidad de ministra de Medio Ambiente.

“Las organizaciones, instituciones y colectivos de todo el país abajo firmantes nos sumamos a la iniciativa del Comité Ecológico Departamental de Chuquisaca, en rechazo a la introducción de nuevas eventos de semillas transgénicas en el territorio nacional”, agregaron.

¿Cuáles son sus argumentos?
Las entidades firmantes del pronunciamiento esgrimieron en su comunicado varias razones en contra de las semillas transgénicas, las cuales detallamos a continuación.

Según éstas:
1. Ponen en riesgo la diversidad biológica nacional ya que Bolivia es uno de los 16 países megadiversos del planeta, y por tanto, centro de origen y de diversidad genética de especies altamente importantes para la seguridad alimentaria como el maíz. Aprobar sin restricciones eventos transgénicos en especies como el maíz atenta contra las 77 razas de maíz que posee el país y son base, actualmente, de la seguridad alimentaria de la población boliviana.
2. Transgrede la Constitución Política del Estado, que en su artículo 255 señala textualmente “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.
3. Transgrede las leyes nacionales y acuerdos internacionales como la Ley 300 de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva, Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica, el «Protocolo de Bioseguridad de Cartagena» del Convenio sobre Diversidad Biológica que Bolivia suscribió el año 2000 y ratificó mediante Ley 2274, 22 de noviembre de 2001, entre otros.
4. La introducción de nuevos eventos de cultivos transgénicos, no son lo suficientemente informados hacia la ciudadanía, y peor aún no toma en cuenta su posición respecto a un tema sensible para la salud y el medio ambiente. La CPE establece que la población tiene el derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente (Art. 343 CPE).
5. Provocará un aumento exponencial del uso de agrotóxicos. Existen evidencias científicas que el uso de agrotóxicos afectan negativamente al medioambiente (suelo, agua y aire), la salud humana y la biodiversidad.
6. Exigimos se lleven adelante monitoreos en campo del evento autorizado (soya resistente al glifosato) como de otros cultivos importantes para Bolivia, ya que de manera especial existe evidencia científica ratificada por la OMS que el Glifosato (herbicida asociado a la soya transgénica) es probablemente cancerígeno.
7. Con el pretexto de seguridad y soberanía alimentaria se viene justificando la deforestación irresponsable en la Amazonía y oriente del país. Estas zonas, en la actualidad, se constituyen en fuentes generadoras de agua y de regulación del clima para todo nuestro país.
8. Será una puerta abierta para el ingreso de otros eventos transgénicos de otras especies, que pondrán en eminente riesgo la diversidad genética de nuestras semillas nativas, criollas, semillas campesinas y semillas de la vida. Las mismas, inducirá la pérdida de la diversidad genética, que nuestros pueblos están recuperando para la soberanía y seguridad alimentaria. Bolivia es un país megadiverso, centro de origen de algunas especies cultivables nativas, donde existe una inmensa diversidad de cultivos según sus ecosistemas y ecorregiones. Lo que nos da la posibilidad de convertirnos como Estado en una potencia agroalimentaria
9. Es un derecho y un patrimonio de los pueblos indígenas preservar y conservar las semillas nativas, la biodiversidad y también la defensa de nuestros saberes y conocimientos ancestrales.
10. Muchos países del mundo están dejando de usar semillas transgénicas por el riesgo para la salud humana, medio ambiente y biodiversidad, optando por una producción más sostenible y saludable, además que se armoniza con el derecho de los pueblos indígenas.
11. Profundiza la dependencia de empresas transnacionales perdiendo soberanía, autonomía y erosión de las prácticas ancestrales, destruyendo la agrobiodiversidad y el patrimonio natural y cultural de Bolivia que son la base fundamental para un verdadero desarrollo sostenible.

Además de esos argumentos, por otro lado, recordaron que nuestro país se encuentra en una coyuntura sanitaria y política especialmente delicada.

“Ante el avance de la pandemia del COVID-19 los esfuerzos de los gobiernos en todos los niveles deben concentrarse en hacer frente a la crisis sanitaria y en mitigar los efectos socioeconómicos sobre las poblaciones más vulnerables y no así en la implementación de políticas por demás polémicas y con efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud”, cuestionaron.

Asimismo sostuvieron sus exigencias amparándose en la máxima normativa boliviana:
– Reivindicamos el carácter participativo promovido por la Constitución Política del Estado que en el parágrafo I de su artículo 241, señala que: “La sociedad civil organizada participará en el diseño de políticas públicas”.
– Concordante con el espíritu constitucional el parágrafo V del artículo 320 de la CPE: “Que las políticas públicas promocionarán el consumo interno de los productos hechos en Bolivia y no de los elaborados en el extranjero.
– De igual forma las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, según el numeral 15 del artículo 30 de la Carta Magna, señala que tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

Fuente: Erbol

Los productos son comercializados, a nivel local, tal es el caso del Sistema Participativo de Garantía SPG eco feria, SPG PAS (productores agroecológicos de sacaba) y el SPG cercado, cubriendo en gran medida la oferta de productos certificados en todo el eje metropolitano del departamento de Cochabamba, explico Sergio Miranda, Jefe departamental de Inocuidad Alimentaria del SENASAG Cochabamba.

“La oferta de productos orgánicos certificados se encuentran en diferentes, mercados móviles, mercados zonales y en las propias parcelas de producción, que desarrollan prácticas de agricultura periurbana agroecológicas, beneficiando a más de 70 familias agricultoras, dispersas en más de 24 comunidades en diferentes municipios de Cochabamba”, dijo Miranda.
Señaló que los productos ofertados son muy variados, basándose en la oferta de variedad de hortalizas, tubérculos y frutas de temporada; los productores están cumpliendo protocolos de bioseguridad, para prevenir y contener al covid-19, utilizando barbijos, distancias mínimas sociales y prácticas de higiene necesarios.

Fuente: Unidad de Comunicación MDRyT

En 2019 el sector avanzó sustancialmente, ANAPO, la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO) y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de Santa Cruz, alegando la baja productividad y problemas ocasionados por la sequía, lograron que el gobierno de Morales emitiera el Decreto Supremo N°3874 de 19 de abril que en su único artículo autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y la soya evento intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal-biodiesel. Hace algunas semanas el Comité Nacional de Bioseguridad admitió de manera abreviada la solicitud de evaluación de producción de soya HB4.

Tristemente hoy 07 de mayo se aprobó el Decreto supremo N°4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento de consumo interno y de comercialización externa.

En una reciente entrevista, Naomi Klein periodista y escritora canadiense ampliamente reconocida por su activismo en materia ambiental, analiza con varios ejemplos cómo “las élites utilizan la crisis del COVID-19 para avanzar en su excluyente hoja de ruta”, y es precisamente eso lo que está pasando en nuestro país.

Los agroindustriales señalan que la pandemia y los efectos económicos posteriores generarán una invasión de productos al mercado local, para lo cual es imperativo acceder a la biotecnología con nuevos eventos transgénicos y ser más competitivos, exigiendo la aplicación de procesos abreviados para la apertura a nuevos eventos transgénicos.

En años anteriores, la sequía de 2014 y caída de precios de la minería y los hidrocarburos, fueron pretexto para lograr en 2015 durante la Cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” una decisión gubernamental histórica de ampliar la frontera agropecuaria al 2025 de cinco a 13 millones de hectáreas, y cambiar la periodicidad del control de la Función Económica Social de la tierra (FES) de dos a cinco años, entre los principales.

Ahora bien ¿cuál es el problema con los transgénicos? Hay muchas transgresiones legales: el país es parte del Convenio de Diversidad Biológica y ha suscrito el Protocolo de Cartagena, aspecto que deriva en un Decreto supremo y un Reglamento de bioseguridad que desde 1997 determinan los procedimientos técnicos para minimizar los riesgos y prevenir los impactos que la introducción, investigación, manipulación, producción, utilización, almacenamiento, transporte, conservación, comercialización, uso y liberación de organismos genéticamente modificados pudieran generar en la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica.

El Comité Nacional de Bioseguridad debe tratar las solicitudes de introducción de semillas transgénicas destinadas la producción, determinando su admisión o no, y en caso positivo, hacer seguimiento a pruebas de campo en condiciones controladas durante tres años que determinen si hay contaminación por flujo genético sobre todo a parientes silvestres del cultivo introducido. Adicionalmente se efectuarán y/o se homologarán estudios sobre posibles efectos en la salud humana. Con esa base se avanza hacia la aprobación de introducción de un evento transgénico.

Pero lo más grave para nuestro país con estos logros de los agroindustriales es que no sólo se estaría favoreciendo la agenda económica de un sector, sino que se está poniendo en riesgo la biodiversidad y la seguridad y soberanía alimentaria del país. La soya y otros productos de la agroindustria si bien aportan al PIB agropecuario nacional, implican un costo ambiental y social muy alto para el país: en superficie ocupan casi dos millones de hectáreas en las mejores tierras de Santa Cruz, aportan sustancialmente a la extinción de bosques, involucran a pequeños productores en sus negociaciones para lograr sus objetivos, se atribuyen garantizar la provisión de alimentos en el país.

Sin embargo, el 80% de su producción es para la exportación, los capitales extranjeros que conforman estas élites productivas buscan llevar al país al modelo de producción insostenible que ha dado muestras claras de exclusión y desplazamiento de los pueblos indígenas, así como despojo de sus tierras y medios de vida, siendo el ejemplo más claro el del Paraguay, entre otros países de la región.

No deberíamos aceptar procedimientos abreviados para la introducción de transgénicos en cultivos como el maíz, del cual Bolivia es centro de diversidad genética. En el país existen al menos 77 razas de maíz que son parte importante de la seguridad alimentaria de los pueblos indígena campesinos de altiplano, valles, chaco, trópico y amazonía, pero también el maíz parte de la cultura culinaria nacional y es generador de muchos conocimientos ancestrales de fitomejoramiento efectuado por los productores hace siglos. El aprobar un evento transgénico por un procedimiento abreviado en el maíz eliminará toda posibilidad de demostrar los riesgos de flujo y contaminación genética en las pruebas controladas en campo que prevé la norma.

Hay que recordar que el maíz al tener polinización cruzada tiene un alto rango de dispersión del polen, por otro lado, en el maíz, así como en otros cultivos tradicionales base de la seguridad alimentaria, el intercambio de semillas tradicional que hacen los productores pone en serio riesgo que este pueda dispersase más allá de los centros de producción transgénica, y con ello, se contamine toda la riqueza genética que el país posee en esta especie y sus parientes silvestres.

Esperamos desde nuestra condición de bolivianos/as que amamos nuestra patria y su condición de mega diversidad, que amamos el cúmulo cultural de los pueblos indígena campesinos y que amamos la vida y hemos podido valorarla aún más en este contexto de coronavirus que vive el planeta, que estas medidas sean reflexionadas y revertidas.

Es importante recordar a nuestros gobernantes que no se debería actuar al calor de lo urgente sino de lo importante y sostenible, pensar que somos más que números y cifras que hacen al PIB, pensar que hay modelos alternativos de producción liderados por un conjunto importante de pequeños productores que hacen al 94% de las Unidades Productivas Agropecuarias del país y que están demostrando que es posible lograr beneficios sociales, económicos y ambientales a partir de la gestión integral de bosques, los sistemas agroforestales, la producción agroecológica, la producción orgánica, la producción diversificada, entre otros.

Modelos de producción en los que aún se conservan las semillas, aun se hace trueque, aun prima el bienestar del otro no solo como ser humano sino como la fauna y la flora, en la que aun la Madre Tierra es importante y somos parte de ella. Sólo si pensamos en el bien común podremos salir de esta crisis siendo mejores personas, siendo una mejor sociedad, no volvamos a la normalidad a la que nos hemos acostumbrado en que priman intereses sectoriales y económicos, en palabras de Klein “lo normal es mortal, necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida”.

Fuente: Cipca

Técnicos del programa PROMOSCA del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), realizaron los servicios de cambio de atrayentes en trampas preparadas para la denominada “mosca de la fruta”, que ataca y destruye la producción frutícola de la zona, recorriendo las rutas de trampeo y visitando a 30 productores de durazno de los municipios del Valle Alto

“El monitoreo de la mosca de la fruta realizó para dar seguimiento de manera continua a la dinámica poblacional de la mosca de la fruta adulta del genero Ceratitis capitata y determinar el índice poblacional MTD (Moscas Trampa Día) de la plaga en un espacio y tiempo determinado, en base a los resultados del MTD, se tomaran las decisiones fitosanitarias para la aplicación de los métodos de control y realizar ajustes a la propuesta del plan de control de la mosca de la fruta elaborada en coordinación con la Facultad de Ciencias Agrícolas, pecuarias y Forestales FCAPyF de la UMSS” sostuvo Edwin Torrez Huanca, Técnico del PROMOSCA.

Indicó que el monitoreo se realizó siguiendo las rutas de trampeo establecidas en los municipios de Arbieto, Toco, San Benito, Araní, Villa Rivero, Tacachi y Villa Gualberto Villarroel, visitando a 30 fruticultores en total.

Torrez, indicó que se sigue sensibilizando a los productores de frutas y población del área urbana de los municipios, para que continúen con el colocado de las trampas caseras en los huertos de producción y de traspatio que permitirá disminuir la población de mosca adulta de la especie Ceratitis capitata en el Valle Alto.

Fuente: Unidad de Comunicación MDRyT

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo – ANAPO, a través de su Presidente, Marcelo Pantoja, destacó la decisión política del Gobierno Nacional, de permitir al sector productivo, el acceso al uso de la biotecnología en los cultivos de soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar, con la evaluación de nuevos eventos de semilla genéticamente mejorada. “Consideramos que es una decisión acertada que permitirá a los productores, principalmente pequeños, a mejorar sus niveles de productividad y competitividad, además de hacer frente a los efectos climáticos adversos, especialmente de sequía, que nos generaron cuantiosas pérdidas productivas y económicas en los últimos cuatro años¨.

Señaló qué con la medida asumida, el Gobierno Nacional está generando condiciones más adecuadas para que los productores continúen produciendo alimentos para garantizar la seguridad alimentaria del país, más aún en estos momentos críticos que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus. “Los productores no podemos continuar rezagados con los avances tecnológicos existentes y el uso de la biotecnología nos permitirá nivelar nuestros niveles de productividad a los que tienen los productores de países vecinos como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, donde utilizan esta tecnología desde hace más de 15 años¨.

Indicó que el impacto productivo y económico será importante, porque permitirá que la agropecuaria se pueda convertir en uno de los principales sectores que contribuya a la recuperación económica que necesita el país.

¨Estimamos que podemos llegar a triplicar la producción anual de granos de 4,5 millones de toneladas actuales a 12 millones de toneladas, con un movimiento económico de 2,8 mil millones de dólares, que serían distribuidos en toda la cadena productiva de alimentos, con un efecto multiplicador importante para dinamizar la economía y para generar más de 300 mil empleos directos e indirectos¨.

Acotó que como sector productivo van a realizar todos sus esfuerzos para que a la brevedad se presenten los nuevos eventos de biotecnología para la evaluación correspondiente del Comité Nacional de Bioseguridad.

Fuente: Unidad de Comunicación ANAPO