Los ministros de Trabajo, Oscar Mercado, y de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez, presentaron, este lunes, su «renuncia irrevocable» a esos cargos.

Las dimisiones se registraron luego de que Oscar Ortiz manifestó que no renunció a su puesto como ministro de Economía y Finanzas Públicas, pero conoce que el Gobierno ya eligió a otra persona para ocupar su puesto.

Ambas autoridades, por separado, dieron a conocer que dejaron el cargo, mediante dos comunicados emitidos por las respectivas carteras de Estado.

Mercado se desempeñó como ministro de Trabajo desde diciembre de 2019, mientras que Martínez ejerció el puesto desde julio de este año.

Fuente: ABI

A consecuencia del interés geopolítico del Gobierno de Evo Morales en el proceso de dotación de tierras fiscales, se identifica que el 95 por ciento de más de 1.550 asentamientos humanos en tierras fiscales del país tienen irregularidades, sobre todo procedimentales.

Según el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, 845 asentamientos humanos están en la Chiquitanía, región que, coincidentemente, es la más afectada por los incendios forestales.

Mientras el Viceministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) esperan el desembolso de un financiamiento del Consejo Nacional de reducción de Riesgos y atención de Desastres (Conarade) para retomar el trabajo de inspección técnica en los asentamientos irregulares en la Chiquitanía, surgen críticas por parte de especialistas que observan una inacción para frenar los incendios forestales justamente provocados por los asentamientos.

En base a datos de la Dirección General de Administración de Tierras del INRA, Terrazas indicó que el 95 por ciento de los asentamientos presentan errores en la conformación de sus carpetas: sólo cuentan con fotocopias, no están foliadas, carecen de documentación, incumplieron el protocolo para la distribución de tierras, entre otros.

La autoridad explicó que el proceso de distribución de tierras inicia en las direcciones departamentales del INRA, adonde las comunidades interesadas en beneficiarse con la dotación deben hacer llegar sus solicitudes. Esa documentación deberá pasar a la dirección nacional del INRA para el inicio del trámite. Sin embargo, Terrazas señaló que las solicitudes llegaban directamente al Viceministerio de Tierras, que no tiene competencia para iniciar el trámite.

Otro de los procedimientos omitidos fue el contar con el visto bueno de la Comisión Agraria Departamental, ya que ello, según la autoridad, podría representar una negativa a la solicitud de distribución de tierras fiscales, sobre todo si éstas contenían irregularidades.

“Había una intencionalidad geopolítica por parte del Gobierno anterior de poder meter gente afín, alineada al Gobierno del MAS, a municipios dentro de la Chiquitanía donde obviamente nunca había ganado el MAS para poder ser el punto de equilibrio en la balanza en favor del MAS en esta región”, dijo.

Pero también surgen críticas al accionar de las actuales autoridades de Gobierno. Alcides Vadillo, director regional Oriente de Fundación Tierra, durante el webinario “Incendios 2020, actualización y balances”, aseguró que este año no se está haciendo nada para cambiar ocurrido en 2019, cuando los incendios forestales afectaron a cerca de 4 millones de hectáreas en Santa Cruz.

A diferencia de las cifras oficiales expuestas por Terrazas, Vadillo afirma que los asentamientos en la Chiquitanía llegan a 1.400 y que las autoridades del INRA solamente revisaron 23 y observaron 13. “De los demás no hay noticias del INRA, no sabemos dónde están y no sabemos qué está pasando”, dijo.

El investigador observó que todo el paquete de normas agrarias que promovieron los incendios forestales siguen intactas. “Durante un año no hemos tenido voluntad de cambiar ninguna de estas medidas que han generado ese desastre”, agregó.

Vadillo hace referencia a normas como la Ley 337, que establece un perdonazo a los desmontes ilegales; la Ley 741, que amplía la autorización de desmonte de cinco a 20 hectáreas sin mayores trámites ni requisitos; la Ley 1098, que abre la ampliación de la frontera agrícola para la producción de etanol, y el Decreto 3973, que autoriza desmontes y quemas en tierras de producción forestal.

También citó normas relacionadas al uso de semillas transgénicas orientadas a la producción de biodiésel y la autorización de exportación de carne bovina a China.

En la misma línea, Leonardo Tamburini, investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (Cejis), añade que también se debe abrogar el Decreto 3242, que autoriza la evaluación del uso de cinco cultivos transgénicos en Bolivia, además del artículo 5 del Decreto 26075, que permite convertir tierras de producción forestal permanente a uso agrícola en el departamento de Santa Cruz.

Tamburini considera que el anuncio de la presidenta Jeanine Áñez de abrogar el Decreto 3973 no soluciona el problema de los incendios forestales, puesto que hay un paquete de al menos 10 normativas que hacen posible la destrucción de los bosques.

Por su parte, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Víctor Hugo Añez, anunció que en los próximos días la presidenta Jeanine Áñez enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para revocar la Ley 741 al considerar que es una de las principales causas de los incendios.

Desmontes suben 811% en siete años
Según datos de la ABT, los desmontes autorizados entre en la gestión 2012 llegaban a 28.440 hectáreas, mientras que en 2019 llegaron a 259.280, lo que representa un incremento de al menos un 811 por ciento.

Al respecto, Alcides Vadillo, director regional Oriente de Fundación Tierra, durante el webinario “Incendios 2020, actualización y balances”, indicó que este crecimiento del desmonte tiene una relación estrecha con la Ley 337 del año 2013 y la Ley 741 de 2015, que establecen el perdonazo y la autorización para la ampliación de desmontes.

El 52% de los incendios se da en tierras fiscales
El 52 por ciento de la superficie afectada por los incendios forestales en 2020 en el departamento de Santa Cruz, que superan las 550 mil hectáreas, corresponde a tierras fiscales, de modo que existe una relación directa entre los incendios y los asentamientos humanos.

Este análisis corresponde a Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, quien afirma que el Estado no está cumpliendo su obligación de controlar y proteger a las tierras fiscales, donde legalmente no debieran existir asentamientos humanos.

Colque explicó que las tierras fiscales están siendo disputadas y, de a poco, apropiadas por grupos que creen ser los propietarios y empiezan a realizar quemas ante la permisividad del Gobierno nacional que no hace cumplir las normas.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, ratificó que la mayor parte de los incendios forestales se registran en tierras fiscales que fueron entregadas a diversas comunidades durante el gobierno de Evo Morales, las cuales, amparadas en el Decreto 3973, proceden a realizar quemas y pequeños desmontes que derivan en incendios.

Justiniano agregó que existe una falta de planificación y supervisión por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a la actividad de estas comunidades.

Fuente: LA PRENSA