Paraguay nos invita a reflexionar sobre una verdad fundamental: el desarrollo económico necesita ética pública, independencia de poderes y gobiernos al servicio de la ciudadanía.
Lic. Lavive Yáñez Simon
Comunicadora Social y Ganadera
¿Qué hace que un país transforme sus recursos en desarrollo y no se quede solamente en el potencial que posee?
Paraguay nos ofrece una oportunidad para reflexionar. Su crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y reconocimiento internacional han demostrado que es posible construir condiciones de inversión y producción aun enfrentando limitaciones geográficas y estructurales.
Pero los acontecimientos de noviembre de 2026, tras la crisis de Ueno Bank y la salida del presidente Santiago Peña, han puesto a prueba algo todavía más importante: la fortaleza de sus instituciones.
Más allá de las responsabilidades que deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes, hay una cuestión fundamental: ¿puede una autoridad estar por encima de la ley?
La independencia de poderes se demuestra precisamente cuando las instituciones ejercen sus atribuciones sin someterse a intereses personales o partidarios. Fiscalizar, investigar y exigir responsabilidades no debería depender de quién gobierna.
Aquí encontramos una lección para Bolivia: los gobiernos no son propiedad de los partidos políticos que llegan al poder. Son administraciones temporales de un Estado que pertenece a la ciudadanía y debe servir a todos.
¿De qué sirve tener recursos naturales, tierras productivas y enormes oportunidades si no contamos con instituciones capaces de administrarlos responsablemente?
La riqueza no se genera únicamente por lo que un territorio posee, sino por su capacidad de organizarse, producir, transformar, atraer inversiones y crear oportunidades. Para ello se necesitan reglas claras, seguridad jurídica, transparencia y continuidad en las políticas públicas.
Esta es precisamente la visión que construimos desde Acción Social: generar riqueza fortaleciendo capacidades desde los municipios, articulando productores, agricultores, ganaderos, emprendedores, universidades y empresas. Pero también construyendo una institucionalidad ética que garantice confianza, responsabilidad y respeto a las normas.
No se trata de idealizar a Paraguay ni de copiar su experiencia. Se trata de aprender que el crecimiento económico necesita fundamentos institucionales y que el desarrollo no puede depender de la voluntad de un gobernante ni de los intereses de un partido.
No basta con tener un país rico en recursos; necesitamos un Estado institucionalmente fuerte para convertir esa riqueza en bienestar ciudadano.
