La cadena productiva del arroz atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Los bloqueos de carreteras y el clima de convulsión social que vive el país están provocando graves perjuicios económicos a los productores, quienes advierten que las pérdidas ya superan los 30 millones de dólares y que la falta de liquidez amenaza la próxima campaña agrícola.
La ex presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA), Ana Isabel Ortiz, explicó que gran parte de la producción permanece almacenada en los ingenios debido a la imposibilidad de transportarla hacia los principales centros de consumo.
«El producto está estocado en los ingenios y no ha podido salir al interior del país, que es el principal mercado para los pequeños productores. Tampoco puede comercializarse normalmente en Santa Cruz porque el mercado está inundado de arroz de contrabando, principalmente proveniente de Paraguay», señaló.
La situación es aún más crítica para los agricultores del departamento del Beni, donde muchos productores concluyeron la cosecha, pero no lograron trasladar el grano debido a las interrupciones en las carreteras. Como consecuencia, parte de esa producción se deterioró antes de llegar a los centros de acopio, generando pérdidas directas y reduciendo la capacidad económica de las familias productoras.
Según Ortiz, la crisis golpea a un sector que ya venía afectado por condiciones climáticas adversas y elevados costos de producción.
«El productor no está recuperando ni sus costos. Ha enfrentado problemas climáticos, además de haber comprado diésel hasta en 16 bolivianos por litro en algunos casos. Hoy no tiene cómo pagar sus deudas ni capital para volver a sembrar», afirmó.

Las cifras reflejan la importancia estratégica del cultivo para el abastecimiento nacional. Santa Cruz y Beni concentran entre el 80% y el 90% de la producción boliviana de arroz, con una superficie cultivada cercana a las 150.000 a 160.000 hectáreas. Este año, debido a los bajos rendimientos, la producción se estima en aproximadamente 600.000 toneladas, volumen inferior a la demanda nacional, que ronda las 750.000 toneladas anuales.
A pesar de ese déficit estructural, el ingreso ilegal de arroz extranjero continúa desplazando a la producción nacional. El sector estima que cada año ingresan al país entre 150.000 y 200.000 toneladas de arroz de contrabando, generando una competencia desleal que presiona a la baja los precios pagados al agricultor.
De acuerdo con la dirigente, los costos de producción superan los 1.500 dólares por hectárea, mientras que los precios obtenidos por el productor han oscilado entre 40 y 80 dólares por fanega, niveles que no permiten recuperar la inversión realizada.
El problema, sin embargo, trasciende la coyuntura económica inmediata. La falta de comercialización está afectando el flujo financiero del sector y comprometiendo la próxima campaña agrícola.
Sin recursos para cancelar créditos, adquirir semillas, fertilizantes y combustible, muchos agricultores podrían reducir su superficie de siembra o incluso abandonar temporalmente la actividad.
Ortiz advirtió que mantener la actual situación podría tener consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria del país.
«No podemos seguir afectando la producción nacional en un momento en que estamos terminando la cosecha. Si el productor no puede vender, no podrá volver a sembrar, y eso tendrá efectos sobre el abastecimiento futuro», sostuvo.
Para el sector arrocero, la normalización de las vías de transporte, el control efectivo del contrabando y la generación de condiciones de estabilidad para la comercialización son factores indispensables para evitar que una crisis coyuntural se transforme en un problema estructural para uno de los principales alimentos de la mesa de los bolivianos.
Redacción: Publiagro



















