Gobierno aclara que decreto sólo define proceso de evaluación a viabilidad para uso de biotecnología

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La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, aclaró que el Decreto Supremo 4232 recientemente promulgado, aprueba un procedimiento evaluativo para ver la factibilidad o no en el uso de biotecnología en determinados cultivos.

“Con el Decreto aprobado, en ningún momento se ha aprobado directamente el uso de ningún cultivo que sea genéticamente modificado; lo que se ha hecho es aprobar un procedimiento abreviado, para que a través de este, una Comisión Nacional de Bioseguridad, sea la que defina con estudios en campo, si es que pueden o no ser aplicados esto cultivos en nuestro país o no” manifestó en conferencia de prensa Capobianco.

Indicó que ante la crisis mundial por el coronavirus, el país debe analizar los mecanismos que permitan producir más alimentos, principalmente para garantizar el consumo interno.

La autoridad, manifestó que la mayoría de los países en el mundo, ya utilizan biotecnología para mejorar el rendimiento de sus cultivos en productos que llegan en grandes cantidades al país y que en la actualidad son consumidos cotidianamente por la población boliviana.

Sostuvo que el país, debe abrirse a incursionar en nuevos escenarios de biotecnología para producir más alimentos, en base a estudios científicos que garanticen la seguridad de las personas además de que el uso de biotecnología abriría la posibilidad de aperturar 300 mil nuevos empleos.

La ministra, recordó que en 2005, el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa, ya aprobó, mediante una resolución multiministerial, que luego se elevó a Ley en el gobierno del MAS, la producción y comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato, en lo que fue la primera incursión de los transgénicos en Bolivia.

En la conferencia, Marín Condori Mamani, director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), explicó que entre 2005 y 2015, el uso de biotecnología en la producción de soya permitió al país un ahorro de $us 177 millones en la compra de herbicidas, evitó un desmonte de 230.000 hectáreas, se registró una producción adicional de 4 millones de toneladas del producto y su exportación generó $us 1.700 millones adicionales.

Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI