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La deforestación ilegal ya se comió 210 hectáreas del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá

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Un nuevo desmonte de 7 hectáreas fue realizado entre 6 y 11 de julio de 2022, dentro del Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paraguá, de San Ignacio de Velasco, pese a que ese pulmón verde se encuentra registrado como Tierra Fiscal No Disponible.

Reportaje publicado originalmente en Revista Nómadas.

El desangre ambiental no para dentro del Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz, Bolivia.

El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), realizó un reciente análisis de la deforestación en el área protegida Bajo Paraguá de San Ignacio, usando imágenes satelitales Sentinel-2 de fecha 15 de agosto de 2022. En este trabajo se pudo detectar que la superficie desmontada alcanza las 210 hectáreas.

Esta imagen muestra que se abrió una última brecha de 7 kilómetros de longitud en esta área protegida, entre el 6 y 11 de julio del 2022.

Cronológicamente, el Observatorio ha detectado cuatro áreas de desmonte en esta área protegida, los cuales están señalados en el mapa. En promedio las brechas presentan una longitud de 7 kilómetros.

El punto A1 tiene una superficie de deforestación de 167 hectáreas. Este desmonte se inició en el mes de noviembre del 2019 y hasta el año 2020 se tenía registrada una superficie de 67 hectáreas. Pero entre 2021 y 2022 se registró un incremento de la deforestación de 100 hectáreas.

El punto A2 es una brecha que fue abierta entre el 12 de enero y el 01 de febrero del 2021 y tiene una superficie de 12,53 hectáreas.

El punto A3 es una brecha realizada entre el 17 de enero y el 11 de febrero del 2022, en el que se desmontaron 8,79 hectáreas.

El punto A4 es un desmonte de 7 hectáreas y fue realizado entre el 6 y 11 de julio del 2022, según los datos del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano.

El Área Protegida Municipal de Bajo Paraguá también es una Reserva Forestal desde el año 1988, comprende una superficie de 1.360.796 hectáreas y está ubicada en los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco en Santa Cruz.

La Reserva Forestal y Área Protegida Municipal de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz, Bolivia), tiene tres grandes candados que hasta ahora no lo han podido proteger del ingreso de los avasallamientos ni de los desmontes ilegales. El 18 de junio del 2021, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), después de haberse fijado en sus archivos y base de datos, confirmó a través de un informe técnico que este pulmón verde y herido de Bolivia se encuentra registrado como Tierra Fiscal no Disponible, reveló también que rechazó 59 solicitudes de otorgación de tierras y aclaró que no inició ni iniciará procesos de dotación en esa zona de la Chiquitania.

Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá son oficialmente ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora porque los avasalladores siguen avanzando.

Con la confirmación del INRA, el Bajo Paraguá tiene en papeles y en teoría tres escudos protectores: Además de ser Reserva Forestal Permanente y Tierra Fiscal no Disponible, tiene el título de Área protegida Municipal de San Ignacio de Velasco: tres candados que están unidos uno a otro, amparados por las leyes bolivianas que en la práctica son vulneradas por avasallamientos y desmontes perpetrados por los llamados interculturales que han manifestado en varias oportunidades su afinidad con el partido de gobierno del MAS.

Pese a estas corazas de normas y papeles, no cesan las denuncias de avasallamientos y desmontes en el Bajo Paraguá. Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá ya oficialmente son ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora, porque los avasalladores —tal como queda en evidencia tras la apertura de la nueva brecha de siete kilómetros de largo que fue abierta entre el 6 y 11 de julio del 2022— se siguen campeando libres y sin frenos, desmontando el bosque.

Tras la denuncia que hizo Revista Nómadas el 29 de agosto, de que una nueva brecha de 7 km se había abierto dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, la presidenta del Comité de Gestión, Maida Peña, se movilizó para exigir al alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Carlos Dorado, actúe de inmediato, realice inspecciones y acciones legales ante los desmontes al interior de la Reserva Forestal y Área Protegida Municipal.

Además, Maida Peña reveló, a través de un video, que los deforestadores del Bajo Paraguá, no son ningunos pobrecitos y que van en caravanas con movilidades de lujo a destrozar el bosque. En el video se pueden ver filas de vehículos a un costado del camino, en la zona donde se está realizando la deforestación.

Además, la nueva deforestación ilegal dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, causó una ola de críticas a las instituciones nacionales y departamentales, por no defender uno de los pulmones más importantes que tiene el país y el continente.

La diputada María René Álvarez, de Creemos, remitió el 30 de agosto, una nota a la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas y ante Naciones Unidas alertando sobre el aumento de avasallamientos y usurpación de tierras en el Área Protegida Bajo Paraguá y su pedido de exhortación al Estado boliviano sobre la toma de acciones oportunas.

Tras agotar los recursos de denuncia internos, la parlamentaria optó por acudir a organismos internacionales ante la indiferencia de las autoridades nacionales frente a un problema que tiende a agravarse por la proliferación de grupos de los denominados “interculturales”, que insisten en tomar áreas protegidas en la chiquitania.

“… se solicita a su autoridad que, en el marco de su mandato y atribuciones, realice un llamado al gobierno boliviano dirigidos a la protección inmediata de derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados, con el fin de proteger y preservar el área protegida de Bajo Paraguá como un bien mayor natural”, señala parte de la nota de prensa emitida por la diputada Álvarez.

En esa nota de prensa la diputada Álvarez, atribuye los asentamientos humanos ilegales a personas ligadas al partido del gobierno en funciones Movimiento Al Socialismo (MAS), grupos ilegales que además incurren en hechos de deforestación y otras acciones supuestamente productivas que no son sostenibles que están ocasionando el aumento de incendios forestales, sequías y pérdida de biodiversidad.

‘‘El sistemático asalto a las tierras de las comunidades originarias, especialmente chiquitanas, con una clara intención partidaria colonizadora del MAS mediante grupos denominados interculturales, de no ser resueltos con firmeza dentro de los mandatos constitucionales, condena a la desaparición de las tierras protegidas…”, alerta la parlamentaria.

Fuente: El Deber

Banco Unión y BDP abonan Bs 1.181 millones del crédito SIBOLIVIA a 8.900 unidades productivas

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El Banco Unión y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) desembolsaron, hasta el 28 de agosto, Bs 1.181 millones (93,6%) de los Bs 1.261 millones del Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) del crédito SIBOLIVIA que benefició a 8.900 unidades productivas micros, pequeñas, medianas y grandes, informó este jueves el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

“De estos 1.261 millones de bolivianos ya se ha desembolsado a la fecha 1.181,5 millones de bolivianos. (De esa cantidad, el) 40 por ciento lo ha hecho el Banco de Desarrollo Productivo y el 60 por ciento lo ha hecho el Banco Unión”, indicó en una rueda de prensa, en La Paz.

De acuerdo con los datos del ministro, ese monto fue desembolsado a un total de 8.900 unidades productivas, de las cuales 2.435 son de La Paz, 2.183 de Cochabamba, 1.677 de Santa Cruz, 1.120 de Chuquisaca, 610 de Tarija, 364 de Potosí, 309 de Oruro, 170 de Beni y 32 de Pando.

Del total desembolsado, Bs 397,6 millones (34%) corresponde a Santa Cruz, Bs 321,5 millones (27%) a La Paz, Bs 243,1 millones (21%) a Cochabamba, Bs 73,2 millones (6%) a Chuquisaca, Bs 61,9 millones (5%) a Tarija, Bs 28,5 millones (2%) a Beni, Bs 26,5 millones (2%) a Oruro, Bs 25,8 millones (2%) a Potosí y Bs 3,5 millones (0,3%) a Pando.

Por tamaño de empresa, de los 1.181 millones desembolsados, el 53% (Bs 626 millones) fue requerido por la microempresa, el 29,4% (Bs 347 millones) por la gran empresa, el 15,9% (Bs 187,7 millones) por la mediana empresa, el 1,8% (Bs 20,9 millones) por la pequeña empresa.

De las 8.900 unidades productivas beneficiadas, el 98% (8.725) son micros empresas, el 1,1% (97) medianas compañías, el 0,5% (44) grandes empresas y el 0,4% (34) son pequeñas empresas.

Del total desembolsado, Bs 840,6 millones (71,1%) fue para industria manufacturera, Bs 326,4 millones (27,6%) para agricultura y ganadería y Bs 14,5 millones (1,2%) para caza, silvicultura y pesca.

“Obviamente los recursos se han ido acabando y agotando y hay una cantidad de unos 83 millones (de bolivianos) en tubería para ser desembolsados por ambos bancos y muchos productores han visto como importante este crédito”, añadió Montenegro.

Detalló que las actividades beneficiadas con este crédito son cultivo de cereales, hortalizas legumbres; cría de ganado; elaboración de productos cárnicos; preparación de frutas; confección de prendas; laminado de metales; fabricación de muebles, envases de plástico, goma, calzados de cuero, joyas; granjas piscícolas, entre otros.

Para fortalecer la sustitución de importaciones, el Gobierno nacional determinó adicionar recientemente Bs 1.132 millones al fondo para otorgar el crédito SIBOLIVIA, a una tasa fija anual de 0,5% de interés.

Desde su creación hasta el momento, el fondo alcanzó a un total de Bs 2.393 millones, recursos que tienen la finalidad de “seguir dándole la fuerza” al programa de sustitución de importaciones, afirmó el ministro.

Fuente: Abi

Bolivia acogerá el próximo año al VIII Congreso Mundial de la Quinua

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El objetivo es generar espacios de intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación sobre la cadena productiva del grano.

Bolivia será la sede del VIII Congreso Mundial de la Quinua que se desarrollará en marzo del próximo año, cuyo lanzamiento oficial está previsto para septiembre de esta gestión.

La información fue confirmada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, quien indicó que la actividad se coordina con el Centro Internacional de la Quinua.

La autoridad explicó que el objetivo de dicho congreso es generar espacios de intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación, así como de conocimientos y experiencias ancestrales sobre el desarrollo de la cadena productiva de la quinua y especies afines en el contexto mundial.

Manifestó que este escenario es propicio para debatir temas que atañen a la cadena productiva del grano, la importancia del cultivo en el ámbito nutricional, social y cultural, pues es un producto que puede servir para contrarrestar el hambre en el mundo.

El VIII Congreso Mundial de la Quinua se desarrollará del 28 al 31 de marzo de 2023, contará con exposiciones de expertos nacionales e internacionales, quienes darán a conocer avances científicos y conocimientos ancestrales sobre el grano.

Así también —dijo el ministro— está prevista una visita a los cultivos de la quinua, que están en la etapa final de maduración, en la zona “intersalar” de Potosí.

De acuerdo con la organización del evento, el lanzamiento oficial se efectuará el 21 de septiembre de 2022.

Gonzales indicó que se espera que concurran al evento representantes de los países productores y no productores, que aportan al desarrollo del complejo productivo de la quinua.

Fuente: Ahora el Pueblo

El agro cruceño rechaza la intención de modificar la norma agraria y forestal

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Ante la conformación de mesas de trabajo entre el sector campesino de Santa Cruz y el Gobierno nacional para abordar la modificación de la normativa agraria y forestal, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó su rechazo al considerar la eventual modificación va en contra del medioambiente, la seguridad jurídica y de la seguridad alimentaria.

“Como sector agropecuario, rechazamos rotundamente la intención de un sector minoritario, impulsada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz Apiaguaki Tüpa, de pretender modificar normas vigentes de los últimos 25 años, a la que todo el sector productivo nacional se ha regido conforme a ley”, señaló la CAO en un pronunciamiento público.

Cabe mencionar que, desde pasados días, el mencionado sector campesino exige al Gobierno una nueva ley de tierras, el análisis de las tierras fiscales no disponibles, la anulación de las concesiones forestales, además de la modificación del decreto 29215 que reglamenta la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria.

Según la CAO, dichos pedidos son un total despropósito y generan una alta preocupación al sector agropecuario, “debido a que venimos cumpliendo las normas y reglas establecidas hace más de dos décadas para llevar adelante el proceso de saneamiento”.

“Los productores hemos rendido examen para consolidar nuestro derecho propietario, y cuando estamos llegando al final de un calvario tortuoso un grupo minoritario quiere cambiar las reglas para apropiarse de las áreas protegidas, reservas forestales y tierras productivas”, agregó la CAO.

Fuente: Los Tiempos

Revista Mascotas | septiembre 2022

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La locomotora cruceña aporta 30% al PIB del país y $us 2.219 millones a exportaciones

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La resiliencia cruceña tiene que ver con su base agropecuaria, agroindustrial, agroexportadora y forestal, especialmente en el primer caso. La región lidera las exportaciones agropecuarias con $us 1.382 millones.

Santa Cruz, bastión y locomotora económica del país, aportó más del 30% ($us 12.335 millones) al Producto Interno Bruto (PIB nacional) en 2021 -superando a La Paz, $us 11.269 millones (28%) y Cochabamba, $us 5.852 millones (14%)- y hasta junio de este año contribuyó con $us 2.219 millones (32%) de las exportaciones nacionales, cuyo valor total hasta ese mes superaron $us los 7.000 millones.

La resiliencia cruceña tiene que ver con su base agropecuaria, agroindustrial, agroexportadora y forestal, especialmente en el primer caso. Así, en 2021, la soya y derivados generaron $us 1.365 millones de exportación (más de 2,5 millones de toneladas); girasol y derivados, más de $us 135 millones; carne de ganado bovino, $us 102 millones; azúcar, alcohol, leche, frejol y otros, por más de $us 160 millones. Los productos madereros cuestan casi $us 100 millones, todo ello, luego de atender plena y cómodamente la demanda interna.

El aporte al PIB cruceño de los micro, pequeños, medianos y grandes productores privados supera el 12% de los “servicios de la administración pública” (frente a La Paz, 21% y Cochabamba, 20%). También se destaca el aporte del sector servicios en más de 50% al PIB regional, donde los actores no son el Estado o las transnacionales, sino, principalmente, los oriundos y migrantes del interior.

A juzgar por el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, el aporte de Santa Cruz al PIB nacional es gracias a su modelo de desarrollo basado en cinco factores (tierra, trabajo, capital, tecnología e institucionalidad)- y en cinco valores (libertad, individualidad, cooperativismo, competencia e integración).

Además, -asegura- es el crisol de la bolivianidad con una migración interna que ha llevado al departamento a ser el más poblado del país, con 29% del total; los oriundos, los migrantes internos y externos (japoneses, menonitas, rusos, brasileños, argentinos, etc.), invierten, producen y hacen familia en la región. “Gracias a ello, la región produce el 76% de los alimentos del país; aporta con 32% a las exportaciones totales; con 75% a las Exportaciones No Tradicionales (ENT) y con 87% a las agroexportaciones”, destacó Rodríguez, que ve que el desafío es triplicar la producción de alimentos al 2025, de forma económica, ambientalmente sostenible y socialmente responsable; desarrollar una economía de servicios (hub aéreo, hidrovía Paraguay-Paraná, corredor interoceánico, turismo histórico, cultural, gastronómico y de negocios) y la nueva economía del conocimiento.

Según el IBCE, el principal producto de exportación hasta junio de 2022 fue el gas ($us 1.428 millones); seguido del oro, con $us 1.397 millones; la soya y derivados con $us 1.144 millones y el zinc con $us 979 millones. Resalta el sitial para la soya, recurso renovable que se envía con valor agregado, muy cerca de superar al gas y a los minerales mencionados.

Desde la organización empresarial destacan la evolución de las ENT, registrando al primer semestre su máximo aporte al valor global en 17 años (29%), mientras que, las ventas tradicionales lo hicieron en 71% (49% minerales y 21% hidrocarburos), además se confirmar la supremacía de las ENT (agropecuarias, agroindustriales, forestales, madereras, manufactureras y artesanales) sobre las ventas de hidrocarburos que hace pocos años representaron la mitad de las exportaciones.

Santa Cruz, es el primer exportador de Bolivia aportando, hasta junio, $us 2.219 millones (32% del total); seguido por Potosí, con $us 1.536 millones (22%) y La Paz con $us 1.330 millones (19%). Con más de cuatro millones de toneladas de carga despachadas, el departamento aportó hasta junio un 52% al volumen total de exportación del país.

En cuanto a las ENT, la región contribuyó con $us 1.525 millones (75% del valor) y 2,2 millones de toneladas (80% del volumen). En exportaciones agropecuarias es primero, con $us 1.382 millones (87% del valor) y dos millones de toneladas (94% del volumen).

 

El sector pecuario dinamiza y jala la economía de la región y el país
El martes, con motivo de la presentación del ‘Portafolio estadístico del sector ganadero bovino 2021’, proyecto de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), su presidente Adrián Castedo, compartió cifras que son motivos de orgullo para la región.

Entre otros datos, afirmó que la población ganadera bovina asciende a 10.385.482 cabezas. Del total, el 44% está en Santa Cruz, el 30,1% en Beni, el 6,7% en Chuquisaca y el resto en los demás departamentos del país. En valor bruto de producción bovina el sector generó $us 838,7 millones en 2021.

Santa Cruz tiene 81 predios habilitados para exportar carne, es decir, el 99% de todo el país. El año pasado, las ventas externas de carne y derivados sumaron $us 100 millones y al primer semestre de 2022 rozan los $us 80 millones.

El informe proyecta que el saldo exportable de carne vacuna suba en 35,6%, de 51.739 toneladas este año a 70.189 en 2030.

El sector constructor de Santa Cruz atraviesa una fase de recuperación progresiva que se sostiene en gran medida por los emprendimientos del sector privado, sin embargo, no llega todavía a los niveles anteriores a la pandemia. Para el segundo semestre de este año, se proyecta un crecimiento del 2,42%, con base a datos históricos de los últimos tres años.

Hasta abril de la presente gestión, con datos de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), se vendieron 855.075 toneladas métricas de cemento, a nivel nacional, mostrando un incremento de la demanda de cemento para la construcción que repercutió de manera importante en la economía nacional, con mayor incidencia en Santa Cruz, el cual registra 239.453 toneladas métricas de cemento vendidos hasta el mencionado mes.

A 16 días de Expocruz, ‘Nuestra feria, la mejor del mundo’, que encarna el ADN pujante, emprendedor y optimista de Santa Cruz, proyecta superar el medio millón de visitantes, participan 2.000 marcas expositoras y más de 20 países y delegaciones internacionales.

La muestra ferial septembrina generará más de 75.000 fuentes de empleos, con un impacto del 2,5% del PIB cruceño. La feria internacional reúne a los sectores productivos en un solo lugar, como la mayor muestra multisectorial de Bolivia. Para esta versión retornan de Tigo, Viva y AXS Bolivia, ausentes por varios años.

Fuente: El Deber

Industria manufacturera concentra el 50% de las exportaciones bolivianas al mundo

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La industria manufactura concentra el 50% de las exportaciones del país al mundo a julio de este año, superando de lejos a las ventas de minerales, hidrocarburos, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas de la industria manufacturera sumaron $us 4.155,2 millones, que representa el 49,7%, del total de las exportaciones registradas en el país a julio de este año, que totalizan $us 8.274,9 millones.

Este impulso de la industria manufacturera responde al incremento de las exportaciones de oro metálico, productos derivados de soya, estaño metálico, joyería de oro, plata metálica, productos derivados de girasol, carne de la especie bovina, maderas y manufacturas de madera, gas licuado de petróleo, azúcar, alcohol etílico y urea granulada, entre otros.

A la industria manufacturera le sigue en ventas la actividad minera con $us 1.819,5 millones (21,9%), hidrocarburos con $us 1.749,5 millones (21,1%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con $us 499,3 millones (6%) y reexportaciones y efectos personales con $us 51,4 millones (0,6%).

De enero a julio de 2022, los principales productos de la actividad de industria manufacturera que incrementaron las exportaciones fueron: estaño metálico en 52,0%, productos derivados de soya en 47,3% y oro metálico en 28,5%, respecto al mismo período de 2021.

El incremento de las exportaciones en la actividad de la industria manufacturera, también se explica por las ventas externas que corresponden a la urea granulada, cuyo valor llegó a 147,8 millones de dólares.

Las exportaciones
A julio de 2022, las exportaciones nacionales (que no incluyen reexportaciones ni efectos personales) llegaron a 8.223,4 millones de dólares, cifra mayor en 2.190,0 millones de dólares a la registrada en similar período de 2021, cuando se alcanzó 6.033,5 millones de dólares, que representa un incremento de 36,3%.

Este comportamiento se explica por las variaciones positivas que registraron las actividades económicas: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en 113,0%; extracción de hidrocarburos en 36,8%; extracción de minerales en 19,0% e industria manufacturera en 38,9%.

Los productos que destacan, por su variación positiva respecto a similar período del año anterior, en las exportaciones de la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, fueron: semillas y habas de soya en 976,5%, castaña en 49,2%, bananas en 41,1% y semillas de sésamo (ajonjolí) en 10,7%.

En el período analizado, las exportaciones de productos procedentes de la extracción de hidrocarburos muestran una recuperación paulatina, que se explica por el crecimiento del 37,8% de la venta de gas natural.

Por su parte, el incremento de las exportaciones de productos de la extracción de minerales responde a las variaciones positivas registradas del mineral de zinc en 49,4% y mineral de plomo en 11,1% en comparación a enero a julio de 2021.

Fuente: Abi

Productos de Fridosa compiten en calidad con lo mejor de cuatro continentes

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Fridosa apuntala la industria cárnica en el país e iguala la producción nacional con las mejores del mundo, gracias a un sistema de gestión de calidad que registra todos sus procesos.

Que la calidad de la carne de res boliviana hoy se encuentra en un estándar similar a la argentina o uruguaya ya no es novedad. Pero, ¿qué hay de la industria que hoy le da un valor agregado a esa materia prima con productos de alta calidad que no solo llegan a las mesas bolivianas, sino que además son disfrutados fuera de nuestras fronteras?

Desde hace más de 25 años Frigorífico del Oriente S.A. (Fridosa), una empresa 100% boliviana, compite en las grandes ligas latinoamericanas de la cadena de la carne. Y desde hace más de una década sus productos llegan no solo a cadenas de comida, sino a restaurantes, supermercados, mercados y otros dentro y fuera de Asia, Europa del Este y África,

En 2019, lograron ser la primera empresa en Bolivia en contar con la certificación FSSC 22000, un esquema de certificación con altos estándares para sistemas de gestión de seguridad e inocuidad alimentaria, basado en las normas existentes ISO 22000, ISO 22003​​ y especificaciones técnicas para programas de prerrequisitos para toda la cadena productiva de la industria alimentaria.

Obtener esa certificación conlleva cumplir una serie de requerimientos adicionales relativos a especificaciones para servicios, supervisión del personal, gestión de materiales de entrada, defensa alimentaria, prevención del fraude alimentario, gestión de alérgenos, etiquetado y control ambiental. Las organizaciones que obtienen el certificado conforme a FSSC, aparecen en el Registro de acceso público https://www.fssc22000.com/certified-organizations/.

El FSSC está homologado por la Iniciativa Global por la Seguridad Alimentaria (GFSI, su sigla en inglés). Al contar con dicho aval, los alimentos que procesa Fridosa no tienen diferencia alguna con otras foráneas catalogadas como las mejores a nivel mundial.

“Cuando hablamos de calidad, no solo debe cuidarse la genética de animales, la edad, la terminación o cobertura de grasa, la ternura y el sabor, sino también la sanidad e inocuidad de los aliementos. Si hablamos de carne nos referimos a un producto sabroso, nutritivo y también seguro de consumir. Por ello, trabajamos con los estándares más altos de calidad e inocuidad en la industria cárnica mundial”, afirma Jaime Barrenechea, gerente general de la empresa.

Cada año, solo en el laboratorio propio de Fridosa se analiza alrededor de 20.000 muestras de carne para garantizar que quede descartado cualquier peligro físico, químico o biológico. A esa cifra se suman los exhaustivos controles que laboratorios externos realizan de forma permanente.

“Hacemos análisis en toda la cadena, desde el proveedor del ganado, de los insumos, empaques, etcétera. Usamos envases de primer uso e incluso tintas de grado alimenticio”, indica Marcelo Lara, gerente de procesos de producción de Fridosa.

El control se extiende a todos los procesos. El sistema de trazabilidad es capaz de encontrar todo el alimento vinculado con un determinado origen. “Gracias a nuestra trazabilidad tenemos la certeza de que podemos incluso saber de dónde vino la res, cómo fue desde origen y a qué lugares se vendió su carne o productos procesados”, explica Lara.

La gestión de calidad de Fridosa incluye seguridad e inocuidad alimentaria, además de bienestar animal, buenas prácticas de manufactura y protección del medioambiente. Cumple con todos los requerimientos del Estado boliviano y, al ser una empresa que exporta productos cárnicos a cuatro continentes, no solo cumple la FSSC 22000, sino también los requisitos de seguridad alimentaria de varios Estados ya que para ingresar a esos países se deben seguir los protocolos sanitarios establecidos en su legislación.

A ello se añaden los requerimientos específicos de los clientes. Responder a la lista de exigencias conlleva importantes inversiones no solo en infraestructura de producción y seguridad, sino en capacitación constante a los operadores de toda la cadena; desde los trabajadores de las haciendas ganaderas de las que proviene el ganado, hasta personal la planta industrial donde se procesan los alimentos y toda la cadena logística. “Tenemos alrededor de 70 temas de capacitación por año y en cada gestión superamos los 200 talleres virtuales y presenciales”, señala Marcelo Lara.

Hoy, Fridosa tiene calidad certificada para proveer a franquicias mundiales y a mercados internacionales de alta exigencia. Fuera de ello, cada boliviano que tiene enfrente un plato con un jugoso bife o una apetecible hamburguesa procedentes de esta empresa tiene también garantizada la sanidad e inocuidad de lo que come. ¡Buen provecho!

Fuente: Fridosa

Revista Mennoniten Heute | septiembre 2022

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Revista Publiagro | septiembre 2022

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