El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria-IPDSA, en coordinación con el Consejo Nacional de Productores de Café, realizó el lanzamiento del VII Torneo Nacional Taza de calidad “Café Presidencial 2021”.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria-IPDSA, en coordinación con el Consejo Nacional de Productores de Café, realizó el lanzamiento del VII Torneo Nacional Taza de calidad “Café Presidencial 2021”.

En el acto de lanzamiento, Fernando Villarroel, Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, indicó que desde el año 2015, el gobierno nacional, lleva adelante el Torneo “Café Presidencial”, competencia que muestra la alta calidad del café boliviano a nivel mundial, buscando promover las exportaciones de los cafés especiales.

Manifestó que, el objetivo de este evento internacional, es mostrar la alta calidad del café boliviano a nivel mundial e incrementar las exportaciones, mejorando el ingreso económico de los productores por la venta de un café de alta calidad, promoviendo su consumo.

“Son más de 23.000 familias que trabajan directamente con la producción del café, siendo Caranavi en el departamento de La Paz, el principal productor del país, con el 90 por ciento y en menores cantidades los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz”, manifestó Villarroel.

El director de la Institución Pública desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA), Jhonny Huanca Espejo, explicó que el Torneo de Café Presidencial, tiene el objetivo de consolidar la imagen de Bolivia a nivel nacional e internacional, como país de origen de cafés de alta calidad, destacando los atributos en taza como: aroma, cuerpo, sabor y acidez, promoviendo su producción y exportación.

Dio a conocer que el evento, es organizado por seis años consecutivos en coordinación con la Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA), el Programa Nacional de Café y el Ministerio de Relaciones Exteriores, impulsando nuevos de espacios que consoliden el trabajo de este sector productivo.

Fuente: MDRyT

Desde hace 11 años el Gobierno mantiene en vigencia el Decreto Supremo (DS) 725, de regulación de la exportación de la soya y sus derivados, que obliga a las industrias oleaginosas del oriente a entregar cupos de harina de soya solvente a precios subvencionados a los avicultores y porcinocultores del país. Pero este producto se desvía al mercado negro, generando un millonario negocio.

El periódico Correos del Sur, hizo seguimiento en Santa Cruz a camiones de productores avícolas que recogen harina de soya de las industrias oleaginosas y constató que ese producto no tiene como destino las granjas avícolas, como establece la norma, sino que son trasladados a galpones y graneros de venta libre de alimentos balanceados.

En estos galpones, ubicados en la avenida de la doble vía a La Guardia y en graneros “escondidos” en medio de calles cercanos al río Piraí, se comercializa la harina subvencionada, con factura y sin factura, y a precios superiores a los que pagan quienes la compran en las industrias oleaginosas.

Este medio de comunicación llegó hasta galpones y graneros de venta de alimento balanceado para pollos, cerdos y otros animales y encontró a la venta harina de soya embolsada de 50 kilos de las industrias Fino, Rico, Sao y de otras marcas que deberían estar en las granjas.

El precio actual de la harina de soya impuesto por el Gobierno dentro del país es de 2.250 bolivianos (323 dólares) la tonelada métrica; pero, en el mercado negro, esa misma harina se vende en 3.300 bolivianos (471 dólares), generando una ganancia de más de Bs 1.000 (alrededor de 150 dólares) por tonelada.

Con estas ganancias, de entre 100 y 150 dólares por tonelada métrica de harina de soya en el mercado negro, hay gente que obtiene desde casi medio millón hasta 1,3 millones de dólares mensuales.

¿De dónde sale esa cifra? Las industrias oleaginosas entregan a los avicultores y porcinocultores del país más de 33.000 toneladas de harina de soya al mes, en cupos y precios establecidos por el Gobierno.

Un 30% de esa cantidad, alrededor de 9.000 a 10.000 toneladas, se estarían desviando al mercado negro, y si por tonelada hay una ganancia de 100 a 150 dólares, fácilmente este negocio podría generar alrededor de $us 1,3 millones al mes, con ganancias anuales que superarían los 16,2 millones de dólares.

Los avicultores recogen el producto de la fábrica de oleaginosas –en muchos de los casos– ni siquiera el 100% del cupo, pero, aún así, les alcanza para desviar al mercado negro, donde lo venden a un precio mayor.

En los últimos años, las industrias oleaginosas perdieron alrededor de $us 5,3 millones mensuales, es decir, más de $us 60 millones al año, según datos de este sector.

La información a la que accedió CORREO DEL SUR indica que entre 2011 y 2021 las industrias oleaginosas entregaron más de 300 millones de dólares en subsidios a los avicultores beneficiando, sobre todo, a grandes empresas que se expandieron rápidamente.

Las industrias oleaginosas tienen que emitir un informe quincenal al Ministerio de Desarrollo Productivo sobre el cumplimiento del Decreto Supremo (DS) 725, que dispone la dotación de un cupo y precio determinados a los avicultores y porcinocultores, bajo advertencia de perder la certificación de exportación.

En 2010 los avicultores beneficiarios recibían 10.000 toneladas mensuales de harina de soya y otros productos por la regulación de este decreto. En la actualidad, esta dotación bordea las 33.000 toneladas.

Según información a la que accedió CORREO DEL SUR, el consumo interno de este producto subvencionado no es el real y afecta al fomento de la exportación, que se mantiene con restricciones en un contexto de reactivación económica por la pandemia.

Lo que “enfrenta” a industriales de oleaginosas con productores avicultores del país es que los primeros subvencionan a los segundos a partir de una política gubernamental, pese a que el concepto de subvención suele aplicarse a una relación directa de Estado – sector estratégico, y en situación de emergencia.

A la subvención, se suma la especulación de revendedores que generan un negocio redondo.

El 6 de diciembre de 2010, cuando se aprobó el decreto 725, se apeló al argumento de la subvención para garantizar el abastecimiento interno de los pollos y para proteger y fomentar al pequeño productor. Pero con el tiempo, ese objetivo se distorsionó porque los pequeños productores fueron absorbidos por grandes empresas avícolas.

Además, las industrias oleaginosas sostienen que el precio de la harina de soya no incide en el del pollo porque la composición del alimento balanceado contiene una mayor cantidad de maíz y solo un 25% de soya.

Todo indica que la subvención está fomentando el mercado negro y la actividad del contrabando. Al ser bajo el precio para el mercado interno, los contrabandistas sacan el producto fuera del país y, solo en Perú, la tonelada de harina de soya se comercializa en alrededor de 500 dólares, pero allá venden el pollo a un precio similar al de Bolivia.

CORREO DEL SUR hizo seguimiento a un camión que recogió el cupo de harina de soya para clientes avicultores.

El vehículo no llevó el producto a una granja sino a un galpón ubicado en calles a medio construir, cerca del río Piraí, y también a graneros en la avenida de la doble vía a La Guardia.

El negocio se pacta previamente. En este caso, el revendedor se reunió con sus clientes en un surtidor de gasolina donde realizó el cobro y después le entregó la harina.

Se pudo constatar que en algunos casos es el mismo camión el que hace el recojo con diferentes choferes. Durante el día, varios camiones recogen el producto: unos lo llevan a las granjas y otros, para revender.

El Gobierno tiene la llave del certificado de abastecimiento interno para autorizar la exportación. Si las industrias no cumplen, corren el riesgo de no acceder a la autorización de exportación, lo que restringe también el derecho a la empresa y al comercio.

Los industriales soyeros y graneros esperan la eliminación de los cupos y que el consumidor (avícola) compre lo que necesita a un precio internacional y sin subvenciones.

Ellos cuestionan que el argumento para la subvención –el desabastecimiento del producto– no tiene sustento porque ya está definido que el 20% va para el mercado interno y el 80% para la exportación, por lo que no tendría sentido mantener una restricción como requisito para la exportación.

Durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez se dispuso liberar las restricciones a la exportación, pero en diciembre de 2020, ya durante la gestión de Luis Arce, se repusieron bajo el criterio de regulación.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, hay al menos 1.557 granjas avícolas y de porcinos en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca que se benefician con esta subvención en el precio y el cupo de la harina de soya.

Hay también asociaciones. ADA Santa Cruz, la más numerosa, aglutina a 335 granjas; Avipar, a 63 granjas. Otras son las siguientes: Avícola Rico Pollo (12), Aspymad (316), Asipa ANI (14), ASAP Pocona (47), Apropp (39), Approppag (9), Aporsu (3), AIA P (29), Adepor Santa Cruz y Cochabamba (121), Adepor Chuquisaca (119), Adavs (17), Adepor CO RS (44), ADA Tarija (60), ADA Comarapa (88), ADA Cochabamba (200), Aadrich (24), Aasar (4), Aavitor (24).
En ADA Santa Cruz, Anglarill Serrate tiene 23 asociados.

Según los mismos datos, las empresas que proveen de harina de soya solvente son: IASA Alocorp, Nutriol, IOL, Granos, Gravetal, Cargill, Prolega y Etasa, entre otras.

Las empresas oleaginosas y el Gobierno realizan un ajuste de los cupos y precios cada seis meses.

El próximo 30 de junio habrá una nueva resolución biministerial y se firmarán los nuevos convenios tomando en cuenta el precio internacional de la soya.

Fuente: Correos del Dur

La Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), cuya planta está instalada en el norte del departamento de La Paz, prevé iniciar la zafra cañera de este año en agosto, informó su gerente general Boris Alcaraz.

En entrevista con Patria Nueva, indicó que actualmente la empresa estatal lleva adelante la prezafra, que consiste en preparativos en las áreas agrícola e industrial.

«(Nos estamos preparando) para lo que es la zafra, que más o menos lo estamos estimando que se va a llevar en agosto», indicó Alcaraz y enfatizó que los productos que se obtendrá con esta molienda serán para el mercado interno y las exportaciones. 

Señaló que con la zafra de este año se prevé moler alrededor de 208 toneladas (t) de caña para lograr producir arriba de 350.000 quintales (qq) de azúcar y más de 1,7 millones de litros de alcohol.

Indicó que Empresa Azucarera San Buenaventura genera actualmente 165 empleos directos en el área agrícola, industrial y administrativa; sin embargo, esa cantidad aumentará para la zafra a 450, tomando en cuenta que esta etapa es cuando se requiere más recursos humanos.

«Ahorita nuestra meta es llevar adelante la zafra, entonces estamos contra el reloj, (nos) estamos apresurando a que se lleven varias actividades, más que todo en lo que es mantenimiento, tanto de cultivos como de la industria para tener la zafra este año», remarcó.

De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), en 2020 esta industria estatal obtuvo alrededor de 320.000 quintales de azúcar y 1 millón de litros de alcohol de alta calidad.

Fuente: ABI

El dirigente Oscar Mario Justiniano, presidente de la CAO, considera que este tema debe ser tratado en base a las normas y las leyes.

Espera que de la reunión con todos los sectores cruceños salgan puntos decisivos para frenar las invasiones a los terrenos. Presentarán un anteproyecto de Ley contra el contrabando. Asimismo, reiteró la predisposición de la CAO para ayudar a llevar adelante un plan de vacunación masiva en predios productivos.

Llevar adelante una lucha decisiva para lograr una solución al tema de los avasallamientos de terrenos en base a lo que plantea la ley y las normas es lo que propondrá la Cámara Agropecuaria de Oriente ante diferentes organizaciones cívicas de la región, así como de la Gobernación de Santa Cruz.

Tal anuncio fue formulado en una conferencia de prensa por el dirigente Oscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO).

El directivo de la CAO señaló que no tienen registros oficiales de lo que ha estado ocurriendo sobre todo en el tema de los avasallamientos de tierras, el cual estima es mucho más amplio que el de los predios productivos, los cuales se conocen a través de imágenes, es decir de manera no oficial.

Señaló que han apreciado avasallamientos en varios sectores del departamento en especial en San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos y otras regiones.

La ley por encima de todo 

Destacó que son respetuosos de las leyes y las normas y por esta razón se debe respetar el cumplimiento del Plan de Uso de Suelos que considera vital en el departamento de Santa Cruz porque se refiere a la calidad y utilidad de los suelos, por lo que esos terrenos no pueden ser utilizados para otros fines que no tengan esa condición.

Sostiene que de allí en adelante está el cumplimiento de las leyes municipales que deben estar en apego a la Ley.

En torno a la Comisión Agraria Departamental manifestó que está compuesta por un elevado número de actores los cuales están en el territorio departamental y, en ese sentido, el análisis y la definición que tome esa Comisión será fundamental para poder alcanzar un crecimiento armónico en el departamento.  

A juicio del entrevistado todo se puede alcanzar, pero con el respeto total a las leyes por estimar que el Plan de Uso de Suelos debería tener todo enmarcado en lo que se refiera a los asentamientos humanos o desarrollo de actividades.

El dirigente señaló que desde el primer día en la CAO han tenido la posición institucional referida a que es vital que el sector productivo tenga la condición para continuar alimentando al país con la finalidad de seguir manteniendo la seguridad alimentaria del pueblo boliviano.

«Tenemos la condición orgánica de poder coadyuvar en todo lo que es la compra, la distribución, en todo lo que es la generación de las condiciones para poder llevarla a efecto».

Justiniano asegura que en el tema avasallamientos, se deben buscar soluciones de manera conjunta.

«Los avasallamientos son muy antiguos, pero las lecciones aprendidas nos indican que las soluciones tienen que ser trabajadas en conjunto. Esa es la clave para poder resolver el problema».

Adiciona que la CAO siempre apoyará las decisiones que se tomen, pero respetando las normas vigentes. Está consciente en que la participación del INRA en este caso es vital y al respecto señala que si se quiere que se respeten los predios productivos se debe respetar la legalidad.

Lucha al contrabando

Un punto importante tocado por Justiniano en la conferencia fue el tema del  contrabando que ataca a todos los sectores de la economía del país.

«Hemos sido citados por las autoridades para trabajar en conjunto y lo estamos haciendo para hacerle frente al contrabando. En los próximos días presentaremos un anteproyecto de ley que creemos corresponde al momento tan crítico en que el contrabando se ha maximizado, en especial el de los alimentos». 

Manifestó que realizaron un análisis exhaustivo en torno a cómo afecta el contrabando a la economía, por lo que presentarán el anteproyecto en las salas legislativas que correspondan para que se pueda hacer realidad.  

El análisis que hizo la CAO se centralizó sobre cómo se deben ajustar los puntos neurálgicos para que tenga una repercusión efectiva e importante. 

«Ha sido un anteproyecto muy bien elaborado», recalcó el presidente de la CAO. 

Listos para ayudar en la vacunación

En la CAO se encuentran a la espera para incorporarse a la vacunación contra la pandemia del Covid, en base a la propuesta que presentaron a las autoridades y de la cual aún esperan respuestas.

Sostiene que la CAO, independientemente de la edad de quienes la integran, tienen la condición de garantizar la soberanía alimentaria del país y de generar empleos y recursos a través de las exportaciones.

«Tenemos la condicionante clarísima de que somos de los pocos sectores del país que poseemos una cadena de frío para transportar las vacunas anti Covid y las condiciones están dadas para hacer uso de ese recurso”

Igualmente, indicó que poseen información estadística que les permite saber cuántas personas trabajan en los predios, lugar, ubicación es decir, aseguró tenerlo todo para poder ayudar a todos los que trabajan en el sector productivo pero además destacó que el aporte que realizaría la CAO es de forma integral no solo con la cadena de frío.

En cuanto al aporte económico señaló que la CAO lo que hace es canalizar los requerimientos de todos los sectores que están compuestos por personas y empresas.

«Son empresarios los que tienen la necesidad de poder garantizar la estabilidad laboral y en particular la salud de sus trabajadores», resaltó.

Sostiene que es imprescindible lograr vacunación masiva contra el Covid porque sería una desgracia mayúscula el que se produzcan afectaciones en la salud de las personas que integran las empresas o que ayudan a mantener el trabajo del día a día en el campo.

Redacción: Publiagro