El vicepresidente Coquehuanca habla de repartición injusta de tierras en Bolivia, revolución agraria y anuncia la convocatoria a jornadas de trabajo para debatir el tema. El gobernador de Santa Cruz cree que hay un trasfondo político en los avasallamientos de tierras. Ganaderos dicen estar dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo.

“Hubo una injusta distribución de tierras en Bolivia”, de esta forma se refirió al problema de avasallamiento de tierras en Santa Cruz, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca quien se reunió este viernes con la Federación de Campesinos de Santa Cruz, un día después de que el Gobernador de Santa Cruz reuniera a las distintas instituciones y sectores para convocar a la Comisión Agraria Departamental.

Choquehuanca anunció la realización de jornadas de trabajo con autoridades para analizar la distribución de tierras.

“Convocaremos a autoridades del INRA, ejecutivos de los campesinos, interculturales y bartolinas. Hubo una mala e injusta distribución de tierras en Bolivia y eso no puede seguir. Todos los bolivianos tenemos derecho a la tierra hermanos, no puede ser que la tierra esté concentrada en muy pocas manos”, dijo.

Pero eso no fue todo, la segunda autoridad nacional habló de impulsar una revolución agraria con los sectores.

“Por qué seguimos hablando de la tierra, hasta cuando no vamos a resolver este tema, necesitamos hacer una revolución agraria”.

Ante estas declaraciones del vicepresidente del estado, la primera autoridad del departamento Luis Fernando Camacho señaló que los avasallamientos en Santa Cruz tenían un trasfondo político acompañado de un tráfico de tierras.

“Mientras las reformas agrarias las hagan en consenso con las autoridades, con el pueblo, con las instituciones sin duda que debe existir, pero les aseguro que lo que deben estar buscando es la posibilidad de que nosotros como departamento perdamos esa tuición sobre la tierra.

Están preocupados, es por eso que están buscando una modificación, los avasallamientos tienen un fin político que solo le beneficia a su partido y les ha preocupado que la comisión agraria ahora será una realidad y se les va a acabar su negocio”, dijo el Gobernador de Santa Cruz.

instituciones cruceñas en torno a la convocatoria de la Comisión Agraria Departamental.
“Ahora hay una norma y tenemos que hacer funcionar la Comisión Agraria Departamental.

El gobierno se preocupó porque ha visto una institucionalidad unida y no solamente a nivel de institución o gremio sino también acompañados de comunarios, de caciques y autoridades indígenas que están molestos por este avasallamiento”.

Aseguró que se hablará de realizar una auditoría paralelamente a la conformación de la Comisión Agraria Departamental.

“Esta auditoría nos va a generar una radiografía clara de la realidad, esto significa que la auditoría debe arrojar dotaciones de 10, 15 a 20 años comparada con quienes son actualmente los propietarios o están en posesión de esas tierras”, finalizó.

Ganaderos dispuestos a dialogar
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), Alejandro Díaz en entrevista con la red Unitel, señaló que los ganaderos del país están dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno para debatir el tema tierras y presentar propuestas que puedan dar soluciones a los asentamientos.

“Es importante tener espacios donde podamos dialogar sin presiones de ningún tipo, con el espíritu de mantener la seguridad jurídica, eso es importante para los productores.

Recogemos las palabras del vicepresidente, nuestra representación de la CONGABOL y de las distintas federaciones como FEGASACRUZ y FEGABENI, estamos dispuestos a acudir a un llamado donde podamos dialogar de este tema y hacerlo con toda la serenidad del caso, sin presiones y buscando lo mejor para el país”, dijo enfáticamente Alejandro Díaz, presidente de FEGASACRUZ

Fuente: Publiagro

Luis Fernando Camacho asegura que se tomarán las medidas para frenar los avasallamientos en los diferentes municipios cruceños. Por ello sostiene que el mejor lugar para encontrar soluciones es en la reunión de la Cámara Agraria Departamental.

«Si el director del INRA no viene a la reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), vamos a iniciar proceso por incumplimiento de deberes y si es necesario vamos a pararnos frente al INRA hasta que venga. Nuestro pueblo no puede seguir sufriendo estos avasallamientos», afirmó en forma categórica Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz.

En efecto, la referida Comisión Agraria Departamental fue convocada a raíz de los avasallamientos para el venidero 8 de julio, fecha en la que se espera se pueda encontrar una solución definitiva a la polémica situación que mantiene en estado de emergencia a los ganaderos y pobladores de los diferentes municipios del departamento, en especial los que se encuentran en la región de la Chiquitanía.

Este jueves en la reunión entre las instituciones cruceñas, dirigentes, pueblos indígenas y asambleístas se tomó la decisión de convocar la Comisión Agraria Departamental para el 8 de julio. Asimismo, se realizará un congreso y reuniones previas para unificar posiciones frente a las instancias nacionales.

Tomaron parte en la primera reunión autoridades del Comité Pro Santa Cruz, Federación de Empresarios privados, Brigada Parlamentaria, Asamblea Legislativa Departamental y representantes de los sectores productivos: Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara Forestal y de la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y turismo (Cainco).

Tomarán acciones firmes
La primera autoridad departamental manifestó que habían iniciado una reunión con todas las instituciones cruceñas, acompañados por los diputados y asambleístas departamentales, para analizar el tema de los avasallamientos.

«Es un tema que nos preocupa porque va con la esencia del cruceño que es la defensa de nuestra tierra”, afirmó el gobernador.

Las acciones, según lo manifestó el dirigente, van mucho más allá por cuanto han planificado trabajar en varias mesas técnicas en las que se analizarán todos los conflictos de avasallamientos que se producen en la Chiquitanía.

Además, anunció que se realizará un congreso en el municipio de San Miguel de Velasco, uno de los afectados con los avasallamientos.

«Los temas son muchos, pero básicamente se centran en la defensa de nuestra tierra, con cruceños nacidos y no nacidos que vienen trabajando en nuestra tierra (…) los avasallamientos han sobrepasado no solamente porque han agarrado la propiedad privada, sino también que se está haciendo un tráfico impresionante con la tierra y negocio con nuestro modelo de desarrollo productivo”, afirmó a través del portal BOLIVIAALDIA.COM.

Asimismo, la autoridad presentó las conclusiones de la reunión para ser analizadas el 8 de julio, en la cuales resaltan varios aspectos.

En primer lugar, se instalarán mesas técnicas este lunes 28 de junio para realizar el Gran Encuentro en el municipio de San Miguel de Velasco, evento pautado para el viernes 2 de julio. En este cónclave se tomarán las acciones que serán presentadas en la reunión del 8 de julio.

En la instalación de la Cámara Agropecuaria Departamental se espera que asista el comisionado del INRA en Santa Cruz para que participe y aporte soluciones al conflicto planteado, pero se especula que esa autoridad no asistirá.

A ese respecto, el gobernador insistió en que la presencia del representante del INRA es fundamental, por lo cual exigirán que se presente a la reunión, así tengan que esperarlo en las puertas de esa institución.

«Vamos a defender lo que nos corresponde como nacidos y no nacidos en Santa Cruz. Los avasallamientos han rebasado la situación, se está haciendo un negocio con nuestras tierras. Hoy la institucionalidad está unida y tenemos el compromiso de su presencia a las convocatorias», manifestó el gobernador.

La Comisión Agraria Departamental es considerada la mejor alternativa para coordinar la distribución de tierras en forma legal, tomando en cuenta a las comunidades originarias del departamento.

Fuente: Publiagro

En Bolivia, se calcula que el contrabando de alimentos tiene un impacto aproximado en la economía de 400 millones de dólares. Cifra que es aún mayor por el subregistro y la clandestinidad de esta actividad ilícita.

En las mallas del aeropuerto internacional de El Alto, se observa a lo lejos un cartón rústicamente elaborado donde se lee “papa barata”. Al lado están apilados costales que contienen el producto, que son comercializados por una mujer de la tercera edad.

Ni el frío ni el intenso sol hacen que la mujer abandone su precario puesto de venta con el fin de obtener recursos para su sustento y el de su familia.

Su nombre es Hilda, tiene 64 años y la necesidad la obligó a abandonar su tierra natal y aventurarse en una metrópoli como La Paz, en un puesto improvisado en la avenida 6 de marzo de la ciudad más alta de Bolivia.

Hilda nos cuenta que las papas que vende provienen de Tarija y son producidas de forma ecológica, estas deben atravesar 16 horas de viaje hasta La Paz y el precio oscila entre 10 y 30 bolivianos, la arroba. Pese a ello, asegura que muchas caseritas prefieren comprar papas del contrabando, por su bajo costo, antes que adquirir a los productores y productoras nacionales.

El menú de alimentos que tenemos en los mercados del país es variado, pero ¿conoces el origen y legalidad de tus alimentos? ¿Elegirías alimentos que ingresan al mercado mediante el contrabando por su bajo costo?

Sabías que los alimentos que ingresan ilegalmente al país no garantizan el mismo valor nutricional y de cumplimiento de normas sanitarias, por lo que implica un riesgo adquirir alimentos de contrabando.

En Bolivia, se calcula que el contrabando de alimentos tiene un impacto aproximado en la economía de 400 millones de dólares. Cifra que es aún mayor por el subregistro y la clandestinidad de esta actividad ilícita.

Los alimentos importados y producidos en el país deben cumplir un proceso establecido por Ley para ser comercializados; sin embargo, muchos de ellos evaden los controles aduaneros fronterizos y sanitarios, usando vías clandestinas para llegar hasta la mesa de tu hogar.

En los últimos años, los mercados bolivianos están siendo abarrotados por al menos 30 alimentos: acelga, arveja, ají, ajo, camote, cebolla, lechuga, plátano, tomate, tunta, zanahoria, zapallo, papa, vainita, pimentón, pepino, pera, palta, pomelo, naranja, mandarina, mango, manzana, melón, membrillo, durazno, kiwi, uva, granadillas y ciruelo; introducidos ilegalmente mediante siete rutas utilizadas por contrabandistas, según datos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

¿La legislación boliviana protege el contrabando?
Con el paso de los años la legislación boliviana modificó el delito de contrabando, haciéndolo cada vez más permisible y difícil de sancionar, ya que el artículo 181 del Código Tributario Boliviano fue modificado en cinco ocasiones.

Antes, para que el contrabando sea considerado como un delito, el valor del tributo omitido debía superar las 10 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV’s), equivalentes a 1.337 dólares. Sin embargo, en la actualidad, este valor se ha incrementado en un 1.900%, lo que significa que ahora el valor debe ser mayor a las 200 mil UFV’s, es decir, 69.000 dólares americanos. Esta cifra, según la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), impide realizar un proceso delictivo a un contrabandista.

Según un estudio de la Cainco, Bolivia tiene el monto (69 mil dólares americanos) más alto de todo el continente americano de sanción a una persona que ingresa mercadería de forma ilegal al país, infracción que puede ser castigada con privación de libertad de cinco a diez años.

En el caso de Paraguay, si la mercadería supera los 500 dólares americanos en tributos omitidos, el infractor puede ser enviado a la cárcel entre cinco y 10 años; en Colombia, se castiga con prisión de cuatro y ocho años a aquellos comerciantes que pasen los 1.330 dólares; en Chile, si superan los 1.637; mientras que en Ecuador se sanciona con prisión, entre tres y cinco años, a los que evadan el pago impositivo por encima de los 4.000 dólares; y en México, el castigo va de tres meses a cinco años de privación de la libertad, para aquellos que superen los 43.607 dólares en impuestos no pagados.

La lucha contra el contrabando en Bolivia debe encararse a través de tres estrategias fundamentales, según el director ejecutivo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

La primera, denominada por Rodríguez como la “política del garrote”, donde se debe aumentar la sensación de riesgo para los contrabandistas y “empoderar” mucho más a la Aduana Nacional.

La segunda se refiere a la “política de la zanahoria”, que consiste en atraer hacia la legalidad y formalidad a los contrabandistas facilitando la formalización, disminuyendo el costo y tiempo en los tramites.

La tercera es hacer una gran campaña de concienciación ciudadana para que la gente entienda que el contrabando es un mal negocio para cualquier país, debido a que pone en riesgo no solo empleos, sino también a las empresas nacionales y la capacidad del Estado por la no recaudación de productos importados, asegura Rodríguez.

Pandemia y contrabando
La pandemia, si bien fue y es una catástrofe sanitaria para la humanidad, repercutió de manera positiva en algunos aspectos principalmente en sus inicios. El primero es que se demostró que las familias de productores y productoras nacionales cuentan con la capacidad de satisfacer el mercado interno.

“La pandemia ha posicionado la importancia de la agricultura familiar de alimentos frescos, impidiendo que la población sufra la escasez por el cierre de fronteras que frenó, en el inicio de la emergencia sanitaria, el ingreso de alimentos de países vecinos como Perú, Argentina y Chile”, aseguró Wilfredo Plata, investigador de Fundación Tierra.

De acuerdo a datos del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), en Bolivia, la agricultura familiar campesina indígena, produce el 96% de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos. El 65% de los alimentos que consumimos son producidos por la agricultura familiar, apenas un 3% por la no familiar, y el restante 32% es importado.

La producción agrícola basada en un sistema productivo tradicional, es reflejada como un valor importante en la configuración del comercio justo que beneficia al país y a la población.

Sin embargo, la agricultura familiar campesina indígena es uno de los sectores que también se ve afectado por el ingreso de alimentos por contrabando. Pese al cierre de fronteras, los contrabandistas se han dado modos a través de rutas clandestinas para ingresar productos de manera ilegal evadiendo los controles aduaneros y sanitarios.

En el caso de la frontera con Perú, Desaguadero, en el puente por donde a diario pasaban cientos de personas para trasladar sus mercaderías entre ambos países, hoy se encuentra totalmente abandonado ya que la oficina de control aduanero que funcionaba en el lugar ya no presta sus servicios en este punto, simplemente cuenta con un puesto de control en el Puente Nuevo-Carangas y en Guaqui.

Por otra parte, se evidenció que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Seguridad Alimentaria (Senasag), cuenta con dos funcionarios en el lugar, uno de ellos es el ingeniero Fernando Gamarra, quien afirma que no existe un control permanente por parte de la Policía y que la presencia de los militares se reduce solo a los dos puestos de control ya mencionados.

Asimismo, en la frontera no se observa ni un oficial de Policía en territorio boliviano ni peruano, lo que facilita que a tres escasas cuadras del puente fronterizo entre Perú – Bolivia, exista una ruta clandestina para ingresar a ambos países mediante botes de madera por el precio de 5 bolivianos.

En ambos territorios existen decenas de personas que se dedican al traslado de mercaderías de contrabando, unos usan la fuerza física y otros usan bicicletas acondicionadas, carritos de metal y motocicletas con carrocería conocidos como «toritos».

El ambiente es hostil, ya que los boteros y cargadores alertan ante la existencia de cualquier cámara o dispositivo audiovisual y agreden a quien se atreva a tomar alguna imagen de la actividad ilícita que se desarrolla en la zona, bajo amenaza de decomiso.

Unos metros más allá, es donde inicia el comercio masivo de productos alimenticios, ropa, artículos de bioseguridad y otros. Muchos de los comerciantes desconocen el origen de los alimentos que comercializan.

La papa es uno de los productos más comercializados en la zona, ya que aseguran que la papa peruana es ideal para la elaboración de papas fritas embolsadas y para acompañar el pollo y otros platos de comida rápida.

De acuerdo a Fundación Tierra, la falta de políticas para fortalecer la producción de la agricultura familiar llevó a que las importaciones de papa se multipliquen dieciocho veces el 2016 en relación al 2006, pasando de 1.282 toneladas a 51.805 toneladas importadas. En el caso del tomate las importaciones aumentaron quince veces pasando de 467 toneladas a 6943 toneladas importadas. Y a nivel de la cebolla de no importar nada en el 2005 llegamos el 2017 a comprar 14.328 toneladas de cebolla de países vecinos.

Es por eso que el Estado debe implementar políticas públicas que incentiven el consumo de alimentos bolivianos producidos naturalmente, lo que repercute en un crecimiento de la economía de los productores locales, beneficiando a la población con alimentos orgánicos, sanos y libres de transgénicos.

Los diseños de estas políticas públicas estructurales deben ser ampliamente analizadas y debatidas por todos los actores que intervienen en la cadena de producción de alimentos. Asimismo, por especialistas, organizaciones y activistas en seguridad y sostenibilidad alimentaria.

Bolivia no cuenta con una política pública bajo el enfoque de sistemas alimentarios sostenibles, por lo que es imprescindible sostener un debate público y democrático entre todos los actores involucrados en la cadena de producción de alimentos, asegura Juan Carlos Alarcón, miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

Fuente: Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), Difusión: Correo del Sur

La empresa israelí asegura que sus productos no contienen suero animal ni componentes genéticamente modificados.

La empresa israelí Future Meat Technologies, especializada en tecnología alimentaria, ha anunciado la apertura de la primera planta industrial del mundo de producción de carne cultivada en laboratorio. La planta tiene capacidad para producir diariamente 500 kilogramos de productos cárnicos basados en células animales, lo que equivale a 5.000 hamburguesas.

La apertura de la fábrica, ubicada en la ciudad israelí de Rehovot, «acelera los procesos clave de la regulación y desarrollo de productos», destaca Future Meat Technologies, que espera llevar sus productos a los estantes para 2022. Asimismo, señala que la producción de carne cultivada genera un 80 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero, utiliza un 99 % menos de tierra y consume un 96 % menos de agua que la ganadería tradicional.

Además, sostiene que el ciclo de producción es unas 20 veces más rápido que la crianza y sacrificio de animales, con «paridad de costos» respecto al sector cárnico tradicional, y una «producción 10 veces más alta». De momento, Future Meat Technologies produce análogos de carne de pollo, cerdo y cordero «sin el uso de suero animal ni componentes genéticamente modificados». La producción de ‘carne de res’ comenzará próximamente.

«Carne asequible para todos»
«Nuestro objetivo es hacer que la carne cultivada sea asequible para todos, al tiempo que nos aseguramos de producir alimentos deliciosos que sean tanto saludables como sostenibles, ayudando a garantizar el futuro de las generaciones venideras», explica el fundador y director científico de Future Meat Technologies, Yaakov Nahmias.

Su empresa, que pretende llegar el próximo año al mercado estadounidense, se halla inmersa en el proceso de aprobación de plantas de producción con agencias reguladoras en diversos estados del país norteamericano.

Fuente: RT