Para Roni Ribera, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob Orgánica), estas resoluciones tienen que liquidarse, ya sea anularse o consolidarse. En el caso de los avasallamientos de predios privados de San José, Ribera dice que los colonos quieren demostrar con fotos, archivos, que cumplieron con las resoluciones y la FES. “Estamos llenos de comunidades que solo existen en papeles, y otras solo tienen un par de familias. Es urgente una auditoría al INRA, cuántos años ya que los directores del INRA son interinos, sin méritos”, cuestionó.
El cívico de San Miguel de Velasco, Jorge Toledo, dijo que la desesperación por meterse es porque el INRA ya tiene el compromiso de hacer una revisión de las resoluciones. “Se pide que se anulen porque han sido viciadas, se han dado hace mucho tiempo y esas comunidades no existen, no cumplen la FES. El movimiento generado para ocupar tierras se dio tras la carta de la Csutcb”, apuntó.
El alcalde de San Rafael fue más duro. “Esto es tráfico de tierras porque el monte no está habitado. Hemos hecho inspecciones georreferenciadas, incluso en el área protegida y no había nadie”, dijo.
Precisamente, un monitoreo satelital y de datos mostró una autorización de desmonte PDM20 dentro del área protegida de San Rafael, a una comunidad inexistente, de parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); sin embargo, poco después fue revocada, según los registros.
Vargas, el edil de San Rafael, lamentó que encima de que les quieren meter gente, sin consulta previa con el municipio, les han reducido el presupuesto municipal a la mitad, de Bs 14 millones a 7 millones. “Tenemos 21 comunidades originarias y no hay plata ni para ellas, cómo pues para 163 nuevas comunidades, es absurdo, ridículo. Si llegamos a reconocerlas debemos darles saneamiento, servicios, caminos, productivo, colegios, etc”, arremetió.
Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra, dijo que se está evidenciando que estas comunidades son fantasmas, que todavía no existen en término reales y se ha generado una oposición muy fuerte a que se asienten, aun teniendo una resolución. “Los que no se han asentado ven peligrar esta conquista económica, visto que más allá de que algunos han usado la tierra para sacar madera de forma ilegal con los permisos de PDM20, no se ha hecho trabajo real”, aludió.
Para Vadillo, ante la oposición a su presencia, adoptaron la vieja consigna del MAS del “ahora es cuándo”, presionando más allá del costo político que puede ocasionar al Gobierno, y que además deja en evidencia nuevas corrientes dentro del MAS.
El titular regional de Fundación Tierra dice que hay una corriente que busca generar enemigos externos para mantener la unidad, o de lo contrario la pelea será entre ellos. “Al director del INRA no le interesan ni le convienen este tipo de conflictos, pero se lo están generando, y no importa si esto le cuesta el puesto, quizás hasta necesitan generar ese tipo de conflictos y debilitar a esas autoridades porque eso les permite avanzar en la línea de fuerza. A menor institucionalidad, se consolida el que tiene más fuerza, a eso se está apostando”, indicó.
Lo que corresponde, según Vadillo, es revertir todo ese proceso, y lamentó que nunca se hubiera hecho una auditoría técnico-jurídica al INRA.
En el caso de la ABT, lamentó su ausencia institucional. Citó como ejemplo la reserva de Choré, que fue saneada y entregada a la ABT desde el año 2004 y que ahora está totalmente parcelada y titulada. “La ABT, del 2004 al 2021, no ha dicho una sola palabra, menos hizo algo”, atacó.
Fuente: El Deber
