La crecida de los ríos en el departamento de Beni, principalmente en Mamoré, amenaza a 300 mil cabezas de ganado vacuno y a la fecha ya afectó a 850 propiedades, informó ayer el tesorero de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), Herlan Ojopi.

“Son 850 propiedades que han sido afectadas y más de 300 mil cabezas de ganado afectadas también por las crecidas de ríos a causa de las lluvias. Se hacen las movilizaciones del ganado a zonas altas para salvaguardar los animales que hay dentro y fuera del departamento como Santa Cruz, donde ya se trasladaron 40.000 cabezas, pero ahora el bloqueo afecta la libre locomoción”, precisó.

Los predios más afectados por las crecidas de los caudales están ubicados en las provincias de Moxos, Marbán, Cercado y parte de Yacuma, y se teme que en los siguientes días el avance del turbión golpee a otras propiedades.

“No tenemos datos específicos de la afectación económica ni pérdida de cabezas de ganado ocasionadas por el desborde del río Mamoré, que es el mayor, y que se refleja en los demás caudales. Estamos haciendo la cuantificación”, añadió.

En la evaluación de pérdidas se debe tomar en cuenta el pago extra a personal para movilizar a las reses, contratación de camiones, caballos, enflaquecimiento de los animales, aborto, pasto podrido por la inundación, entre otros costos.

Ojopi sostuvo que el sector ganadero demanda acceso a los recursos del fideicomiso de 911 millones de bolivianos para atender esta emergencia, pero no puede hacerlo porque tributa en el Régimen Agropecuario Unificado (RAU).

El sector genera divisas para el país por la exportación de carne y abastece el mercado nacional.
El hato ganadero de Beni llega a los tres millones de cabezas de ganado. Cada año desde el departamento se envían al país 500 mil cabezas.

La producción de carne asciende a 70.000 toneladas métrica por año.

Beni abastece el 30% de la demanda nacional de carne, de acuerdo con los datos oficiales de Fegabeni.

Las familias afectadas
Entretanto, el director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Beni (COED), Julio Galarza, informó que a causa de las lluvias tres municipios se han declarado en emergencia: San Ignacio, Trinidad y Loreto. En este último hay 1.154 familias afectadas.

En Trinidad en Loma Suárez, hay 252 familias perjudicadas, en Puerto Ballivián 130 familias, Puerto Almacén 240 familias, Puerto Varador 380 familias y Puerto Esmeralda 65 familias, que suman 1.067 familias afectadas por las inundaciones.

“En total son más de 2.200 familias afectadas, principalmente personas de la tercera edad, niños y jóvenes. En damnificados hay más de 1.100 familias, que han sido atendidas con alimentación y carpas, agua potable y vituallas”, señaló Galarza.

Mencionó que no se puede hablar de viviendas afectadas o perdidas, porque en años anteriores se hicieron anillos de protección, principalmente, en Trinidad, San Ramón, San Joaquín, San Borja, San Javier, Santa Ana de Yacuma y Rurrenabaque.

Muchas familias dejan sus casas para ubicarse en lugares altos, pero luego de la temporada de lluvia retornan a sus predios.

La afectación que se registra este año no es significativa en relación con otros años , como en 2008 o 2014, cuando hubo grandes inundaciones.

Según Galarza, a la fecha ya se han registrado dos choques de aguas provenientes de Cochabamba y La Paz, y para los siguientes días se prevé el tercer golpe que afectará a regiones como San Javier, Santa Ana de Yacuma, Rurrenabaque y otras.

Pobladores de la comunidad Copacabana y de Puerto Ballivián, cerca del río Ibare, en Beni, expresaron en un recorrido realizado por Bolivisión, que perdieron sus pertenencias por las inundaciones y que tuvieron que ser socorridos con lo que pudieron salvar.

“He perdido todo mi chaco y saqué lo que pude. Tengo 68 años de edad, hay mucha tristeza de perder por todo lo que uno tanto trabaja. Ya no da ganas de volver a trabajar sabiendo que se lo va a perder”, manifestó una comunaria.

Mientras que María Elena, otra pobladora relató: “El agua se entró a la casa. Hemos sacado lo que hemos podido, vivimos 12 personas aquí, ya no se puede colocar nada más”. Defensa Civil ya llevó ayuda.

Fuente: Página Siete

El representante de los productores lecheros de Tarija, Leonardo Barrón, ha manifestado que el sector lechero está preocupado por el incumplimiento del decreto 4417 que regula los precios de la soya y sus derivados, sin embargo, el sector lechero se ve impedido de modificar precios, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria.

Asimismo, ha indicado que la vigencia de estos decretos garantizaría la seguridad alimentaria, por ello ha cuestionado a Anapo, por la incapacidad de negociar con la industria, ya que asegura que cinco familias son las que están incumpliendo las normativas en el país.

“Los cupos que se tienen no exceden el 30% de la producción nacional, por eso no estamos en contra de la exportación, pero nos preocupa que no se llegue a acuerdos y no se respete la norma que rige a todo el sector pecuario a nivel nacional, lo que involucra al sector lechero ganadero y avícola”.

Así también, ha señalado que están organizándose para movilizarse en el departamento, esto en el marco de la movilización nacional.

Cabe remarcar que el bloqueo de caminos, convocado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), comenzó este lunes en distintas zonas productivas del departamento de Santa Cruz en rechazo a la política de regulación de precios en el mercado interno, impuesto por el Gobierno con la banda de precios para la venta de harina de soya.

La medida de presión, de forma indefinida, comenzó desde las 00.00 de este lunes por parte de los productores en varios accesos de los municipios de San Julián, Cuatro Cañadas, entre otros.

«Hemos tenido que tomar esta extrema medida por la falta de solución a nuestra demanda de eliminación de banda de precios, cupos de abastecimiento y a nuestro pedido de libre exportación y acceso a la biotecnología en los cultivos de soya y maíz, principalmente».

Fuente: La Voz

La contundente afirmación fue suministrada por voceros de la Federación de Ganaderos del Beni quienes además se sienten alarmados por cuanto los jueces y fiscales no aplican con riguriosidad la justicia para castigar a los delincuentes.

Representantes de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) se muestran alarmados y preocupados por el incremento del abigeato o robo de sus animales en su departamento, que anualmente registra para los ganaderos la pérdida de unos nueve millones de dólares por unas 2.500 cabezas de ganado.

Recientemente ocurrió un hecho insólito en la asociación de Santa Rosa, donde se robaron 60 cabezas de ganado, por lo que están detenidos, pero en sus residencias Darwin Ángel Melgar y Nito Balcazar Melgar, según lo dieron a conocer en una conferencia de prensa los afectados de Fegabeni.

La doctora María Eugenia Durán Roca, presidente del comité contra el abigeato y también vocera de Fegabeni, manifestó la tensa situación que se presentó con el robo del ganado en Santa Rosa y más cuando se enteraron quien era el autor del delito, por lo que procedieron a recuperar las 40 cabezas, pero quedaron extraviadas otras 20.

«La policía detuvo al dueño y a uno de sus cómplices de la propiedad en la que se encontraba el ganado robado y fueron a una audiencia, pero al delincuente le concedieron una medida sustitutiva de detención domiciliaria y debió cancelar una fianza de 20 mil bolivianos», resaltó la denunciante.

Destacó que el supuesto abigetista es vecino del dueño del ganado y no entienden cómo procede a realizar un delito contra un vecino. Esta situación tiene al resto de representantes de Fegabeni muy molestos, sobre todo al reconocer que la policía hizo un buen trabajo para capturar a los responsables y que luego de llevarlos ante el fiscal y el juez estos dictaminaron la medida sustitutiva.

«No estamos de acuerdo con esa decisión del tribunal porque debemos imaginar que las 20 cabezas de ganado son más de 56 mil bolivianos y al pedirle una medida fianza de 20 mil Bs. supera con amplitud la pérdida», sostiene la afectada.

La molestia, según lo explica, es que ya no se conforman con robar dos y hasta cinco cabezas de ganado, como lo habían hecho antes, sino que ahora son capaces de robar 60 como en este caso y muchas más en otras partes del departamento.

Fue enfática en manifestar que como ganaderos pasan por una situación muy difícil, pues aunado a este delito se suman las inundaciones, la pandemia y otras calamidades que los tienen al borde del colapso.

El sacrificio que realizan los ganaderos, según lo enfatiza, en estas situaciones de sequías o de intensas lluvias que traen las inundaciones, las cuales todos los años los afectan, ahora para colmo, deben enfrentar a los ladrones de ganado.

«No entendemos cómo nuestras leyes, los fiscales y los jueces no realicen sus trabajos como debe ser, que apliquen la justicia para que sirva de ejemplo a otros y se dan cuenta que no pueden salir a robar», manifestó la dirigente.

Sostiene que con la medida sustitutiva de quedarse en su casa y de solicitarles una fianza de Bs. 20 mil es un chiste, por lo cual se sienten preocupados ante esta situación.

Fue más clara e incisiva en su planteamiento al manifestar que la mayor preocupación está centrada en el trabajo de los jueces y fiscales «porque si ellos no aplican la justicia, aumentarán los robos».

Asegura que no solo es en Santa Rosa, sino en todo el departamento del Beni donde se ha desatado el robo de los animales al punto de que al año se pierden unos 2.500 ejemplares.
Hay muchos ganaderos que les roban el ganado, pero prefieren no denunciar nada porque ya saben cómo será el proceder de los encargados de impartir justicia, por lo que prefieren quedarse callados, sostiene la vocera.

Los ganaderos manifiestan que más es lo que van a gastar con la denuncia, además del problema que cargarán encima y hasta tienen que convivir con los ladrones, pues algunos son sus vecinos. Así la policía los detiene, gastan dinero en abogados y al final no aprecian ningún resultado.

Tomarán cartas en el asunto
Carlos Toro Vargas, abogado del departamento de asesoría legal de Fegabeni intervino para precisar que la institución que representa colocará todo el equipo técnico necesario para ser coadyuvantes en la investigación de este delito.

Al respecto manifestó que la medida sustitutiva es muy benigna porque en el caso de Santa Rosa fueron capturados con el ganado robado en sus predios y a uno de ellos ya tenía otra medida sustitutiva en su estancia y el otro se le había otorgado una similar en Riberalta.

Aclaró que la prisión preventiva es con escoltas esporádicas, lo que interpreta no tendrán ningún control policial.

«Hemos tomado cartas en el asunto. Como abogado he hablado con algunos jueces y funcionarios del poder judicial y ellos manifestaron que debíamos tener una reunión con el presidente de Fegabeni, el fiscal de Distrito a los fines de unificar criterios, en virtud a que el delito de abigeato no permite la medida sustitutiva de libertad», afirmó el abogado.

Señaló que la juez, doctora Bascopé, quizás por desconocer en profundidad el proceso, optó por darles prisión en sus residencias por lo que considera tomó una decisión que no se ajusta a lo requerido.

Al respecto, manifestó que siempre Fegabeni solicitará la medida de prisión preventiva para abrir luego el proceso en los tribunales.

El abigeato es una lacra
Marco Antonio Gutiérrez Núñez, director de Fegabeni, intervino para manifestar que lastimosamente en el departamento del Beni el abigeato se ha convertido en una lacra que arrastran desde hace muchos años.

«Se trabajó mucho para aumentar la pena por este delito y se llegó a establecer parámetros para que todas las personas que cometan abigeato sean castigadas con rigurosidad. Vamos a presentar este caso puntual de Santa Rosa para demostrar que la justicia está siendo injusta», afirmó.

Ahonda en su planteamiento al manifestar que la juez otorgó la medida sustitutiva a la de prisión preventiva en un delito en que se han robado más de 300 cabezas de ganado que representan 120 mil dólares a un ganadero que, a través de la investigación, dio con la estancia donde se encontraba el saldo de su ganado es decir unos 60 ejemplares.

Así ese ganadero recuperó apenas 30 mil dólares y ese dinero cuando el juez escuchó las medidas cautelares dijo con certeza que el daño económico al ganadero había sido de Bs. 600 mil.

Se pregunta cómo podía dar una medida sustitutiva, que no la podía dar, y en segundo lugar aplica una fianza de 20 mil Bs. que no cubre en nada el daño causado.

Señala que el instrumento del robo es la estancia y le dan la prisión preventiva en ese mismo lugar, lo que puede cambiar e influir para poder cambiar el rumbo de la investigación.

«Fue una decisión mala, pésima, porque no solo atenta contra el derecho, sino contra la economía básica del departamento. Es por esta razón es que Fegabeni toma mayor interés a raíz de las medidas que está tomando la justicia en el ámbito del abigeato las cuales son muy erradas».

Sostiene que estas decisiones incentivan los robos de ganado porque no hay un castigo ejemplar para los culpables. De igual manera desalienta la inversión en el departamento porque no hay seguridad jurídica.

En cuanto a las 300 cabezas robadas, se recuperaron 60, por lo que supone que ya otras 240 ya fueron comercializadas en ventas.

Insiste en que no pueden dar medidas sustitutivas de libertad a una persona que es ladrón confeso, en segundo lugar, los ladrones llevan a la policía al sitio donde estaban el ganado robado y en tercera instancia que las medidas no son suficientes para asegurar que esa persona no se presente posteriormente al juicio y no influyan en la investigación.

El informante afirmó que van a solicitar reuniones ante la fiscalía departamental y con los ministerios correspondientes con la finalidad de aplicar la penalización del abigeato.

Fuente: Publiagro

Representantes del sector avícola, lechero, porcinocultor afirmaron que la agroindustria oleaginosa los ha perjudicado desde el año 2020 vendiendoles la soya por encima del precio internacional y ahora lucharán para que el nuevo Decreto Supremo se mantenga vigente.

El tira y encoje por los precios de la harina de soya solvente que protagonizan la industria oleaginosa, el Gobierno nacional y los sectores pecuarios se mantiene más vigente que nunca.

Hoy los pecuarios cochabambinos accedieron a una entrevista en Publi Agro Noticias que se transmite por Facebook Live, para señalar que han sufrido demasiado con este tema y no darán un paso atrás para que se mantenga la decisión tomada por el Gobierno nacional al establecer mediante Decreto Supremo la banda de precios por la venta del grano al mercado interno.

Los dirigentes Héctor Cordero, presidente de FDA Cbaba, Mario Mercado, presidente del sector lechero, Edgar Sandoval, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Roxana Veizaga, presidente de ADEPOR Co.RS, todos de Cochabamba, dieron a conocer sus puntos de vista sobre el impasse plateado entre estos sectores.

Libertinaje comercial
Sandoval inició su participación para manifestar la preocupación que tiene todo el sector pecuario que representa por lo que considera se debe buscar una pronta solución, aunque antes señala la importancia de informarle a la población cuál es la problemática que está pasando.

Al respecto señala que la CADEX y la CANIOB fueron los proponentes ante el pasado Gobierno de Jeanine Añez del Decreto Supremo (DS) que concedió la libre exportación de la harina solvente de soya y sus derivados, pero afirma que no hubo el consenso necesario de todos los sectores para que ese Decreto fuese promulgado.

Considera que al saltarse ese paso, es decir sin contar con la aprobación de los afectados del sector pecuario, se promulgó el DS de libre exportación que llamó como un «libertinaje comercial».

«Apenas comenzó a funcionar el DS la industria aceitera se opuso, no le gustó cómo salió la redacción del mismo y finalmente el ministro de ese entonces dijo que ese no era un DS de libre exportación para que fuese admitido como un libertinaje comercial», reiteró el dirigente del sector avicultor.

Reafirma que si es libertinaje comercial porque los proponentes no respetaron el referido DS en ninguna de sus partes por lo que estima que allí la dificultad fue mayor ya que les tocó que pagar con sobreprecio la harina solvente de soya y sus derivados.

Para colmo, el abastecimiento lo encontraban mucho más caro en el mercado paralelo por lo que estima han pasado por muchas dificultades, ya que no querían atender al mercado interno.
Estima que jamás fueron atendidos con la suficiencia y permanencia que requiere el mercado interno.

Afirma que el 2020 fue un año muy duro para el sector no solo por la pandemia y el cambio de gobierno, sino por las decisiones que se tomaron, por cosas que no se debieron hacer en especial el descuidar el mercado interno.

Reitera que no se debe permitir que un grupo de industrias maneje a un sector que es el que produce o cosecha los granos y afirma que están generando insumos para la producción de alimentos, primordial para la seguridad alimentaria.

«La industria comenzó a observar y no cumplió, por cuanto salían tres resoluciones administrativas sobre los cereales y ninguna cumplió porque no le gusto a las oleaginosas. Finalmente, se publicaron los precios pero la industria no lo respetó».

Recordó que ellos propusieron el Decreto, no lo cumplieron y ahora quieren retroceder a la misma modalidad. «Lo más difícil y triste es que asegura están creando confrontaciones entre los bolivianos».

El tema de la banda de precios aseguró no tiene color político y mucho menos fue obra de algún presidente, simplemente se estableció, pero la industria no lo cumplió y los productores pecuarios terminaron pagando más que el precio que estaba fijado en el mercado internacional.

Señala que en el 2019 se logró establecer un precio de venta real más o menos estabilizado que se derrumbó con la aprobación en 2020 del DS del Gobierno anterior.

«Lamentablemente, la industria prefiere no atendernos cuando el precio no les conviene. Yo aseguro que si ellos pudiesen vendernos la soya a mil dólares la tonelada entonces si estarían dispuestos a hablar con los representantes del mercado interno», afirmó el dirigente.

Todo es culpa de la cobardía
Héctor Cordero, presidente de los avicultores de Cochabamba (FDA Cbaba) sostiene que debido a las cobardías es que se han presentado los actuales problemas generados por los representantes de la industria oleaginosa.

«Hemos trabajado desde lo mínimo tratando de entender a esas autoridades que no tenían conocimiento de esta materia, pues nos imponían ministros que no sabían nada del tema. Se hablaba de la seguridad alimentaria y estaba en un documento en un papel, pero era para cumplirlo y no se materializó»

Luego señala que se comenzó a realizar un trabajo laborioso, pero han llegado de nuevo a mantener los mismos problemas que más o menos se habían superado.

«Ahora gracias a la organización que tenemos en la actualidad sabemos cuánto es el consumo de pollo en Bolivia, cuándo podemos llevar adelante el tema de la planificación, pero con una visión clara que no perjudique a nadie, y que no sea aprovechada por los vividores que sacan provecho de esta situación».

Aseguró que no van a tolerar ahora más sobreprecios y ratifica que tendrán que devolverles los excesos que cancelaron a la agroindustria en 2020 por la venta de los insumos de soya.

Muchas bajas en las granjas
Roxana Veizaga, presidente de los porcinocultores de Cochabamba, informó que en su asociación se han presentado muchas bajas entre las que llamó madres a raíz de los altos precios de la harina de soya solvente, por cuanto no la podían adquirir y debían combinar con otros granos como el maíz y el sorgo, pero no es lo mismo porque muchos animales murieron.

En la Asociación que preside están inscritos 24 socios grandes que producen el 80% de la producción de su departamento. De ellos solo dos tienen el registro sanitario, la ADEPOR Cochabamba y la ADEPOR Co.RS que es de su propiedad.

Al referirse al precio que están comprando la harina solvente de soya dijo que la adquieren a 2053,20 Bs, la tonelada. Requieren en su granja unas 700 toneladas y eso es lo que les venden las aceiteras.

Los porcinocultores también alimentan sus animales además de la soya, con maíz, sorgo y en algunas épocas con afrecho.

Hizo hincapié, no obstante, en que la soya no se puede reemplazar con ningún otro producto. Sostiene la posibilidad de que se pueda reemplazar el maíz por el sorgo, pero la soya solvente no se puede.

Considera que están afectados cuando no se les puede dar la soya solvente como alimento a las porcinas y esos resultados los pueden apreciar luego de cuatro cinco meses, fecha en las que tienen muchas bajas que es lo que han padecido algunas granjas debido a los problemas que se han presentado.

Por ello, los productores acordaron que de ahora en adelante no rebajarán ni un grano de soya que sea necesario para el alimento de los porcinos.

Nos causaron un daño irreparable
Mario Mercado, presidente del sector lechero de Cochabamba, participó en la tertulia centrando su opinión en que la industria oleaginosa se aprovechó el año pasado del mercado interno para cobrar por encima del mercado internacional y eso asegura indigna a todo el sector pecuario del departamento.

«La industria oleaginosa está extorsionando a la población boliviana atentando y afectando contra la seguridad alimentaria y ocasionando un daño económico irreparable a la economía del país».

En cuanto a los precios de venta de la leche que producen sus vacas manifestó que esos costos de venta los tienen regulados con bandas de precios para la entrega a la industria láctea.

Sostiene que el Estado regula los precios de la leche o con productores primarios y considera que una alternativa para este Gobierno es hacer cumplir la normativa vigente que permitirá dar certidumbre al sector soyero.

Por ello también solicito de las autoridades que debe atender el caso de los lecheros en forma urgente.

«So pretexto de que existen bandas de precios y cupos, la industria está extorsionando a los productores del grano sin tomar en cuenta que la producción interna, es decir, el consumo interno de los derivados de la soya solo alcanza el 20% de la producción total, el 80% lo cancelan a los productores bolivianos muy por debajo del precio que deberían pagar a nivel internacional».

Sostuvo que los pecuarios les han ofrecido a los productores soyeros ayudarlos para que manejen mejor sus precios, no obstante, afirma que ANAPO rechaza esa ayuda, aunque no tiene la capacidad de sacar mejores márgenes de utilidad para sus socios.

Afirma que la posición de ANAPO no solo es ineficiente, sino que es atentatoria porque busca que entren en conflictos dos sectores productivos, en vez de ponerle las clavijas a una industria que lo único que busca es su interés personal y económico sobre los otros.

Manifestó que la ANAPO siempre ha manifestado que ellos subvencionan a los pecuarios con la venta de la soya, pero esa afirmación la rechazó de plano.

«Es completamente falso que las aceiteras nos estén subvencionando. La industria nos entrega en forma tardía y les paga mal a los productores soyeros, anteponiendo sus intereses particulares sobre toda la cadena productiva», dijo en forma tajante.

Fuente: Publiagro