Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá son oficialmente ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora porque los avasalladores siguen avanzando.
Con la confirmación del INRA, el Bajo Paraguá tiene en papeles y en teoría tres escudos protectores: Además de ser Reserva Forestal Permanente y Tierra Fiscal no Disponible, tiene el título de Área protegida Municipal de San Ignacio de Velasco: tres candados que están unidos uno a otro, amparados por las leyes bolivianas que en la práctica son vulneradas por avasallamientos y desmontes perpetrados por los llamados interculturales que han manifestado en varias oportunidades su afinidad con el partido de gobierno del MAS.
Pese a estas corazas de normas y papeles, no cesan las denuncias de avasallamientos y desmontes en el Bajo Paraguá. Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá ya oficialmente son ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora, porque los avasalladores —tal como queda en evidencia tras la apertura de la nueva brecha de siete kilómetros de largo que fue abierta entre el 6 y 11 de julio del 2022— se siguen campeando libres y sin frenos, desmontando el bosque.
Tras la denuncia que hizo Revista Nómadas el 29 de agosto, de que una nueva brecha de 7 km se había abierto dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, la presidenta del Comité de Gestión, Maida Peña, se movilizó para exigir al alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Carlos Dorado, actúe de inmediato, realice inspecciones y acciones legales ante los desmontes al interior de la Reserva Forestal y Área Protegida Municipal.
Además, Maida Peña reveló, a través de un video, que los deforestadores del Bajo Paraguá, no son ningunos pobrecitos y que van en caravanas con movilidades de lujo a destrozar el bosque. En el video se pueden ver filas de vehículos a un costado del camino, en la zona donde se está realizando la deforestación.
Además, la nueva deforestación ilegal dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, causó una ola de críticas a las instituciones nacionales y departamentales, por no defender uno de los pulmones más importantes que tiene el país y el continente.
La diputada María René Álvarez, de Creemos, remitió el 30 de agosto, una nota a la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas y ante Naciones Unidas alertando sobre el aumento de avasallamientos y usurpación de tierras en el Área Protegida Bajo Paraguá y su pedido de exhortación al Estado boliviano sobre la toma de acciones oportunas.
Tras agotar los recursos de denuncia internos, la parlamentaria optó por acudir a organismos internacionales ante la indiferencia de las autoridades nacionales frente a un problema que tiende a agravarse por la proliferación de grupos de los denominados “interculturales”, que insisten en tomar áreas protegidas en la chiquitania.
“… se solicita a su autoridad que, en el marco de su mandato y atribuciones, realice un llamado al gobierno boliviano dirigidos a la protección inmediata de derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados, con el fin de proteger y preservar el área protegida de Bajo Paraguá como un bien mayor natural”, señala parte de la nota de prensa emitida por la diputada Álvarez.
En esa nota de prensa la diputada Álvarez, atribuye los asentamientos humanos ilegales a personas ligadas al partido del gobierno en funciones Movimiento Al Socialismo (MAS), grupos ilegales que además incurren en hechos de deforestación y otras acciones supuestamente productivas que no son sostenibles que están ocasionando el aumento de incendios forestales, sequías y pérdida de biodiversidad.
‘‘El sistemático asalto a las tierras de las comunidades originarias, especialmente chiquitanas, con una clara intención partidaria colonizadora del MAS mediante grupos denominados interculturales, de no ser resueltos con firmeza dentro de los mandatos constitucionales, condena a la desaparición de las tierras protegidas…”, alerta la parlamentaria.
Fuente: El Deber
