El uso de plaguicidas, fertilizantes y semillas fuera del sistema formal alcanza niveles críticos y pone en riesgo la productividad y sostenibilidad del sector
Un reciente estudio elaborado por el Centro de Estudios Económicos (CEBEC) de la CAINCO encendió las alertas en el sector agropecuario boliviano al confirmar el crecimiento sostenido del uso y producción de insumos ilegales en el país. El informe, solicitado por ASOSEMILLAS, APIA y APRISA, no solo cuantifica el problema, sino que también evidencia su impacto directo en la productividad, la economía y la sostenibilidad del agro.
Uno de los datos más preocupantes es el tamaño del mercado ilegal de plaguicidas, que oscila entre 108 y 151 millones de dólares, representando entre el 32% y el 44% del volumen de importaciones legales. Este rango refleja una alta penetración de productos falsificados, adulterados o ingresados por contrabando, lo que distorsiona completamente el mercado formal.
El estudio emplea metodologías técnicas como el “método espejo”, que compara exportaciones de países vecinos con las importaciones registradas en Bolivia, evidenciando discrepancias que sugieren contrabando. Bajo este enfoque, se estima que el comercio ilegal de plaguicidas representa al menos un 10% del valor importado, aunque el propio informe advierte que esta cifra podría estar subestimada debido a la permeabilidad de las fronteras.
A esto se suma el análisis de equilibrio entre oferta y demanda, donde el consumo real en campo supera ampliamente la oferta formal registrada, confirmando la existencia de un mercado paralelo que abastece a los productores.
“Datos del CEBEC evidencian que el mercado ilegal de insumos agrícolas crece y ya impacta fuertemente en costos, rendimiento y seguridad alimentaria en Bolivia”
Sin embargo, el problema no se limita a los plaguicidas. El estudio también revela cifras críticas en el uso de semillas y fertilizantes ilegales, lo que agrava aún más el escenario.
En el caso de las semillas, el 57% del uso en cultivos de soya y maíz es ilegal, es decir, proviene de “bolsa blanca” o de reproducción fuera del sistema formal. Pero al considerar variables como inventarios y ventas no registradas, esta cifra podría elevarse hasta un 85%, lo que evidencia un colapso en la trazabilidad del sistema productivo.
En fertilización, el panorama también es crítico. El estudio señala que el 69% del área agrícola utiliza fertilizantes ilegales, lo que implica un uso extendido de productos sin control técnico ni garantía de calidad.
Alerta para el productor: más riesgo que ahorro
El crecimiento de los insumos ilegales responde a factores estructurales como controles insuficientes, diferencias de precios y la facilidad de acceso a mercados informales, incluso mediante plataformas digitales. Sin embargo, el aparente ahorro para el productor puede convertirse en una pérdida significativa.
El uso de estos productos implica riesgos en la sanidad de los cultivos, menor eficacia en el control de plagas y enfermedades, y potencial afectación a la salud humana y al medio ambiente. Además, genera competencia desleal frente a quienes cumplen con la normativa.
El estudio también advierte que la producción ilegal de semillas dentro del país está creciendo, mediante el uso no autorizado de variedades registradas, lo que debilita aún más el sistema formal y afecta la innovación tecnológica en el agro.
Un problema estructural que exige acción urgente
Los resultados del CEBEC muestran que el uso de insumos ilegales ya no es un fenómeno aislado, sino una práctica extendida que compromete la competitividad del agro boliviano. La magnitud del problema exige acciones coordinadas entre instituciones como SENASAG, INIAF, Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.
Entre las principales medidas propuestas están el control de puntos de producción y distribución ilegal, el fortalecimiento de la fiscalización en rutas y la vigilancia de la comercialización digital.
Para el productor, el mensaje es claro: el uso de insumos certificados no solo garantiza mejores resultados productivos, sino que también protege la sostenibilidad del sistema agrícola y el acceso a mercados más exigentes.
El desafío está planteado: formalizar el agro boliviano o asumir los costos de un sistema cada vez más vulnerable.
Redacción: Publiagro
