Desde la Cámara Agropecuaria del Beni destacan que la norma fortalece la seguridad jurídica y la proyección económica del productor campesino
La reciente promulgación de la Ley 157 por parte del presidente Rodrigo Paz, en el marco de Agropecruz, comienza a generar reacciones en el sector agropecuario. Desde el oriente del país, la Cámara Agropecuaria del Beni (CAB) expresó una postura favorable hacia la normativa, destacando su potencial para transformar la economía rural y fortalecer la seguridad jurídica de los pequeños productores.
El gerente de la institución, Roberto Paz, sostuvo que esta ley representa una oportunidad para que las unidades productivas campesinas dejen de ser espacios de subsistencia y se conviertan en verdaderos motores de desarrollo económico.
“Esta norma permitirá que la tierra se convierta en un instrumento de estabilidad financiera y proyección económica, además de garantizar derechos como la transferencia, la herencia o incluso su uso como respaldo financiero”, explicó.
Uno de los pilares de la Ley 157 es la formalización del derecho propietario sobre la tierra, un aspecto que, según la CAB, ha sido históricamente una limitante para el desarrollo del sector rural. La posibilidad de contar con un respaldo legal claro permitiría a los productores acceder a financiamiento, realizar inversiones y mejorar sus condiciones productivas.
En ese sentido, Paz enfatizó que la norma busca romper con un modelo asistencialista que, a su criterio, ha mantenido rezagados a los productores campesinos. “El Estado debe pasar de un enfoque básico a uno que permita al productor generar su propia economía con herramientas reales”, afirmó.
“El sector agropecuario del Beni considera que la nueva Ley 157 puede transformar la economía rural, aunque advierte que su rechazo responde más a posturas ideológicas que técnicas”
Otro aspecto destacado es el carácter voluntario de la ley. Según explicó, los productores tendrán la libertad de decidir si adoptan o no este nuevo esquema, lo que elimina cualquier tipo de presión y abre un proceso gradual de adaptación.
“Es una opción electiva. Nadie está obligado. Cada productor podrá conocer la ley, entenderla y decidir en el momento que considere adecuado”, señaló.
Sin embargo, la normativa no ha estado exenta de críticas. Algunos sectores han manifestado preocupación sobre sus alcances, especialmente en lo referido al uso y control de la tierra. Frente a ello, desde la CAB consideran que existe un componente ideológico en el rechazo.
“Creemos que la desinformación está centrada en un concepto ideológico. Hay sectores que mantienen una visión que limita las libertades del productor sobre su tierra”, indicó Paz.
Desde su perspectiva, el acceso pleno al derecho propietario representa una herramienta clave para que el productor rural pueda redefinir su modelo de vida, mejorar su productividad y salir de condiciones de vulnerabilidad económica.
Para ilustrar este punto, el gerente de la CAB comparó la situación rural con el ámbito urbano. “Es como si en una ciudad alguien decidiera si usted es dueño o no de su terreno. Aquí se trata de que el Estado garantice ese derecho de manera formal”, explicó.
En un contexto donde el agro busca mayor competitividad y sostenibilidad, la Ley 157 se perfila como una normativa que podría marcar un punto de inflexión. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad de socialización, comprensión y adopción por parte de los propios productores.
Desde el Beni, el mensaje es claro: más allá del debate, el desafío está en entender la norma y evaluar sus beneficios en función del desarrollo productivo del país.
Redacción: Publiagro
