La falta de resultados en las investigaciones ha llevado a las comunidades a aplicar medidas tradicionales para frenar los delitos
El dirigente campesino Said Guerrero expresó su profunda preocupación por la creciente actividad delictiva que se registra en el área rural, en particular el robo de ganado, indicando que esta problemática no es reciente y que, a pesar de las denuncias formales, los resultados concretos en las investigaciones son escasos o nulos. Según Guerrero, la difusión de notas y la circulación de información errónea, impulsadas por algunos dirigentes, buscan desviar la investigación y evitar que esta llegue a un punto final.
De manera categórica, el dirigente aclaró que no puede señalar culpables ni afirmar responsabilidades directas y negó cualquier relación familiar con los sindicados o presuntos implicados en el último robo ocurrido en la subcentral de San Agustín, comunidad de Alto Potreros. «Estas versiones solo pretenden confundir y entorpecer el proceso investigativo», remarcó.
Guerrero destacó que, como sector rural y productivo, dedicado principalmente a la crianza de ganado, los productores deben soportar pérdidas continuas casi todo el año. Relató que, aunque se presentan denuncias ante la Policía, las investigaciones no logran identificar a los responsables, pese a que en varias ocasiones la carne robada termina apareciendo en los mercados de la ciudad.
Ante esta situación, el dirigente informó que algunas comunidades han decidido aplicar la justicia comunitaria, reconocida por la Constitución, al considerar que la problemática los ha rebasado. Explicó que esta justicia se basa en los usos y costumbres de cada comunidad, iniciando con sanciones como el chicotazo, un castigo físico tradicionalmente utilizado para corregir faltas menores.
Asimismo, Guerrero advirtió que se evalúan medidas más drásticas, como cortar parte de la oreja a quienes sean sorprendidos en el delito, con el objetivo de desalentar la reincidencia por vergüenza y presión social. Estas decisiones responden a que las pérdidas se repiten cada año y cada mes, haciendo insostenible la situación para los productores rurales.
Aunque no existen cifras exactas, el dirigente estimó que la provincia pierde entre cinco y diez animales por mes debido a este tipo de delitos. Señaló que existe coordinación con la Policía a través de las autoridades comunales, y que se ha dado un sobreaviso claro de que estas acciones no serán toleradas por los productores ni por las comunidades rurales.
Finalmente, Said Guerrero reiteró que no citará nombres, al no ser juez ni fiscal, pero aseguró que las comunidades ya han identificado a quienes se dedican a estos ilícitos, convirtiéndose en un secreto a voces. Según indicó, se trata tanto de comunarios como de personas que llegan desde la ciudad al campo, razón por la cual las subcentrales y comunidades han decidido tomar acciones por cuenta propia para proteger su ganado y garantizar la seguridad en el área rural.
Fuente: La Voz
