Marco Antonio Gutiérrez denuncia que proyectos para sancionar el robo de ganado —con penas de hasta 12 años— siguen ignorados por el gobierno y la Asamblea, mientras las pérdidas crecen y los productores son vulnerables
El reciente caso de abigeato en la Brecha 4 de los menonitas reavivó la indignación del sector ganadero frente al vacío legislativo que permite la impunidad. Marco Antonio Gutiérrez, secretario de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, calificó el hecho no como un hecho aislado, sino como la manifestación más reciente de un problema sistémico: la desatención deliberada de un proyecto de ley que ha sido presentado sin éxito por cinco años consecutivos.
Gutiérrez subraya que el 82 % de los ganaderos en Bolivia son pequeños productores, quienes sufren doblemente este tipo de delitos: por la pérdida material y por el desgaste emocional de ver su patrimonio consumido en una sola noche sin respuestas del Estado. “Ha habido legisladores, un gobierno, que durante más de cinco años ha hecho oídos sordos a nuestra demanda”, declaró con enfado.
La clave del reclamo está en la penalización efectiva del delito. En la legislación actual, el abigeato es castigado con penas leves que permiten medidas sustitutivas o ningún encarcelamiento. Ese vacío legal es precisamente lo que Gutiérrez busca cerrar con el proyecto presentado: penas de hasta 12 años de prisión con detención preventiva obligatoria para quienes cometan abigeato, una propuesta que aún permanece sin avance en la Asamblea.
Mientras tanto, los ganaderos se organizan. En el Beni destacan las alianzas con fiscalía, policía montada y federaciones para realizar patrullajes y acciones conjuntas. Pero sin justicia real ni reformas, persisten los temores: ganado con posibles enfermedades, daño a la economía nacional y ruptura del tejido social rural.
Estado del proyecto de ley y demandas del sector
El sector ganadero esperaba que la Asamblea Legislativa tratara un proyecto de ley para endurecer las penas contra el abigeato, agilizar los procesos judiciales y reforzar los mecanismos de control. Sin embargo, el tratamiento de la norma sigue paralizado, lo que para FEGASACRUZ representa una señal preocupante de desinterés estatal frente a un delito que impacta directamente en la seguridad alimentaria, la economía rural y la calidad genética del hato nacional.
Contexto legislativo y propuestas detenidas:
- La CAO y Fegasacruz han impulsado anteproyectos de ley para incrementar las penas por abigeato a 10 años de prisión, anunciando que la ley actual (6 años) no genera detención preventiva ni disuasión real del delito.
- En abril de 2023, Asocebú, a través de Congabol, presentó un proyecto para elevar la pena mínima a 8 años de cárcel, con énfasis en que desde la primera vaca robada ya sea considerado abigeato.
- El gobierno también remitió un proyecto propio en mayo de 2024, que propone una nueva figura penal llamada “apoderamiento flagrante de la cosa ajena”, con penas de 7 años sin derecho a indulto, cifra que podría llegar a 9 años con reincidencia.
Sin embargo, estas medidas no han sido discutidas. Según Fegasacruz, la iniciativa de elevar a 8 años “duerme” en una comisión legislativa, pese a pérdidas calculadas en USD 15,9 millones en los últimos cinco años.
«Hace cinco años que presentamos un proyecto de ley que endurece penas hasta 12 años: pero el abigeato sigue impune porque no hay voluntad política»
Un problema histórico que sigue impune
El director de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), Javier Landívar, aseguró que el abigeato en Bolivia se ha convertido en un delito “de nunca acabar” y que las bandas organizadas siguen operando con total impunidad. Según datos de la federación, solo en 2024 el sector pecuario cruceño perdió más de 4 millones de dólares debido al robo y faeneo ilegal de 6 mil cabezas de ganado.
El norte cruceño ha sido históricamente la región más afectada, aunque en los últimos meses también se han reportado casos en el este del departamento. “El problema no es solo económico, sino también genético. Se han faeneado vacas de altísimo valor genético, imposibles de reemplazar en términos de calidad productiva”, lamentó Landívar, recordando un caso ocurrido hace dos años cuando fue sacrificada ilegalmente una vaca de un dirigente ganadero de la ACAO con un valor incalculable para el mejoramiento de la raza bovina.
Controles débiles y mercados cómplices
Uno de los factores que, según FEGASACRUZ, alimenta el delito es la falta de control en el movimiento y la comercialización de carne. Landívar señaló que las guías de movimiento del SENASAG necesitan un ajuste urgente para evitar que animales robados puedan ser trasladados con documentos falsificados o manipulados.
Asimismo, apuntó a la responsabilidad de las intendencias municipales, que deberían garantizar que la carne que llega a los mercados provenga exclusivamente de frigoríficos autorizados. “No hay abigeato si no hay dónde vender. El expendio ilegal sigue ocurriendo por falta de fiscalización y, en algunos casos, por complicidad”, afirmó.
Riesgo sanitario para la población
Más allá del daño económico, la faena clandestina de ganado implica un riesgo sanitario significativo. El faeneo ilegal se realiza sin cumplir normas de higiene ni procesos de inspección veterinaria, lo que podría derivar en la venta de carne contaminada. Aunque hasta la fecha no se han registrado brotes sanitarios asociados a carne de abigeato, FEGASACRUZ considera que la amenaza es latente.
Un sistema judicial que no responde
El aspecto judicial es otro de los puntos críticos. Landívar denunció que el alto costo de los procesos y la falta de respuesta del Poder Judicial y la Policía desalientan a los pequeños productores a presentar denuncias. “Hay redes que faenan animales de uno o dos productores, y el costo de iniciar un juicio es tan alto que muchos prefieren callar”, dijo.
La impunidad por abigeato no es una tragedia aislada, sino una crisis normativa y operativa que pone en jaque no solo la economía rural, sino la confianza en el Estado. El proyecto para sancionar con justicia a los delincuentes existe: lo que falta es voluntad política para convertirlo en ley. Hasta entonces, los pequeños ganaderos continuarán vulnerables, viendo cómo su esfuerzo desaparece con cada robo sin consecuencias.
Fuente: Congabol, Fegasacruz
Redacción: Publiagro
