Productores ganaderos cuestionan que la única norma consensuada para regular quemas e identificar responsables de incendios no fue reglamentada en dos años, y ahora pretenden eliminarla sin una alternativa técnica ni participativa
La Ley 1171, considerada una herramienta técnica y legal para regular las quemas agropecuarias en Bolivia, enfrenta una posible abrogación antes siquiera de ser reglamentada. Así lo advirtió Walter Ruiz, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), quien manifestó la preocupación del sector productivo por lo que calificó como una «maniobra legislativa apresurada y sin consenso».
“Esta ley fue construida con productores y el gobierno. Se consensuó en 2023 y tenía todo el potencial para evitar incendios descontrolados. Pero nunca fue reglamentada. ¿Y ahora la quieren eliminar?”, cuestionó Ruiz.
La Ley 1171 —también conocida como Ley de uso y manejo racional de quemas— establece un marco para otorgar permisos de quema controlada, definir responsabilidades ante incendios descontrolados y aplicar sanciones proporcionales según el tamaño de la propiedad y el daño causado. Incluye también componentes de prevención y capacitación técnica.
No obstante, dos años después de su aprobación, el reglamento que debía ponerla en marcha nunca fue emitido, y en lugar de eso, sectores políticos impulsan una nueva propuesta legislativa —la Ley 118, antes proyecto 240— que según los productores solo apunta a castigar al sector agropecuario, que, si lo ponemos en hectáreas, son la minoria, dejando de lado a quienes provocan la mayoría de incendios en el país.
“Esta nueva ley focaliza las sanciones solo en el 15% de los tenedores de tierra. El otro 85%, que está en manos de otros sectores, ni siquiera es contemplado. Así no se combate el fuego, se castiga al que produce”, reclamó Ruiz.
«Si se abroga una ley sin haberla aplicado, el fuego seguirá avanzando; pero si se reglamenta y se construye justicia con técnica, el agro boliviano podrá seguir alimentando al país”
De la prevención al castigo unilateral
Para el agro boliviano, el riesgo no solo es legal, sino productivo. La falta de una normativa clara y justa desincentiva la producción, vulnera la seguridad jurídica y mina la capacidad del productor para planificar y trabajar en zonas donde el uso del fuego es parte histórica del ciclo agrícola.
Ruiz recordó que el sector ha enviado múltiples propuestas técnicas para reglamentar la Ley 1171, pero nunca obtuvo respuesta. “¿Por qué no se reglamentó en dos años? ¿Quién explica eso?”, se preguntó.
Según datos de la FAO, Bolivia ha perdido más de 8 millones de hectáreas por incendios en los últimos cinco años, en parte por la ausencia de una política integral de manejo del fuego. Expertos coinciden en que las leyes sin reglamentación y los castigos no equilibrados alimentan la impunidad o la persecución selectiva.
¿Qué plantea el agro?
Desde Congabol y otras instituciones productivas, se exige una reglamentación inmediata de la Ley 1171, con enfoque técnico, multisectorial y que incluya:
- Permisos controlados y digitalizados para quemas agropecuarias.
- Sanciones diferenciadas por daño y responsabilidad comprobada.
- Prevención activa, capacitación y monitoreo con drones, satélites o brigadas comunitarias.
- Participación de productores, pueblos indígenas, instituciones estatales y entes técnicos.
“Sin reglamento, no hay ley. Y sin ley justa, no hay producción sostenible. Este juego político solo empeora la situación del campo”, enfatizó Ruiz.
Fuente: Congabol
Redacción: Publiagro
