La dirigencia indígena de esa comunidad aprobó la construcción de la obra que está en la entrada de una reserva natural. Una comisión del Gobierno llegó hasta el lugar y prometió casas e internet
La dirigencia de la capitanía de Cuarirenda pidió el jueves al Gobierno legalizar un puente clandestino construido de forma ilegal por un grupo de menonitas. La obra cruza el río Parapetí, está en el ingreso del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco, su construcción también amenaza con dañar los Bañados del Isoso.
Pese a la deforestación y al daño ambiental que causó la obra, dirigentes de la comunidad exigieron al ministro de Obras Públicas legalizar y ver la forma de mejorar la obra, alegando que traerá progreso a todo el Isoso.
El jueves una comisión integrada por el Ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, realizó una inspección al puente. Luego de conocer de cerca esta obra, la autoridad participó de un acto donde los dirigentes de la comunidad y de otras aledañas, que se identificaron como parte del proceso de cambio, pidieron, al ministro avalar la obra ilegal.
«Quiero decirles hermanos que el puente es una necesidad. Muchas autoridades dicen vamos a sancionar, ¿por qué no dicen vamos a mejorar? Esto no es carretera a Brasil o Estados Unidos, por ahí recorro todos los días en bicicleta para ir a donde los ‘menonos’ a trabajar porque no hay trabajo aquí», dijo Jhonny García, capitán comunal de Cuarirenda.
El dirigente dijo que todo el Isoso ocupa la obra, «están todas las comunidades porque necesitamos el puente».
«Pido a nombre de estas comunidades que le den el visto bueno (al puente), porque es una necesidad. Pónganse de lado de todos los comunarios del Isoso, denle viabilidad», exigió.
Según el dirigente, varias personas que viven cruzando el río han muerto por falta de accesos y caminos, lo que impidió, en muchos casos, el traslado de personas enfermas.
En este escenario, Montaño dijo que el puente no tiene una licencia ambiental y el que debería ser procesado es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, “no amenazar con juicios a ustedes hermanos”.
En días pasados el gobernador cruceño realizó una demanda penal a los responsables de la TCO que aprobaron la construcción del puente.
Montaño dijo que para legalizar la obra la “Gobernación debería realizar un manifestó ambiental”, pero que hasta la fecha no lo ha hecho.
“Como no hay licencia ambiental, se debe realizar un manifiesto ambiental. Entonces, es como decía el capital comunal; hagan lo que sea necesario para que sea legal. Pero no hemos visto ninguna acción del Gobernador o su secretaría de medioambiente para realizar este manifiesto ambiental”, señaló.
Por último, dijo que “el único culpable es el gobernador Camacho y que esa era la verdad”, y cerró su intervención prometiendo viviendas, agua potable e internet para esta comunidad.
Desde que la revista Nómadas reveló la construcción de la obra, las autoridades de los diferentes niveles del Estado evitaron su responsabilidad y se acusaron mutuamente del daño ambiental que generó la obra.
Según el reporte de Nómadas, “los menonas no solo han construido un puente. También han abierto un camino de 15 km de largo y 25 metros de ancho desde la comunidad guaraní que también se llama Cuarirenda, hasta el lecho del río y 3.5 km desde el otro lado del Parapetí hasta la nueva colonia”.
“Desde que la obra fue estrenada ya cruzaron 15 orugas desmontadoras de una banda a la otra del río, las instalaron dentro de las 14.400 hectáreas y se pusieron a depredar. Ya van desmontando cerca de 3.000 hectáreas”, señala la denuncia periodística realizada por la revista.
Fuente: El Deber
