Publiagro Noticias consultó la opinión autorizada del Dr. Fernando Asturizaga, especialista en Derecho Agrario, Ambiental y Desarrollo Rural, respecto a la Acción Popular presentada por un colectivo de ambientalistas en contra del establecimiento de procedimientos abreviados para productos genéticamente modificados (OGM) en Bolivia.
Según el abogado, quien asesora a los productores a favor de los OGM, lama la atención que esta demanda no se refiera a aspectos como la Ley de Desarrollo Productivo, al Decreto Supremo 3878 emitido por el Gobierno del MAS, donde ya se viabilizaba la evaluación de los eventos HB4 e Intacta en soya, ni tampoco se impugna al Decreto que permite el etiquetado de advertencia de los productos que contienen OGM, poniendo en duda que se trate de un tema de defensa de la salud pública.
Asimismo, cuestionó por qué en su momento, cuando se venía el Referéndum constitucional no se indicó que estaba mal redactado el artículo 409, que permite la introducción, comercialización y uso de OGMs.
Tampoco se observó el artículo 255 de la Constitución que prohíbe el ingreso de OGM siempre que causen daño a la salud o al medio ambiente, siendo que para ello se debe realizar una evaluación de riesgos.
En ese marco consideró la presente como “una demanda extremadamente hipócrita” y que manipula a diversos sectores, como a los pueblos indígenas indicando que se va a vulnerar su patrimonio genético, natural o cultural, refiriéndose al maíz.
“Algo que debe saber la opinión pública es que el patrimonio genético de las semillas nativas de todos los cultivos están resguardados en el banco de germoplasma del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF), por tanto no se van a perder”, aclaró.
Por otro lado, aseguró que no se siembran cultivos de carácter comercial en las áreas reconocidas y tituladas en favor de los pueblos indígenas, por lo cual se está manipulando la información.
Tras ello, dijo, “están las ONGs de siempre que manejan esto de manera política y no de manera legal”. Ante lo cual manifestó su esperanza de que esta demanda sea rechazada pues no tiene razón de ser.
Convivencia pacífica
Consultado sobre si ambos sistemas de producción, orgánico o convencional y con el uso de los transgenicos, podrían convivir en el país, Asturizaga se remitió a la experiencia de otros países, como Chile, Argentina, Brasil, entre otros, donde los investigadores han llegado a la conclusión de que la coexistencia es absolutamente factible tomando ciertos recaudos.
Para el abogado hay una visión cerrada y de rechazo hacia lo que denominan el agronegocio. Defienden la existencia de que sigue habiendo una concentración de la tierra en pocas manos, pero no dicen que de acuerdo al INRA, la titulación de las tierras altas y de pequeñas propiedades suma más de 47 millones de hectáreas y las medianas y empresas agropecuarias suman 11 millones.
Igualmente criticó que no desconozcan la importancia de un cultivo como la soya tan importante para contar con una diversificación de cultivos y para abastecer a las cadenas alimentarias pecuarias.
“Detrás de esta demanda lo que hay es una forma de atacar a un modelo productivo al que nosotros consideramos que es exitoso”, manifestó.
Demanda internacional
Los demandantes anunciaron que en caso de no ser escuchados en el ámbito nacional, solicitarán inicialmente medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras medidas.
Para, Asturizaga de darse esta situación, los productores y demás interesados también tendrán que acudir a esta instancia internacional para decir su verdad y mostrar sus pruebas esperando que se dé un fallo justo.
Fuente: Publiagro
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