«Asamblea por los bosques y la vida» rechaza el plan de rehabilitación agropecuaria presentado por el gobierno

Hace unos días y en medio de esta emergencia sanitaria por la pandemia, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, presentó un plan de rehabilitación del sector agropecuario en el país, sin embargo esta propuesta es rechazada por la “Asamblea por los bosques y la vida”, que aglutina a instituciones, colectivos y pueblos indígenas de Bolivia.

“Este plan nacional presentado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la participación activa de la Cooperación Internacional (IICA, FIDA, FAO, Banco Mundial), es insuficiente y parcializado con el sector del agronegocio. Excluye la participación legítima de consumidores, productores indígena – campesinos, organizaciones de base y sociedad civil en general, motivo que nos lleva a pronunciarnos por su rechazo y exigir a la ministra Capobianco las observaciones estructurales que hacemos al documento”, detalla el pronunciamiento desde este sector de la sociedad.

Al presentar esta estrategia en conferencia de prensa, Capobianco afirmó que el objetivo de este proyecto es “garantizar la seguridad alimentaria para la población boliviana, impulsar la economía, generar producción y comercio, apoyar a la agricultura familiar, a la agricultura de mediana escala y a la agricultura agroindustrial exportadora y generar oportunidades de empleo y de ingreso con una visión integral del país”.

Este plan plantea entre algunos aspectos la creación de un seguro agropecuario, fomento a la importación de semillas, la creación de un banco de forrajes, innovación y generación de nuevas tecnologías, renovación de compras nacionales en programas de subsidio, la creación de una agencia de promoción de exportaciones, una bolsa del sector para la generación de ‪100.000‬ empleos y coordinación de políticas públicas para la lucha contra el contrabando.

Para la “Asamblea por los bosques y la vida” existen observaciones puntuales a esta estrategia como el de omitir el uso de biotecnología o “del Decreto Supremo 4232 que al igual que el Decreto Supremo 4378 de Evo Morales, buscan la introducción de semillas transgénicas en los cultivos de maíz, azúcar, algodón, trigo y soya. Sin embargo introduce nuevos términos como la ‘agricultura 4.0’, la ‘bio-economía’, ‘encadenamiento agrícola’, ‘productividad con tecnología’, “’comoditys’, ‘Food Chain’ (de Bayer)”.

De igual forma se cuestiona que el plan ignore las crisis en otros países y “asuma que habrán precios estables para los productos agropecuarios de exportación (soya y carne sobre todo)”.

“El plan está hecho desde una realidad empresarial del eje central y no se adecua a las realidades de los sectores productivos más vulnerables, las alternativas de desarrollo (forestal no-maderable, turismo, agroforestería, pesca y piscicultura, etc.) y a las regiones de menor acceso que requieren mayor apoyo”.

Entre los puntos principales y observaciones desde las organizaciones civiles a este plan de rehabilitación del sector agropecuario presentado por el gobierno están:
•No incluye un análisis sobre las potencialidades de diferentes rubros para la mitigación de la crisis. No es lo mismo subvencionar un rubro completamente globalizado altamente dependiente de suministros internacionales, que apoyar un rubro que depende principalmente de mano de obra local. Mientras que al apoyar el primero los recursos pronto saldrán del país para cancelar deudas internacionales, apoyar el segundo dinamiza economías regionales y genera empleo, con efecto multiplicador mucho más grande para la mitigación de la recesión económica.
•El Plan no habla de promover la soberanía alimentaria con cultivos y alimentos agroecológicos que sirven para fortalecer nuestro sistema inmunológico frente al COVID-19. Bolivia es un país que históricamente produjo sus alimentos gracias a su abundante biodiversidad. Hoy importamos alimentos por más de 700 millones de dólares por año.
•El Plan no explica que el 50% de las tierras cultivables están en manos de latifundistas, empresas transnacionales que son beneficiados históricamente por políticas de gobiernos anteriores y del actual gobierno.

Fuente: ANF