Pequeños productores de ganado bovino de la zona del chaco en el departamento de Chuquisaca, se beneficiaron con la entrega de semilla de pasto, con el objetivo de asegurar la producción ganadera de esa zona.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) entrego a las Asociaciones de pequeños productores de ganado bovino de las comunidades de San Miguel del Bañado, Alto Valle Nuevo y Villa Vaca Guzmán del municipio de Monteagudo en este Departamento, entregó 519 kilos de semilla de pasto, destinado al alimento del ganado.

Nelson Yarby, Operador Regional del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II) dependiente del MDRyT informó, que los proyectos, se realizan a solicitud de las comunidades, de acuerdo con sus necesidades. “Las organizaciones de pequeños productores analizan sus requerimientos en el área agropecuaria y solicitan sus proyectos; los beneficiarios invierten un 30 % del presupuesto y el proyecto invierte el 70 % a fondo perdido” explicó el técnico.

Indicó que para este proyecto de siembra de pastura, el PAR II invirtió un monto de 19.063.12 bolivianos y las organizaciones de pequeños productores invirtieron un monto de Bs. 8169.90.
“Para estas organizaciones, también se realizarán otras entregas, como equipamiento en riego tecnificado, a fin de que tengan una buena siembra”, aclaró Yarby.

Fuente: UC MDRyT

Roye Rueda asumió como nuevo Director Departamental en Tarija, con el objetivo de direccionar con eficacia, el proceso de saneamiento de tierras rurales en esta región del país y alcanzar los objetivos trazados para la gestión.

Roberto Polo, Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), posesionó a la nueva autoridad, a la que le pidió redoblar esfuerzos para cambiar la imagen de la institución que fue cuestionada por la población en la pasada gestión, atendiendo con calidad y prontitud a quienes acuden a esta institución para realizar diferentes trámites.

“Estamos en un período transitorio y este periodo tiene que marcar la diferencia del principio de la democracia que hemos estado pidiendo todos los bolivianos; por eso la labor que tenemos es de mayor responsabilidad y transparencia, con atención pronta a la población que acude a nuestra institución”, reiteró Polo.

Recomendó a la nueva autoridad posesionada, trabajar en estrecha coordinación con las demás instancias departamentales, para encaminar de forma conjunta un nuevo horizonte para el INRA de manera de devolverle la credibilidad al ciudadano boliviano.

Por su parte Roye Rueda, manifestó que el tiempo que le toque desempeñar sus funciones, trabajará enmarcado en lo que establece la normativa agraria, con transparencia y en beneficio de la población de Tarija.

“Necesitamos el apoyo y el trabajo de todos los funcionarios y el compromiso hacia la institución para hacer una buena gestión y mostrar buenos resultados”, añadió el nuevo director.

Rueda Pardo de 44 años natural de Tarija, es licenciado en Topografía y Geodesia, fue coordinador del programa de Topografía y docente de las materias de Ordenamiento Territorial y proyecto práctica de grado, Supervisor Técnico de saneamiento simple y certificación del Tierras en el INRA nacional, entre otros cargos.

Fuente: UC MDRyT

Las permanentes reuniones que sostienen la CAO con el sector público, están generando confianza en el sector, ya que se proyectan mejores días en base a un enfoque de crecimiento.

El directorio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la ministra de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Eliane Capobianco, se reunieron para analizar temas concernientes al sector agrícola y pecuario.

El primer vicepresidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, manifestó que “el encuentro fue muy fructífero para todos los subsectores, pues se abordaron temas primordiales para el desarrollo productivo, entre ellos el reglamento a la pequeña propiedad, sanidad, saneamiento de tierras, cumplimiento de la Función Económica Social (FES) y aspectos importantes sobre el reglamento del decreto de liberación de las exportaciones que está en desarrollo, además de otros temas incluidos en la agenda agropecuaria”, puntualizó.

Fuente: UC CAO

Con la finalidad de generar políticas de estado que equilibren el comercio forestal en igualdad de condiciones para fortalecer la industria nacional y a su vez, a miles de familias que viven de esta actividad, la ABT, firmó una reglamentación que resuelve el incremento del Certificado de Origen (CFO) Tipo E de importación y transporte, de productos como tableros aglomerados, melamínicos, marcos, puertas y ventanas.

En el acto que se llevó adelante con la Confederación Nacional de Carpinteros y Ebanistas y los sindicatos de las empresas bolivianas CIMAL y SOBOLMA, el Director Ejecutivo de la ABT, Victor Hugo Añez Bello, indicó que la medida tiene por objeto equilibrar el comercio forestal en lo que se refiere a las importaciones versus exportaciones, además de fortalecer la industria boliviana maderera, que en los últimos tiempos, ha sufrido pérdidas y cierre de más de 4000 unidades productivas.

Finalmente, sostuvo que esta determinación, ayudará a frenar el contrabando que existe de productos madereros que hacen una competencia desleal por los bajos precios, afectando la producción boliviana.

Para los carpinteros y artesanos de la madera de Bolivia, esta resolución es una medida muy acertada puesto que desde hace 3 años vienen reclamando la competencia desleal de los productos importados sin obtener respuesta alguna de las anteriores gestiones gubernamentales.

Según las estadísticas, en los últimos años se han perdido más de 25.000 empleos directos a causa del cierre de alrededor de 5.000 unidades productivas, entre micro, pequeñas, medianas y grandes. A la vez, que se mostraron preocupados al representar como sector el 80% de desempleo en el país, en ese sentido, afirmaron que estas iniciativas son el camino que deben seguir las autoridades de turno.

“Nuestra presencia en este acto se debe a las esperanzas que todavía tiene el sector, de poder revivir las unidades productivas, que por ahora, nos sirven de supervivencia, aquí ya no trabajamos para ganar, sino para sobrevivir”, concluyó Moisés Gutiérrez, Presidente de la Confederación de Carpinteros Ebanistas y Artesanos en Madera de Bolivia (CONCEAMBOL) a la vez que emitió un efusivo saludo de parte de todos los carpinteros quienes están agradecidos con esta política de reactivación económica de su sector.

Fuente: UC ABT

La Gobernación de Cochabamba advierte que no permitirá el traslado de la empresa pública. El Gobierno analiza como una de las alternativas para su reactivación.

El traslado de la Planta de Amoniaco y Úrea puede costar al menos 500 millones de dólares y el ensamblado puede demorar hasta dos años, según el cálculo de los expertos del sector, quienes piden hacer diferentes estudios para ver a qué otras opciones se puede recurrir para reactivarla.

La anterior semana, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, afirmó que le habían comentado que un traslado de la planta productora de fertilizantes a Puerto Suárez, Santa Cruz, puede demandar unos 160 millones de dólares. Allí tendrá mercados asegurados, como el agrícola cruceño y Brasil.

Al respecto, la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, advirtió que no permitirán que la planta se mueva a otra región. “Como autoridad, no vamos a permitir que se traslade y creo que también el departamento no permitirá que se mueva la planta, porque ya es una empresa pública cochabambina. Seguro que habrá movilización de las organizaciones sociales”, anunció.

El experto Hugo del Granado afirmó que antes de hablar de traslados se debe hacer un estudio detallado de las causas que originaron el problema de la planta, ya que una decisión de esa magnitud no se la puede tomar de la noche a la mañana.

“Creo que el proyecto de la úrea no es malo, porque hay mercados para el producto. Hubo errores en la localización y sobreprecios que excedieron las estimaciones del costo total de la planta”, señaló el experto.

En su criterio, lo primero que se tiene que hacer es estabilizar el ritmo de producción, es decir, que la planta no esté paralizada como sucede ahora; segundo, se deben ajustar los costos de producción y evaluar por qué produce a un costo alto y no procesa en el rango que tienen países como Rusia o China, grandes productores de fertilizante; evaluar el tema del gas subvencionado.

También se tiene que ver por qué la vía férrea Bulo Bulo-Montero no está concluida, ya que empezó a ser construida en 2013. Por último, buscar mercados, ese fue uno de los mayores problemas del gobierno del MAS.

Sobre este punto, se preguntó qué pasó con el contrato que se tenía con Keytrade, que firmó una compra de 330 mil toneladas por año. Entonces la tarea debe ser negociar con los países vecinos que requieren úrea.

Del Granado apuntó que la otra opción puede ser la conformación de una sociedad con empresas privadas. Si esas opciones no funcionan, recién se debería pensar en mover la planta.

“La peor solución que le pueden dar en este momento es paralizar de forma indefinida, bajo el argumento que sólo genera pérdidas. Sobre su traslado, técnicamente es posible, el problema es el costo y el tiempo que demandaría. Según estadísticas internacionales y antecedentes, los traslados de plantas de esa magnitud se acercan incluso a la inversión inicial (950 millones de dólares), en el mejor de los casos costará el 50%, 500 millones”, dijo.

Precisó que el traslado demandará ese costo porque se tiene que desmontar la planta, empezar con las obras civiles, transportar las piezas y volver a ensamblar. Todos esos trabajos demorarán al menos dos años.

Agregó que también habrá que tomar en cuenta que durante es tiempo se perderá ingresos, porque ya no se producirá nada.

Para el experto Francesco Zaratti, la ubicación de la planta es uno de los graves errores del MAS y uno de los problemas que enfrenta ese proyecto, aunque no es el único ni el mayor.

“Aun si fuera factible el traslado y a un costo razonable, quedaría el problema de fondo: el mercado, tamaño, suministro y costo del gas a precio de mercado interno. De modo que la respuesta a la crisis del proyecto debe venir de un análisis global de los problemas”, sostuvo.

Agregó que para mover la factoría se requiere un estudio detallado que analice si el ahorro del transporte del producto a la frontera con Brasil logra amortizar en tiempos razonables el costo que supone desmantelar, transportar y rearmar la planta.

Fuente: Periódico Página Siete

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Roberto Polo, informó que en el actual período de gobierno se proyecta entregar más de 80 mil títulos ejecutoriales de propiedad de tierras en el país, de forma transparente y equitativa.

Apuntó que en el departamento de Santa Cruz se tiene un 90% de cobertura en los procesos de saneamiento y titulación de tierras. Recordó que esa región fue la más relegada por la anterior gestión de gobierno, aspecto que cambió radicalmente durante el período de transición y que comprometió que Santa Cruz será declarado como departamento saneado.

Respecto a la equidad en la distribución de tierras, Polo mencionó que el 45% de los títulos corresponden a mujeres y el 55% a varones.

Fuente: Periódico Bolivia

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, hizo pública una denuncia de obstaculización al proceso de auditoría jurídica y de fiscalización que realizan el Viceministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en relación a la dotación y asentamiento de tierras en la zona de la Chiquitania del departamento de Santa Cruz en la pasada gestión.

Capobianco, explicó en conferencia de prensa realizada en la ciudad de Santa Cruz de La Sierra, que un “supuesto” dirigente de nombre Henry León junto a sus allegados, evitó que las brigadas del INRA ingresen a las comunidades campesinas “Los Sauces I” y “Los Sauces II”, a realizar el trabajo de fiscalización, previsto mediante una resolución administrativa de enero pasado.

“Queremos hacer una denuncia pública que ya fue realizada de manera formal ante la policía, que este trabajo ha sido obstaculizado por el señor Henry León quien ha evitado que se haga la fiscalización de todas las dotaciones que se realizaron a través de asentamientos humanos en la Chiquitania”, dijo la autoridad.

Dio a conocer que mediante la Resolución Administrativa DGAT-RES 01/2020 de fecha 28 enero de 2020 emitido por el INR, se resuelve iniciar la auditoría jurídica a todos los procesos de dotación ordinaria de tierras fiscales en la zona de la Chiquitania.

La titular de Desarrollo Rural y Tierras, afirmó que esta es la segunda denuncia que pesa sobre el denominado “Clan León”, porque al parecer Henry es un dirigente o las personas allegadas a él han sido beneficiadas con varios asentamientos.

“No quieren que se vea la realidad, que estas no son dotaciones, que están siendo utilizadas por comunidades como debería de ser, sino que son dotaciones que están siendo utilizadas para otros fines”, Aclaró Capobianco.

Reveló que en un informe preliminar al trabajo de fiscalización que se realiza en la zona chiquitana, se detectó que existen muchas comunidades que no están haciendo un trabajo comunitario; todo lo contrario dijo, se está trabajando como si fuera una propiedad únicamente sola o privada.

“En otros casos no están quienes deberían estar asentados y se ha podido detectar muchas irregularidades hasta ahora, este es un informe preliminar porque no se ha terminado aún con el trabajo de investigación”, recalcó.

Insistió que se verificarán todas las dotaciones para ver que si son ilegales y no están cumpliendo con el fin para lo que fueron dotadas.

Fuente: UC MDRyT