Los agronegocios exigen la expansión agrícola, y el Gobierno brindó todo el apoyo a través de la promulgación de diferentes leyes y decretos para ampliar la frontera

La quema de pastizales es una práctica común entre los ganaderos, una parte significativa de los incendios recientes se han dado en las zonas de ampliación de la ganadería extensiva y a costa de tierras fiscales, publicó el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, en su Facebook.

Colque señala que los incendios si bien se registraron en zonas de ampliación ganadera, también en tierras fiscales. En una entrevista con la Deuch Welle, opinó que el gobierno cree que la agricultura a gran escala será la nueva locomotora de la economía, convirtiendo a Bolivia en exportador de soya y productor de biocombustibles.

“Especialmente en la zona de San Ignacio de Velasco y San Matías, la suma de las grandes propiedades ganaderas y tierras fiscales representa fácilmente más de la mitad del área incendiada, todo esto dentro de la franja de expansión futura estimada por Muller y otros. En la zona, en menor medida aparecen tanto nuevos asentamientos como menonitas”, opina en su Facebook.

Explica que al menos dos hechos deben llamar la atención, el primero es que los datos sugieren que los grandes ganaderos están apropiándose de tierras fiscales a un ritmo acelerado mediante la titulación expedita de sus tierras y cambiando el uso del suelo mediante la quema de tierras fiscales.

El segundo punto que observas el director de la Fundación Tierra es que al parecer los brasileños tienen control creciente de las haciendas ganaderas (y de la cadena de producción de carne bovina).

“Esta presencia de capitales brasileños es mucho más visible en las zonas adyacentes a la frontera, no es nueva y tampoco exclusiva del sector ganadero, sino que tiene vínculos con el negocio de la soya”, apuntó.

ACUERDO CON LA NORMA

Tanto el Gobierno como los ganaderos están de acuerdo con el decreto Supremo 3973, que autoriza desmontes y quema de pastizales, aunque las autoridades señalan que la norma amplia a Beni, las mismas tareas.

Como se recordará hace algunos días atrás Diego Ayo reveló el negocio que se estaría gestando en la zona del incendio, y en donde estarían involucrados familiares del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras.

Este medio envió el audio a los responsables de comunicación del Ministerio, pero a la fecha no hay una respuesta.

En los últimos días presentaron cronogramas de reuniones entre el sector campesino de Santa Cruz con ejecutivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), así como listas de distribución de hectáreas a organizaciones comunitarias.

ARGUMENTO

También la Plataforma Agroecológico del Trópico, Subtrópico y Chaco, conformada por productores agroecológicos, apicultores, recolectores, transformadores, consumidores, centros académicos, organizaciones públicas y privadas, científicos y activistas, denunciaron que la causa del incendio obedece al modelo agronegocio, que ha impuesto sus intereses inmediatos a costo del presente y del futuro del país.

En Bolivia, en los últimos años, se ha aprobado decretos supremos, leyes y resoluciones que favorecen y protegen la expansión de ese modelo. La ley 337 perdonó los desmontes ilegales; la 741 autoriza y amplía el desmonte de 5 a 20 hectáreas; la 1098 promueve el uso de aditivos de origen vegetal o ley del etanol; la 1171 autoriza el «uso y manejo racional de quemas»; y el Decreto Supremo 3973 se autoriza desmontes para incrementar la frontera ganadera y agrícola en los departamentos de Beni y Santa Cruz, sin respetar los Planes de Uso de Suelo, que establece claramente que la región donde se quemó, más de un millón de hectáreas, tiene vocación forestal.

REPORTES

Mientras los reportes señalaban que el fuego consumió alrededor de un millón de hectáreas en la Chiquitania, las autoridades se empeñan en indicar que la afectación a la zona boscosa no es la superficie total.

Entre tanto, los últimos reportes señalan que los incendios afectaron a 2,1 millones de hectáreas de bosques y pastizales, y que el mismo alcanzó a 8 áreas protegidas, y que la mayor superficie quemada se encuentra en Santa Cruz.

Según un reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza, a la fecha, los municipios con mayor superficie quemada en Santa Cruz son San Matías con 321.088 Ha, Charagua con 289.803 Ha, San Ignacio de Velasco con 209.493 Ha, Puerto Suárez con 137,340 Ha, San Rafael con 137.340 Ha, San José de Chiquitos con 110.622 Ha, Roboré con 95.742 Ha y Carmen Rivero Torrez con 83,896 Ha, según informó ANF.

Entre tanto, en el departamento de Beni, los municipios más afectados son San Ramón con 194.070 Ha, Exaltación con 151.780 Ha, Santa Rosa con 57.748 Ha y Reyes con 53.212 Ha. En La Paz, se han cuantificado 59.313 Ha quemadas en el municipio de Ixiamas.

Fuente: Periódico El Diario

Expertos biólogos prevén que los incendios en la Chiquitanía de Santa Cruz, que arrasaron hasta la fecha más de un millón de hectáreas, dejarán al menos seis consecuencias que afectarán al ecosistema y, por ende, a la población.

El fuego afectó sobre todo al bosque seco chiquitano, pero también arrasó importantes zonas de cinco parques nacionales y áreas protegidas.

La pérdida de humedad; la alteración de ciclos de lluvia en el lugar y zonas aledañas (afecta al país); la disminución de lluvias, que provoca sequías más severas y prolongadas; el inicio del proceso de una posible desertificación; el impacto en la provisión de oxígeno, y la afectación en el sistema de aprovisionamiento de agua para las poblaciones, agricultura y ganadería son las consecuencias que se irán viendo en corto plazo, según coincidieron tres expertos.

Para entender las posibles consecuencias, los expertos explican que primero se debe establecer que los ecosistemas forestales cumplen con una serie de funcionalidades o servicios, los que serán afectados de acuerdo al daño que dejen los incendios.

El ecólogo vegetal y bioclimatólogo Milton Fernández y la especialista en ecología animal Jennifer Cahill detallaron que los bosques que se vieron afectados por los incendios de agosto tienen características únicas que permitieron que se mantengan en el tiempo llegando a adaptarse a procesos largos de baja humedad y sequía.

“La Chiquitanía es un espacio bastante amplio y los bosques tienen una característica climáticamente particular: son bosques secos porque tienen que tolerar entre tres a cinco meses de ausencia de lluvia, esto condiciona que la vegetación se seque en ese tiempo. Al estar rodeadas de una cobertura vegetal constituida por especies de gramíneas o pastos, esta vegetación, con la estación seca, constituye un combustible potencial”, señaló Fernández.

Al haberse perdido un porcentaje del bosque en la zona oriental, las funcionalidades ecosistémicas se verán afectadas.

En este sentido, Fernández detalló que los bosques proveen de humedad atmosférica, lo que ayuda a producir lluvias locales, pero también, a la vez, forman parte de un centro ciclónico que atrae vapor del océano Atlántico y eso produce mayor volumen de lluvia en la zona y que luego se distribuye a lo largo de la cordillera de los Andes.

En cuanto a un inicio de un proceso de desertificación, los expertos detallaron que “si es que la pérdida de la cobertura vegetal disminuye en un 35 por ciento, entonces corremos ese serio riesgo”.

El otro proceso afectado será el de la eliminación de dióxido de carbono, tomando en cuenta que las plantas absorben este componente y lo convierten en oxígeno. Por lo mismo, los niveles de contaminación seguirán siendo altos y no habrá reducciones del mismo. La provisión de oxígeno también será mermada.

De acuerdo a la explicación que dieron ambos expertos, se afectaron 30 a 40 especies nativas; a esto se suma que existen varias especies endémicas. El daño también podría haber afectado a los parientes silvestres de plantas cultivadas, las cuales pueden servir para el mejoramiento genético en casos específicos que se requiera.

Cahill explicó que la Chiquitanía es un “centro de origen de la planta cultivada”.

El riesgo de una posible desertificación del lugar crece si es que la cobertura vegetal se pierde en un 35 por ciento.

DATOS

El banco de semillas resulta afectado. La producción de semillas se da a través de los mismos árboles. Los incendios provocan que la regeneración propia del bosque sea afectada por la intensidad del fuego.

No se puede plantar cualquier especie. Pese a las acciones que se coordinan entre los ciudadanos, en la zona afectada no se puede plantar cualquier especie, por lo que se debe trabajar en un plan de restauración del que se hagan cargo biólogos expertos y que conocen el lugar.

Etapa inicial de restauración sería de 30 años. Un programa de restauración debe ser sostenido a largo plazo, por lo que se conoce que la etapa inicial tendría una duración de al menos 30 años.

Evaluaciones con imágenes satelitales. Los biólogos de Santa Cruz señalan que se debe trabajar con imágenes satelitales y con evaluaciones en campo para poder obtener mayor información sobre la afectación en las zonas quemadas.

Especies animales resultaron afectados. Hay afectación a los animales como los venados, ciervos, osos hormigueros, varios tipos de felinos y micromamíferos que se constituyen en la base alimenticia de muchos grupos de animales de ese lugar.

200 ESPECIES ENDÉMICAS ESTÁN EN SERIO PELIGRO

El vocero del colegio de biólogos de Santa Cruz, Huascar Bustillos, señaló que se debe realizar una evaluación técnica específica para determinar la afectación por los incendios.

“Hay que hacer una evaluación técnica de hasta qué punto han sido afectados, hasta qué punto y de qué manera podemos recuperarlo. Los estudios hay que hacerlos con vistas satelitales y la evaluación de daños en campo”, dijo.

Aseveró que en el bosque seco chiquitano hay más de 200 especies endémicas, es decir que no se encuentran en otro lugar, están restringidas a este tipo de bosques. Son plantas herbáceas sobre todo.

“Hay afectación a los animales como los venados, ciervos, osos hormigueros, varios tipos de felinos y sobre todo los micromamíferos que se constituyen en la base alimenticia de muchos grupos de animales de ese lugar”, aseguró.

La primera evaluación está en proceso. Ayer, el grupo de biólogos ingresó al parque nacional Otuquis, donde se hará un relevamiento de datos y se intentará recoger la mayor cantidad de semillas, sobre todo para recuperar las especies endémicas que fueron afectadas por los incendios.

Bustillos señaló que el proceso de restauración debe ser implementado a partir de un plan que sea específico para las zonas afectadas y que ayude a regenerar los bosques, pero sobre todo que se mantengan las particularidades que se tenían en esa región.

Fuente: Periódico La Prensa

El 70 por ciento del área quemada por los incendios forestales en la Chiquitanía son predios fiscales y de propiedad de empresas agropecuarias, pues existe una estrecha relación entre las zonas afectadas por el fuego y las franjas de penetración de la frontera agrícola y ganadera, informó el presidente de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, el área afectada por los incendios forestales alcanza a 1.000.100 hectáreas. Hasta ayer, había 30 incendios activos en nueve municipios.

Colque señala que los incendios se registran en los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez. Estas zonas —según el investigador— son precisamente las mismas donde actualmente se amplía la frontera agrícola y ganadera con fines comerciales, es decir, soya y carne bovina para exportación.

Argumentó que “no se dan los incendios en lugares donde no se penetra con la expansión de la frontera agrícola”.

“Las cifras preliminares que tenemos muestran que la mayor parte de las hectáreas quemadas serían tierras fiscales y tierras de empresas agropecuarias. Básicamente estaríamos hablando de un 70 por ciento, mínimo, del total de tierras quemadas”, afirmó Colque.

Por su parte, el gerente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Javier Landívar, indicó que existe una importante afectación provocada por el fuego, sobre todo por la quema de pasturas que representa el alimento para el ganado. La mayor afectación está en Roboré y San Rafael.

“Son zonas donde predominan los pequeños productores con grandes extensiones de bosques. Entonces eso ha sido, quizás, algo que ha hecho que sea mucho más dramática la situación para los productores de San Rafael y Roboré”, dijo.

Para Colque, los incendios forestales registrados en la Chiquitanía son una consecuencia de una política nacional agresiva que apunta a desmontar el bosque para convertirlo en predios agrícolas o ganaderos, para lo cual se modificaron normas que permiten el cambio de uso de suelo. De ese modo, tierras con vocación forestal ahora son utilizadas en la actividad agropecuaria.

Explicó que los asentamientos humanos en la Chiquitanía son parte de las causas del desastre, pero subrayó que la causa principal es dicha política nacional.

Gobernación cuestiona

El secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, dijo que existen determinaciones técnicas que señalan que los incendios forestales se han dado, en gran manera, en predios dotados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a comunidades campesinas, indígenas e interculturales. Observó, además, que dichos terrenos dotados son de vocación forestal y no agropecuaria, por lo que considera que se trata de una dotación ilegal.

“Qué espera el Gobierno para declarar desastre nacional (…), o qué está tapando. ¿O no quiere que se conozca la verdad con relación a los asentamientos irregulares que se llevaron adelante en esta zona?”, cuestionó.

Los Tiempos buscó ayer la postura en relación a este tema del viceministro de Tierras, Juan Carlos León, y del director del INRA en Santa Cruz, Sergio Imaná; sin embargo, no atendieron sus teléfonos.

DATOS

El fuego no cesa en Concepción. Es el municipio más afectado por los focos de quema. Militares, policías, bomberos y voluntarios trabajan en la zona con el propósito de mitigar el fuego. Hay 10 comunidades afectadas sólo en este municipio.

Brigadistas argentinos van a la Chiquitanía. Son 100 militares y 100 cascos blancos. Se dirigen al lugar del incendio con cisternas, grúas y una potabilizadora de agua.

Hay tres acusados de ocasionar incendios. La Policía de Roboré aprehendió ayer a tres hombres acusados de provocar incendios en la Chiquitanía. Portaban gasolina.

Focos de calor bajan de 8 mil a 142. La disminución se dio entre el 18 y el 29 de agosto, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Helicópteros de Perú operaron en San Ignacio. Las dos aeronaves que llegaron ayer desde el vecino país y, tras reconocer terreno, iniciaron la mitigación.

Gobierno seguirá dando tierras en la Chiquitanía. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aseguró que el país necesita contar con alimentos, y que las nuevas comunidades garantizarán la provisión.

SUGIEREN AUDITORÍA PARA IDENTIFICAR RESPONSABLES

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, considera que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deben ser sujetos de una auditoría ambiental para identificar responsabilidades en lo que respecta a los incendios forestales.

“Una vez que termine esta etapa de emergencia, el Gobierno nacional tendrá que ver las responsabilidades, tendrá que hacerse una auditoría ambiental gubernamental para valorar las respuestas y las responsabilidades, en este caso de la ABT y del INRA y organismos estatales que tienen una labor específica en el sector”, dijo.

Cabe mencionar que, la semana pasada, el director de la ABT, Cliver Rocha, informó que los incendios forestales de la Chiquitanía fueron provocados, en un 97 por ciento, por quemas ilegales. “Ni el 3 por ciento son quemas legales autorizadas”, agregó.

El presidente del Comité Cívico de Santiago de Chiquitos, Mauro Mendoza, manifestó que la Chiquitanía en su conjunto exige el freno a la dotación de tierras en esta región, ya que, según él, los denominados colonos son los responsables de los incendios.

Sin embargo, lamentó que, a la fecha, el Gobierno continúe otorgando resoluciones a nuevas comunidades.

Una similar postura tiene la Gobernación de Santa Cruz.

Fuente: Periódico La Prensa