El gobierno sabe que los transgénicos ponen en riesgo la salud de la población, pues vienen asociados con el uso de agrotóxicos (como es el glifosato, el glufosinato de amonio, etc.), sabe que no mejoran la productividad de las semillas, ni mucho menos protege a la madre tierra ni la diversidad biológica, también conoce que permanentemente entran semillas de contrabando y pese a todo ello elabora este proyecto de Ley. El gobierno con esta medida construirá toda una institucionalidad burocrática para intentar controlar la introducción de transgénicos, cuando se sabe que actualmente el Estado no puede garantizar de manera eficiente la inocuidad de los alimentos en el país.
En Bolivia, tenemos evidencias de los efectos adversos con 17 años de soya transgénica que no mejoró el rendimiento de este cultivo y ha ocasionado: desertificación de los suelos, incremento del uso de agroquímicos en un 300%, ampliación de la frontera agrícola, ha promovido los chaqueos e incendios en la Chiquitanía el 2019 y el 2020, ha ocasionado el deterioro de la seguridad y soberanía alimentaria en el país. Además, de afectar la cantidad y calidad del agua en la región.
El gobierno abroga los decretos y los cambia por una ley que entra en contradicción con: la CPE, la Ley N° 300 de la Madre Tierra, la Ley N° 144 de Revolución Productiva, la Ley N° 3525 de fomento a la agricultura ecológica.
¿Para qué? Para abrir definitivamente las puertas a una tecnología obsoleta que pone en riesgo la salud pública, para beneficiar a un conglomerado de empresas transnacionales que pretende tener el total monopolio de las semillas (base de la vida misma).
Está claro que el gobierno de Luis Arce se mantiene subordinado al agroextractivismo y una prueba de ello es la visita de los representantes del agronegocio al presidente del MAS Evo Morales en la sede de los cocaleros en el Chapare, donde la agenda de la reunión fue sobre los transgénicos.
El mencionado proyecto es una mezcla de contradicciones porque pretende justificarse en el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena cuyos contenidos apuntan a que los gobiernos que han suscrito los mismos y que tienen carácter vinculante, generen las condiciones para la conservación de la biodiversidad, los procesos de consulta pública, las moratorias, el principio precautorio, etc. Pero con la introducción de transgénicos mediante este proyecto de ley, se desconoce los compromisos que el Estado boliviano adquirió al suscribirse a dichos convenios.
Por todo ello, no tiene sentido pretender definir un marco institucional para regular todos los procesos de introducción, manipulación, producción, transporte, liberación, etc. de algo de lo que se tiene evidencia que es adverso para la salud pública, no mejora la productividad y contamina aguas y suelo porque viene asociado a un, cada vez mayor, uso de agrotóxicos.
Cita
«Está claro que el gobierno de Luis Arce se mantiene subordinado al agroextractivismo y una prueba de ello es la visita de los representantes del agronegocio al presidente del MAS Evo Morales en la sede de los cocaleros en el Chapare, donde la agenda de la reunión fue sobre los transgénicos».
Fuente: Publiagro
