Los pobladores de Tres Hermanos, una comunidad tacana del norte de La Paz, viven temerosos por la presencia del ingenio azucarero San Buenaventura. Han notado que algo anda mal desde que la planta comenzó a operar hace una década. Los niños se enferman y peces muertos flotan en los ríos.

Los comunarios más desconfiados de Tres Hermanos no quieren que las mujeres y los niños se asomen a los arroyos y ríos, ni siquiera en situaciones apremiantes; como cuando el tanque comunal de agua está vacío. Es que desde hace cinco años corren “aguas negras por los arroyos del lugar, si uno bebe o se chapuza en esas aguas se enferma. Ni los peces pueden aguantar y mueren en cantidades”, sentencian los pobladores de esta comunidad indígena, ubicada a orillas del río Beni, en el Norte de La Paz.

Para los comunarios, el responsable es la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) que opera desde el año 2012 en las cercanías de su territorio. Junto a otras tres comunidades indígenas –Buena Vista, Alta Marani y Bella Altura– así denunciaron a la empresa ante el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), entidad que representa a este pueblo indígena de la amazonia boliviana.

Marisol D.[2], una de las comunitarias, en tono de impotencia acumulada por años, relata una serie de afectaciones hacia su comunidad en los últimos tres años: peces muertos, aguas contaminadas, aumento de enfermedades, olores nauseabundos.

—Hemos sufrido bastante la contaminación del agua, porque desde que ha empezado a funcionar el ingenio, sus desagües han corrido por nuestros arroyos, de esos que nosotros bebíamos agua (…) lavamos (la ropa), nos bañábamos (…).

Lo que más le impacienta a la joven mamá de dos niñas es que, año que pasa, empeora la situación. Eso la pone nerviosa, provoca incertidumbre sobre el futuro de su comunidad y hogar.

—Si (ustedes) fueran a las riberas del río, (notarán que) desde las 02:00 de la madrugada hay una humareda tremenda y un olor espantoso. Esto nos enferma (…), el primer año no era tanto, el segundo y el tercer año y ahora, los tres años seguidos. No es por temporada, es todo el año redondo.
Tres Hermanos es una de las 20 comunidades indígenas que conforman la TCO Tacana I, 12 de ellas se encuentran en situación de riesgo por la presión de megaempresas como la EASBA, según datos del CIPTA. Tres Hermanos es una las tres comunidades tacanas que colinda con el ingenio. Al noroeste, solo una trocha de tierra pigmentada por la vinaza (residuo del trabajo industrial de la caña) separa al asentamiento indígena de los extensos campos de caña.

En la comunidad viven 22 familias, pero no existen 22 viviendas. En el lugar del asentamiento, el hacinamiento es evidente para cualquier visitante. El acceso a servicios básicos aun es una utopía: se reduce a un pequeño tanque de agua que funciona con energía solar y una construcción que acoge a una decena de escolares. No tienen un centro de salud, tampoco transporte público. En las noches, prima la penumbra porque no tienen energía eléctrica.

Aislados del mundo externo, los habitantes de Tres Hermanos tienen una vida cotidiana conectada al bosque. Al igual que sus ancestros, se dedican a la cacería de los animales que habitan el monte (la arboleda) y a la pesca. La alimentación familiar se complementa con las escasas cosechas de arroz, maíz, yuca, zapallo y frijol, entre otros alimentos que siembran las familias.

Los dirigentes y comunarios de Tres Hermanos no olvidan el año 2012, cuando fueron anoticiados que el sueño de convertir al Norte de La Paz en “polo de desarrollo” había revivido con el proyecto azucarero. El antecedente legal secundaba las pretensiones del gobierno: la promulgación del Decreto Supremo 3546 del año 2006, de Evo Morales instruyendo la construcción del complejo azucarero. En 2010, el gobierno nacional anunció una inversión millonaria de 263 millones de dólares, disposición aprobada mediante el Decreto Supremo 637.

Según diferentes estudios de prefactibilidad del proyecto azucarero, el suelo de la zona no es apto para el cultivo intensivo de caña. Pero esta información técnica no detuvo el inicio de las obras. El año 2012 no había vuelta que dar, arribó a la zona la multinacional china CAMCE UNION y decenas de trabajadores chinos y bolivianos comenzaron a edificar la planta industrial, con una capacidad de procesamiento de 7.000 toneladas de caña de azúcar por día, 57.500 toneladas de producción de azúcar por año, y 100 mil litros de alcohol por día. Si la EASBA funcionara a plena capacidad, cubriría alrededor del 6 por ciento del consumo nacional de azúcar.

Paralelamente, cerca de 2.500 hectáreas de bosques fueron convertidos en cañaverales. El trabajo agrícola y las obras ruidosas provocaron la huida de los animales silvestres, de aves, monos, chanchos de monte, lagartijas, y muchos otros. Los que no huyeron fueron los pobladores de Tres Hermanos, a pesar del hostigamiento. Los personeros de la EASBA, con el afán de tomar control del predio estatal, instalaron un puesto de control sobre uno de los senderos que comunican a las comunidades tacanas. Para los indígenas era absurdo que un “intruso” recién llegado obstaculice la libre circulación de los lugareños.

—¡Cómo nos van a pedir carnet en nuestra casa!— protestaron los tacanas ante el puesto de control de la EASBA, según recuerda Federico Chiponavi, corregidor de Tres Hermanos.

En 2018, la empresa estatal concluyó la instalación de la planta azucarera. Sería su primera zafra “oficial” con más de 3 mil hectáreas de cañaverales. Pero la capacidad óptima de procesamiento requería adicionalmente cerca de nueve mil hectáreas tierras para la caña. La EASBA solo tiene cuatro mil hectáreas bajo su propiedad, por lo que las proyecciones develaron el interés estatal por desmontar las tierras de las comunidades indígenas y campesinas del lugar. Al menos para Tres Hermanos, estaba claro que la azucarera ambicionaba sus tierras. Los comunarios todavía recuerdan el discurso de Evo Morales, insinuando la reversión de tierras para reunir suficiente materia prima para la producción de azúcar y alcohol.

—Quiero decirles de manera muy sincera, el movimiento campesino, indígena, originario (…) están atrasados en garantizar la materia prima. Si no hay cierta capacidad de garantizar la materia prima, el Estado se verá obligado a producir la materia prima para su industria— sentenció Morales el 14 de agosto de 2017, tras sobrevolar la región para inspeccionar la megaobra.

Es una tarde de octubre de 2020. Federico Chiponavi, la máxima autoridad indígena de Tres Hermanos, afronta las zonas afectadas por aguas contaminadas. El hombre de 60 años prefiere mostrar el lugar de los hechos que relatar lo vivido durante los últimos años. Fatigado por el calor amazónico, Chiponavi, junto al presidente del CIPTA nos conduce por la orilla de un canal de desagüe, abierto en medio del territorio indígena. No sabe con precisión cuándo nació la zanja ¿Quizás el año pasado? ¿el anteaño pasado? Solo recuerda que vio por primera vez a inicios de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, cuando inspeccionaba el territorio. Además de la zanja, vio una tropa de intrusos que mecheaban (cazaban y pescaban) en los alrededores de Lurisi, una de las lagunas de Tres Hermanos en el noreste de su territorio.

—Nadie nos consultó para abrir la zanja— dice pensativo Chiponavi, con la mirada clavada en el paisaje exuberante de vegetación.

La zanja de dos metros de ancho nace en la propiedad de la EASBA, donde se divisan dos paisajes contrapuestos: por un lado, los extensos cañaverales y, por el otro, el bosque denso. Bajo el sol fulminante, la zanja está llena de agua amarillenta con manchas marrones que no dejan entrever la hondura. Chiponavi explica que se trata de un canal agrícola que drena el exceso de agua de las plantaciones de caña. El líquido luce peligroso porque todos saben que arrastra los agroquímicos utilizados en la producción de la caña.

El gerente agrícola de la EASBA, Dieter Martínez, en una entrevista de octubre de 2020, corrobora las afirmaciones de los tacanas. Reconoce que la empresa trabaja con al menos tres tipos de herbicidas que sirven para controlar la invasión de malezas: ametrina, hervicol y diorón. Sobre la probable contaminación de las aguas con residuos venenosos, Martínez asegura que los desechos de la producción, vinaza, cachaza, bagazo y ceniza, sirven para elaborar compostajes que se usan como fertilizantes para la tierra. Precisamente, gracias a este trabajo, la EASBA no usa urea, afirma.
El canal de desagüe de la EASBA tiene casi un kilómetro de longitud dentro del territorio tacana y desemboca en la laguna Lurisi. Cubierta por el bosque, Lurisi yace extensa y silenciosa, un par de aves sobrevuelan su superficie. En el punto donde desagua el canal se siente el olor a vinaza fermentada, tal como sucede en la carretera que circunda la planta azucarera y otras comunidades aledañas. La diferencia es que, aquí, el olor es nauseabundo.

—Viene de los cañaverales y el agua está podrida— insiste Chiponavi.

Lo que más preocupa a Chiponavi es que la laguna Lurisi no es el único cuerpo de agua que recibe las aguas contaminadas. Esta laguna es el punto de partida de la larga interconexión de fuentes de agua que llegan hasta los hogares de Tres Hermanos. Si se hace una descripción general del recorrido acuático sería: la laguna Lurisi conecta con laguna Limón, a su vez, fluye hasta la laguna Moa, luego al rio Mayge, y, por último, al río Beni. Los pobladores de Tres Hermanos consumen agua de los dos últimos.

La situación empeora en la temporada de lluvias, desde agosto hasta febrero. Los ríos Mayge y Beni rebalsan brutalmente e inundan el asentamiento. Las aguas sucias que tanto aborrecen los indígenas, recorren por sus viviendas, chacos y tierras.
La mañana de 23 octubre de 2020, los pobladores de Tres Hermanos están reunidos en la casa comunal. En ese encuentro rememoran que, años atrás, varios comunarios enfermaron con sarna (irritación de la piel). Con cierto sarcasmo, relatan que ningún adulto se salvó de ser sarnoso por un tiempo. Todos correteaban, todos tenían picazones, grafican entre risas casi imperceptibles. También sufrieron problemas gastrointestinales (fiebre y diarrea), dolor de cabeza y, algunos, vómitos. Pero había otra situación peor: la enfermedad de los niños.

—Los niños comenzaron a mudarse de cuero (piel), se volvieron blancos— comenta uno de los comunarios.

Hoy, recuerdan entre sonrisas estos problemas de salud, pero en su momento la realidad era cercana a un ocaso, una tragedia colectiva sin respuesta de ninguna autoridad. La atención médica es nula en la comunidad y, en el mejor de los casos, un médico los visita una vez al año. Varias familias optan por automedicarse con paracetamol, la pastilla más conocida por los comunarios.

Aunque no hay documentación que pueda corroborar que las enfermedades resultaron del consumo de las aguas contaminadas, la gente de Tres Hermanos no tiene dudas. Para ellos, un hecho claro es que, en 2018, durante la primera zafra oficial azucarera de la EASBA, la comunidad no tenía un sistema de agua potable, por lo tanto, consumía el líquido de los ríos del lugar (Mayge y Beni). A mediados de ese año, la ONG Soluciones Prácticas, no así el Estado, ayudó a instalar el tanque de agua que comenzó a apaciguar los malestares.

Ahora se enferman menos, pero los síntomas persisten. Para las mujeres de Tres Hermanos las palabrerías o advertencias de cuidado no bastan, a veces simplemente les es imposible no asomarse a los ríos. Durante los días lluviosos, cuando las nubes grises cubren el cielo, el panel solar es incapaz de poner en funcionamiento el tanque de agua que cubre las necesidades de las 84 personas que habitan en la comunidad. En consecuencia, las mujeres vuelven a los ríos, lavan la ropa, los enseres del hogar, e incluso preparan sus alimentos con aguas contaminadas.

Lizet M., comunaria de Tres Hermanos, una de las 22 participantes de la reunión comunal, no duda en rastrear los pasos de su hijo, de unos seis años, quien juega solitario en las cercanías de la casa comunal. Presurosa me enseña el rostro del niño que apenas se inmuta ante nuestra presencia. Sus mejillas están marcadas por unas manchas blancas y resecas.

—Me han dicho que vaya a La Paz para que lo vea un dermatólogo. No sé qué será, tal vez por el río, él va a nadar allá— dice en tono de preocupación Lizet.
Esta mamá, de tan solo 24 años, tiene más vivencias tristes. En su último embarazo ha sufrido amenazas de aborto involuntario dos veces. No olvida el primer susto. Una noche de mayo, de 2020, cuando tenía cinco meses de embarazo, su cuerpo se quebrantó. Con el corazón agazapado, junto a sus familiares, viajó de emergencia al hospital de Rurrenabaque, donde recibió una inyección para la retención del feto que, temporalmente, alejó el riesgo de aborto, aunque un mes después volvió a complicarse. Este hecho puede ser producto de un antojo no cumplido o por levantar algún bulto pesado, le explicó el médico cuando atendió sus malestares. Ella no está convencida del diagnóstico; cree que le han afectado las aguas sucias. Ella recuerda que antes de la noche trágica lavó ropa en el río Mayge, y también se dio un baño.

Lizet M. no es la única que enfrentó amenazas de aborto. En los últimos años otros dos embarazos estuvieron en riesgo, así testificaron las mujeres de la comunidad.

Las personas enfermaron. Los peces murieron.

En 2017 advirtieron que algo andaba mal en los ríos. Los peces parecían nadar lentamente y se dejaban arrastrar por la corriente. Cuando prestaron más atención, advirtieron que los animales no tenían fuerzas y varios estaban muertos.

Fue el colmo para los comunarios.

—Toda la comunidad, hombres y mujeres en pie hemos ido al ingenio a hacer muchas denuncias. (…) Ellos nunca nos escucharon. (…) Por más que hagamos demandas y denuncias, ellos nunca nos van a escuchar. Es como si no existieramos. Ellos lo toman como si no existiéramos en el mapa— protesta Marizol D.

En noviembre de 2019, de nuevo aparecieron decenas de peces muertos en las aguas de Jiruma, un río cercano a la planta azucarera. Tres Hermanos, con el apoyo de los habitantes de Altamarani y Buena Vista, comunidades que también dependen de ese rio, tomaron contacto con el CIPTA y registraron el hecho. Algo que habían aprendido del caso anterior es que es necesario documentar y recoger pruebas.

Robert Cartagena, entonces secretario de medioambiente del Consejo Indígena Tacana, sobresaltado por la situación, se contactó con los medios de comunicación de Rurrenabaque y llevó a un grupo de periodistas hacia el río Jiruma. Descubrieron que no había ni un pez vivo, a lo largo de unos 500 metros que zarparon en lancha. Los animales flotaban boca arriba: sábalos, bagres, palometas y yatoretas. Aparentemente, días antes que advirtiera a la población de la mortandad de los peces, la EASBA había lavado sus maquinarias en el río.

—Hemos verificado in situ que existe una cantidad de peces muertos, para mayor evidencia estamos invitando a ustedes de la prensa para tener mayor testimonio sobre esta realidad, son desechos que vienen del ingenio azucarero— denunció Cartagena, a los periodistas.

El hecho quedó registrado en un audiovisual, y quizá es una de las constancias más sólidas de los tacanas. La EASBA pidió demostrar su responsabilidad en el hecho. Para ello, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en el marco de un convenio de colaboración con el CIPTA, intentó elaborar un informe sobre los daños provocados por el ingenio, pero la redacción del documento no prosperó. Hacía falta análisis del agua en laboratorios especializados acompañado de considerables presupuestos.

Cartagenera asegura que la EASBA negó su responsabilidad, a pesar de que los daños ambientales son evidentes. Además del agua turbia, los pobladores encontraron bolsas y envases de productos agroquímicos flotando en los ríos. Cuando el CIPTA presentó estas evidencias, la EASBA rechazó con el argumento de que el CIPTA no era la instancia competente para estos actuados.

Las familias de Tres Hermanos siguen pescando en el Mayge, el Jiruma y el Beni. Según un estudio del CIPTA, los pobladores consumen mensualmente unos 13 kilos de esta carne. Pero en la actualidad, la gente desempeña esta actividad con recelo. Temen de sobremanera, consumir y comercializar pescados contaminados. En el fondo les encoge enfermarse.
Después de sentir en carne propia las consecuencias, los tacanas aseguran que se hubieran opuesto sin pestañear a la azucarera. No lo hicieron porque los funcionarios del gobierno organizaron “reuniones relámpago” para hablar poco de los riesgos y prometer mucho. Se entusiasmaron con una serie de promesas. Los burócratas ofrecieron servicios básicos, como el tendido de las líneas de electrificación, mejoramiento de caminos, fuentes de empleos para los indígenas y campesinos, entre 500 a 1.000 puestos de trabajo. Aseguraron que el impacto ambiental sería mínimo, que las aguas servidas de la planta industrial serían purificadas en un 70 por ciento antes de llegar a las aguas naturales.

Actualmente ningún indígena de Tres hermanos trabaja en la planta azucarera.

En realidad, no hubo consulta previa, libre e informada. Esto, como en casi todos los casos similares, contraviene el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambas reconocidas por la Constitución Política de Estado de Bolivia. Estas normativas establecen que toda megaobra planeada dentro de un territorio indígena, debe ser consultada mediante procedimientos transparentes y de buena fe.

Aparentemente, existe un Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales de EASBA, aprobado el 2012 por la Gobernación de La Paz, pero este documento no está disponible para el acceso público. También existiría en algún lugar un Plan de Mitigación de Impactos Ambientales de la empresa. Ni el CIPTA ni las comunidades tienen a la mano estos estudios. Por lo tanto, no tienen acceso a parámetros e indicadores que sirvan de guía para identificar y documentar los problemas socioambientales. Tampoco el CIPTA tiene posibilidades materiales para el monitoreo comunitario de los impactos ambientales de las megaobras[3].

Cartagena, conoce bien que el ocultamiento de documentos obstaculiza la intención de los indígenas de demostrar las afectaciones de la agroindustria azucarera. Los ejecutivos de la EASBA exigen pruebas documentadas. No bastan los testimonios, los reclamos colectivos ni las denuncias de las familias afectadas. Entonces para el líder indígena la resistencia de los tacanas radica en activar, en la brevedad posible, los mecanismos de monitoreo comunal de las afectaciones ambientales, para ello busca financiamiento.

Entretanto, el desmonte para ampliar los cañaverales avanza sin censura. Para la siguiente temporada de siembra, 200 hectáreas pertenecientes a la comunidad Tres hermanos serán puestas en producción.

Fuente: Tierra