La Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) rechaza el acuerdo entre el Gobierno central y la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) y advierten que la decisión de cierre de los centros de remate que operan en Santa Cruz -cinco en la capital y unos 40 en provincias- ponen en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo.
Uno de los puntos del pacto, de los cuatro acordados, establece que los ministerios de Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente, Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor, Impuestos Nacionales, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Autoridad de Empresas fiscalizarán los centros de remate de ganado e iniciarán una auditoría técnica especializada e implementarán la reglamentación para el funcionamiento y el procedimiento para el cierre de dichos centros en siete días.
Para el presidente de Congabol, Alejandro Díaz, la decisión antojadiza de intervenir y cerrar los centros de remate se constituye en un acto que quebranta el estado de derecho, vulnera la seguridad jurídica y atenta contra el derecho al trabajo. “Estos puntos de puja comercial de ganado en pie son los canales más transparentes y ágiles con que cuentan los productores y demandantes de ganado bovino, cuyo precio es definido por la oferta y la demanda y la calidad del hato bovino en pie”, anotó.
A decir del gerente de Fegasacruz, Javier Landívar, el cese de operaciones de los centros de remate implica que el negocio de compraventa de ganado en pie quedará en manos de unos cuantos intermediarios que impondrán especulación de precios en desmedro del productor pecuario.
Congabol insta al Gobierno a un diálogo con la intervención de todos los los eslabones de la cadena cárnica nacional, (ganaderos, centros de remate, mataderos, frigoríficos e industrias, ferias comunales y municipales, intermediarios, transportistas de ganado, comercializadores al detalle, friales, supermercados, puestos de mercado, casas comercializadoras de insumos para la ganadería y el campo, sistema financiero y consumidores).
Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, una medida como la acordado por el Gobierno y los carniceros debe involucrar a todos los actores de la cadena cárnica e hizo notar que urge una evaluación de la cabezas de los ministerios del área productiva por la lentitud que ejercen en la gestión de reactivación real del aparato agropecuario, sin dinamismo ni ímpetu deseado.