Hay momentos en que una sociedad debe dejar de observar y comenzar a preguntar. Cuando están en juego el territorio, los recursos y el futuro, preguntar, informarse y participar también es ejercer ciudadanía.
Lic. Lavive Yáñez Simon
Comunicadora Social y Ganadera
El 13 de agosto, el Presidente de Bolivia habló del “Estado tranca”, una realidad que se manifiesta en los distintos niveles de gobierno y que termina frenando las respuestas que necesita la gente. En ese contexto, mientras el país reclama menos burocracia y mayor eficiencia, en el Beni aparece una propuesta que merece la atención ciudadana: cambiar la denominación del Gobierno Autónomo Departamental por Gobierno de la Entidad Territorial Autónoma Amazónica del Departamento del Beni, mientras se anuncia además una futura Ley de Servicios Ambientales vinculada a los bonos de carbono.
Esta última todavía no es ley. Precisamente por eso, este es el momento de conocerla, discutirla y preguntar qué pretende hacer y hasta dónde puede llegar.
Porque una cosa es reconocer nuestra condición amazónica y otra muy distinta es utilizar una denominación institucional para asumir facultades que la Constitución no otorga.
La CPE ya habló. El artículo 390 reconoce a la cuenca amazónica boliviana como un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país e incluye a Pando, la provincia Iturralde de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del Beni. El artículo 391 establece que su desarrollo debe sustentarse en una administración integral, participativa, compartida y equitativa.
Y el artículo 410 establece la supremacía de la Constitución. Una ley departamental no puede estar por encima de ella ni crear competencias que contradigan su mandato.
Entonces, la discusión no debería quedarse en un nuevo nombre. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué cambiará realmente para nuestros municipios amazónicos. ¿Más inversión? ¿Más participación? ¿Más infraestructura? ¿Más producción? ¿Más oportunidades?
Porque la Amazonía no se fortalece cambiando membretes. Se fortalece cuando su gente participa, produce y se beneficia de las oportunidades que genera su territorio.
Y aquí aparece una oportunidad que el Beni no puede desperdiciar. La apertura legal de la frontera agrícola permite pensar nuestros municipios como territorios productivos. Tenemos que producir, transformar, agregar valor, generar empleo, atraer capital y construir mercados, sin enfrentar producción con conservación.
También están los bonos de carbono y la nueva economía vinculada a nuestros bosques y servicios ambientales. No podemos llegar tarde. Pero tampoco podemos permitir que una nueva fuente de riqueza termine reproduciendo la vieja historia: otros valorizan nuestros recursos, negocian con ellos y nosotros quedamos mirando desde la orilla.
La pregunta, entonces, no es solamente cuánto pueden valer nuestros bosques.
La pregunta es quién decide, quién administra y quién se beneficia.
Y esa pregunta no puede responderse entre cuatro paredes.
No queremos que desde La Paz decidan qué hacer con nuestra riqueza, pero tampoco queremos que desde Trinidad se reproduzca el mismo centralismo sobre los municipios y territorios amazónicos. El centralismo no deja de ser centralismo porque cambie de oficina.
Lo que corresponde es respetar la Constitución, las competencias, los derechos territoriales y el principio de participación que la propia CPE establece para la Amazonía.
Desde la conciencia ciudadana, también corresponde dejar de esperar a que las decisiones estén tomadas para recién reaccionar. La participación comienza antes de la ley, no después de su aprobación.
Estamos cansados de que otros estudien nuestra riqueza, le pongan precio y decidan qué hacer con ella mientras nuestros pueblos esperan desarrollo.
Esta vez tiene que ser diferente.
Si llegan los capitales que anuncia el propio Gobierno, debemos estar preparados. Si nuestros bosques generan valor, debemos conocer las reglas. Si la frontera agrícola abre oportunidades, debemos convertirlas en producción. Si la economía ambiental puede generar ingresos, debemos garantizar que esos beneficios también se traduzcan en desarrollo para nuestros territorios.
No se trata de cerrar las puertas a la inversión. Se trata de dejar de ser espectadores de nuestra propia riqueza.
Los municipios amazónicos vamos a entrar al río.
Ya no queremos seguir varados en la orilla mirando cómo otros deciden por nosotros.
Estamos dejando el discurso para entrar en acción.
Porque el Beni no está pidiendo privilegios.
Está pidiendo algo mucho más sencillo y profundo:
que se respete la Constitución, que se escuche a los territorios y que nuestra riqueza deje de ser una promesa para convertirse en desarrollo.
