La ganadería extensiva, por su propia naturaleza, requiere el traslado periódico de animales entre predios, centros de comercialización y faeneo. No es una práctica nueva ni improvisada; es parte estructural del sistema productivo. Pretender ahora convertirla en causa principal del deterioro vial no solo simplifica el problema, sino que desplaza responsabilidades.
Existen elementos que no pueden ignorarse. La planificación y ejecución de la carretera presentan observaciones evidentes: extracción de material de las laterales sin reposición adecuada, dejando caminos alternos intransitables; ausencia de vías complementarias para el tránsito pecuario; y un diseño hidráulico deficiente que afecta el flujo natural del agua.
Estas condiciones obligan, en la práctica, a que el ganado utilice la vía principal. A ello se suma un aspecto más delicado: el impacto ambiental. Las alcantarillas mal concebidas no solo afectan la durabilidad de la carretera, sino que alteran el comportamiento hídrico de la zona.
En territorios donde los humedales son esenciales, cualquier intervención mal diseñada puede contribuir a su degradación. Resulta contradictorio exigir al productor restricciones bajo criterios de conservación, mientras obras de infraestructura ejecutadas sin criterios técnicos adecuados generan efectos adversos sobre esos mismos ecosistemas.
El productor ganadero enfrenta así una doble carga. Por un lado, limitaciones normativas que condicionan su capacidad productiva; por otro, la atribución de responsabilidades que corresponden a decisiones administrativas, técnicas y políticas de nivel central. Esta asimetría erosiona la confianza y profundiza la sensación de abandono institucional.
No se trata de negar la necesidad de regulación ni de cuidado ambiental. Se trata de coherencia. Si se exige cumplimiento, también debe garantizarse planificación, infraestructura adecuada y respeto por la actividad productiva. El desarrollo no puede construirse trasladando costos a quienes sostienen la economía real.
La discusión de fondo no es si el ganado pasa o no por la carretera. Es por qué no existen condiciones para que no tenga que hacerlo. Y mientras esa pregunta no sea respondida con responsabilidad técnica y política, cualquier señalamiento al productor seguirá siendo, en el mejor de los casos, incompleto; y en el peor, injusto.
