Organizaciones del Beni, Santa Cruz y el ámbito nacional exigen seguridad jurídica, rechazan el DS 5613 y advierten que la norma es clave para la inversión, la producción y el desarrollo del agro boliviano
Distintas instituciones del sector agropecuario nacional y regional expresaron su posición conjunta respecto a la Ley 1720, el Decreto Supremo 5613 y las normas vinculadas a la prevención de incendios, en un contexto de preocupación por la coyuntura económica y jurídica que atraviesa el país.
CONFEAGRO llama a no abrogar la Ley 1720
La Confederación Agropecuaria Nacional (CONFAGRO) hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para no abrogar la Ley 1720, destacando su importancia para el desarrollo del sector agropecuario.
La organización señaló que la normativa brinda estabilidad al aparato productivo nacional, promueve la inversión y contribuye a la seguridad alimentaria del país.
Asimismo, destacó que la ley genera oportunidades para pequeños productores y fortalece el abastecimiento de alimentos para la población boliviana.
“Confiamos en que nuestras autoridades actuarán con responsabilidad, visión de desarrollo y compromiso con los intereses de la mayoría de los bolivianos”, expresa el documento.
Comité Interinstitucional del Beni
El Comité Interinstitucional por el Progreso del Beni (CIPB), conformado por la Cámara Agropecuaria del Beni (CAB), el Comité Cívico del Beni (CCB), la Federación de Empresarios Privados del Beni (FEPB), la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI) y la Asociación Departamental de Productores de Oleaginosas (ADEPO), expresó su profunda preocupación por la situación económica nacional y regional.
“Confiamos en que nuestras autoridades actuarán con responsabilidad, visión de desarrollo y compromiso con los intereses de la mayoría de los bolivianos”
El pronunciamiento señala que la economía boliviana atraviesa un escenario crítico, con proyecciones de contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,3%, inflación en ascenso, un déficit fiscal cercano al 9% y Reservas Internacionales Netas en niveles reducidos.
Asimismo, la institución remarcó la necesidad de garantizar estabilidad y reactivación económica, destacando que el Beni presenta uno de los ingresos per cápita más bajos del país.
Resaltan que la Ley 1720, socializada desde 2018, permite la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad, respetando la libre decisión del productor.
Según el pronunciamiento, esta norma constituye una herramienta clave para:
- Otorgar seguridad jurídica sobre la tierra
- Facilitar el acceso a créditos productivos
- Incrementar la competitividad del productor
El sector considera que estas condiciones son fundamentales para fortalecer la inversión agropecuaria y el desarrollo regional.
El CIPB manifestó su rechazo a las presiones para abrogar la Ley 1720 y cuestionó la constitucionalidad del Decreto Supremo 5613, señalando que este genera incertidumbre jurídica en el sector productivo.
“Por tanto, el CIPB exige el mantenimiento y la reglamentación inmediata de la Ley 1720, garantizando su carácter voluntario y su plena aplicación”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, el comité exige la revisión y abrogación del DS 5613 por considerar que vulnera la seguridad jurídica del productor.
ANAPO respalda la norma y pide respeto a la propiedad productiva
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) también se pronunció en defensa de la Ley 1720, señalando su respaldo a la conversión voluntaria de la pequeña propiedad.
La entidad rechazó cualquier iniciativa que implique su abrogación y advirtió que esta podría afectar la seguridad jurídica de los productores.
Asimismo, ANAPO recordó compromisos asumidos con el Órgano Ejecutivo y el Legislativo, y pidió que se respete el marco constitucional que protege la propiedad privada productiva.
La organización advirtió que retroceder en estas normas podría afectar el desarrollo de un agro moderno, competitivo e inclusivo.
Redacción: Publiagro
