La Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la norma que permitía la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad. El sector agropecuario advierte riesgos para la inversión, el acceso al crédito y la modernización productiva
Tras más de diez horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, una normativa que había generado fuerte polarización entre sectores productivos, organizaciones sociales e instituciones vinculadas al ámbito agrario.
La ley permitía que pequeños productores pudieran convertir, de manera voluntaria, sus predios en mediana propiedad, habilitándolos para acceder a mayores beneficios financieros, tecnificación y nuevas oportunidades de inversión. Según diferentes actores del sector agropecuario, la norma representaba una herramienta orientada a fortalecer la productividad y otorgar mayor seguridad jurídica a quienes buscaban ampliar y formalizar sus operaciones.
De acuerdo con publicaciones de Publiagro, dirigentes ganaderos y representantes institucionales señalaron que la normativa no obligaba a ningún productor a modificar la clasificación de sus tierras, sino que se trataba de una decisión voluntaria respaldada por el derecho a la propiedad y la libertad de crecimiento económico.
Uno de los principales argumentos del sector agropecuario era que la conversión permitiría acceder a créditos bancarios, tecnificación, formalización tributaria y mejores condiciones para incrementar la producción de alimentos. Fernando Boehme, presidente de CONGABOL, había manifestado que “la tierra no debe ser un techo, debe ser una oportunidad de crecimiento”.
“La abrogación de la Ley 1720 reabre el debate sobre seguridad jurídica, acceso a financiamiento y límites al crecimiento productivo en el agro boliviano”
Sin embargo, organizaciones indígena originario campesinas y sectores afines al oficialismo cuestionaron la ley argumentando posibles riesgos de concentración de tierras y afectaciones al modelo agrario establecido en la Constitución. Estas observaciones derivaron en movilizaciones y presión política que finalmente llevaron a la Cámara de Diputados a aprobar el proyecto de abrogación.
Para varios analistas y productores, la decisión genera preocupación porque vuelve a instalar dudas sobre la estabilidad normativa y la seguridad jurídica en el país. El agro considera que Bolivia necesita señales claras para incentivar inversiones de largo plazo, especialmente en un contexto marcado por problemas climáticos, baja rentabilidad y necesidad de aumentar la producción nacional.
¿Qué sigue legalmente tras la aprobación en Diputados?
Aunque la Cámara de Diputados aprobó la abrogación “en grande y en detalle”, el proceso legislativo aún no concluye. El proyecto debe pasar ahora a revisión de la Cámara de Senadores, donde podrá ser aprobado, modificado o rechazado.
Si el Senado ratifica la decisión, la norma será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Recién después de su publicación oficial en la Gaceta del Estado, la Ley 1720 quedará oficialmente abrogada y perderá vigencia jurídica.
Mientras tanto, el debate continúa abierto entre quienes consideran que la ley impulsaba el desarrollo productivo y quienes sostienen que podía alterar el equilibrio del régimen agrario nacional.
Redacción: Publiagro
