Una Comisión de alto nivel, conformada por representantes de diversos ministerios del Gobierno, inició este martes un proceso de diálogo en Rurrenabaque con los dirigentes de la marcha de campesinos e indígenas, quienes manifestaron su rechazo a la Ley 1720. Esta normativa autoriza la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad a mediana propiedad, lo que ha generado preocupación en distintos sectores sociales.
La delegación gubernamental está encabezada por los viceministros de Tierras, Hormando Vaca Díez; de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero; y de Régimen Interior, Hernán Paredes. A ellos se suma el director nacional del INRA, Hernán Pereira, junto a un equipo técnico especializado, con el objetivo de atender de manera directa las demandas planteadas por los movilizados.
Durante este primer encuentro, las autoridades comenzaron a recoger las demandas regionales, asumiendo el compromiso de articular acciones orientadas a soluciones efectivas. El eje central del diálogo es socializar los beneficios y alcances de la norma, que, según el Gobierno, busca ampliar las oportunidades de desarrollo para los pequeños productores, facilitando además su acceso a créditos financieros. En este contexto, se enfatizó que el proceso de conversión de la propiedad es completamente voluntario y que no afecta, bajo ninguna circunstancia, a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

Previo a esta reunión, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural, Tierra y Agua, Oscar Mario Justiniano, se pronunció sobre los cuestionamientos surgidos en torno a la ley, aclarando aspectos clave de su aplicación. En ese sentido, afirmó: “Esta ley solamente y únicamente alcanza a los propietarios de pequeñas propiedades privadas, no comunitarias, y particularmente será el propietario el que con la libertad que esta ley le está otorgando, tome la decisión si quiere o no quiere categorizarla como mediana propiedad. Es libertad”.
Asimismo, la autoridad destacó que se respetan las distintas iniciativas expresadas por los pueblos indígenas y comunidades, subrayando que estos sectores no están comprendidos dentro del alcance de la ley. Añadió que el Gobierno prestará la debida atención a sus planteamientos, reconociendo que deben ser parte del proceso de reglamentación. En esa línea, aseguró que la normativa “en ningún caso va a afectar ni va tampoco a atentar contra lo que es sagrado que son las tierras comunitarias”.
Redacción: Publiagro



















