La entidad clave en sanidad agropecuaria atraviesa un momento crucial: cambios en su dirección, denuncias públicas y pedidos de reingeniería institucional en plena lucha contra prácticas irregulares
La escena pública del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) ha estado bajo un intenso foco de atención en los últimos meses. Acciones como cambios consecutivos en su dirección ejecutiva, denuncias de presunta corrupción y solicitudes de reingeniería desde el Legislativo mostraron que el organismo estatal enfrenta hoy una fuerte demanda por mayor transparencia y efectividad en su tarea de proteger la salud agropecuaria y alimentaria del país.
En lo que va del nuevo gobierno, el SENASAG experimentó varios cambios en su alta dirección. En julio de 2025, Carlos Richard Salas Jiménez fue posesionado como director general ejecutivo, en reemplazo de Juan Miguel Quiroz, con la instrucción de garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes en materia sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad alimentaria.
Antes de Salas, la dirección había mostrado cierta inestabilidad. Quiroz asumió en julio de 2024 tras la salida de una autoridad anterior cuestionada por presuntas irregularidades, y su gestión estuvo marcada por el compromiso público de luchar contra la corrupción interna.
Sin embargo, los movimientos no terminaron allí. En noviembre de 2025, el gobierno designó a Erick Bruckner Méndez como nuevo director, con el reto explícito de institucionalizar la entidad y responder a las demandas de gremios productivos que venían clamando por transparencia. Pese a ese nombramiento, la dirección volvió a cambiar a principios de 2026 cuando Ronny Salvatierra Heredia fue posesionado como director general ejecutivo a.i., encargándose de asegurar la inocuidad alimentaria y la protección sanitaria del patrimonio agropecuario nacional.
Este ir y venir de autoridades refleja algo más profundo que simples ajustes administrativos: una institución en búsqueda de identidad, estabilidad y credibilidad. En ese contexto, la senadora Marcela Guerrero pidió una reingeniería institucional y diversos pedidos de informe escrito desde la Asamblea Legislativa, tras el homicidio de un exdirector regional en Tarija, vinculado —según investigaciones fiscales— a amenazas por parte de redes relacionadas con el contrabando. Este hecho puso de manifiesto la complejidad de los intereses que circulan en la frontera y la presión social por esclarecer hechos que involucran a servidores públicos.
“Mientras el Gobierno impulsa ajustes estructurales para recuperar la institucionalidad del SENASAG, crecientes presiones sociales y casos de presunta corrupción evidencian la necesidad de transparencia y mayor control ciudadano”
La preocupación de los productores y legisladores no es aislada. A lo largo de los últimos cinco años, el SENASAG ha enfrentado múltiples controversias relacionadas con prácticas cuestionadas y denuncias de irregularidades. Por ejemplo, en 2024 parlamentarios exigieron la salida del entonces director por supuestas irregularidades en guías de movimiento y tránsito de productos agropecuarios, vinculadas con presuntos sobornos.
Otra denuncia de carácter público ocurrió en Tarija, donde productores agrícolas y ganaderos advirtieron que la entidad había emitido guías de movimiento que facilitarían el contrabando de granos, presuntamente vendidas de forma irregular y beneficiando la salida ilegal de productos, lo que derivó en exigencias de intervención.
Incluso el SENASAG se ha visto envuelto in situ en operaciones judiciales. En febrero de 2026, las oficinas de la entidad en Santa Cruz fueron allanadas por una investigación relacionada con una empresa exportadora de madera ligada al narcotráfico, donde se analizó documentación incautada en Chile con restos de droga integrados en un cargamento legal.
Además, en 2024 un puesto de control del SENASAG en Yacuiba fue quemado por comerciantes dedicados al contrabando, quienes protestaron por decomisos y “abusos” en la lucha contra el comercio irregular, denunciando que el organismo actuaba en coordinación con otras fuerzas estatales.
Frente a este cúmulo de tensión social y denuncias, desde el interior del propio SENASAG se han reconocido problemas de manejo. A inicios de 2026 la dirección informó sobre daños económicos identificados en la institución, derivado en despidos de “supernumerarios” y ajustes de personal bajo criterios técnicos, con el objetivo de recuperar la eficiencia y cumplir con las funciones asignadas.
Pese a este panorama de cuestionamientos, también hay señales de colaboración positiva. En 2025 el SENASAG y su similar paraguayo sellaron una alianza para fortalecer los controles fitosanitarios binacionales, buscando mejorar el intercambio de información técnica y la coordinación institucional en materia de sanidad vegetal y animal entre ambos países.
Este conjunto de acontecimientos dibuja a un SENASAG que transita entre la presión por reformarse institucionalmente y los retos de cumplir su misión en un entorno marcado por intereses económicos legítimos, prácticas ilegales y exigencias de productores y ciudadanía. La lucha contra la corrupción, la consolidación de una dirección estable y la transparencia en la gestión parecen ser hoy más urgentes que nunca, si la entidad quiere recuperar la confianza y ejercer con eficiencia su rol técnico en la protección del patrimonio agropecuario del país.
Redacción: Publiagro
