Un agricultor y una empresa agropecuaria iniciaron acciones legales contra una planta industrial tras denunciar la falta de devolución de grano y subproductos valuados en más de 400 mil dólares.
Un presunto incumplimiento en un contrato de maquila de grano de soya habría ocasionado un grave perjuicio económico a un productor agrícola y a una empresa del sector agropecuario, situación que derivó en una denuncia pública y en el inicio de acciones legales. El caso involucra a la Planta Industrial García & Jaramillo S.R.L. y fue expuesto ante la opinión pública por la abogada Dra. Marianela Bozzo, en representación del agricultor Ricardo Miranda y de la empresa Servicomercio Agropecuario Import & Export S.R.L.
De acuerdo con la información proporcionada, el contrato fue suscrito el 6 de marzo de 2025 por Sebastián Jairo García Ávalos, de nacionalidad boliviana, quien actuó en representación de la Planta Industrial García & Jaramillo S.R.L. en virtud de un poder legal otorgado por su socio, Arnaldo Daniel Jaramillo, de nacionalidad argentina. El acuerdo establecía la entrega de grano de soya para su procesamiento bajo la modalidad de maquila, manteniéndose en todo momento la propiedad del grano y de los productos resultantes en favor del agricultor y de la empresa contratante.
Asimismo, el contrato contemplaba de manera expresa la obligación de devolver la totalidad de los productos obtenidos del proceso industrial, específicamente harina expeller y aceite, sin posibilidad de venta, disposición o entrega a terceros, aspecto considerado clave dentro de la relación contractual.
Sin embargo, según denunciaron las partes afectadas, desde el mes de mayo la planta industrial habría dejado de cumplir con la entrega de los productos derivados del contrato. Como resultado, se habría registrado un faltante de 630,84 toneladas de grano de soya y al menos 49,5 toneladas de harina expeller, producto directo de dicho grano, las cuales presuntamente habrían sido comercializadas total o parcialmente sin autorización, sin que se haya producido la devolución del producto ni una compensación económica.
El perjuicio económico preliminar generado por estos hechos superaría los 400.000 dólares americanos, cifra que, según se informó, será determinada con mayor precisión conforme avancen las investigaciones correspondientes.
«Como resultado, se habría registrado un faltante de 630,84 toneladas de grano de soya y al menos 49,5 toneladas de harina expeller, producto directo de dicho grano, las cuales presuntamente habrían sido comercializadas total o parcialmente sin autorización, sin que se haya producido la devolución del producto ni una compensación económica»
Durante la conferencia de prensa, la abogada Marianela Bozzo remarcó que la situación no puede ser tratada únicamente como una controversia de carácter civil o comercial, ya que la disposición de bienes ajenos en el marco de un contrato afecta directamente la seguridad jurídica del sector productivo y vulnera la confianza de los agricultores y empresas vinculadas a la cadena agroindustrial.
Por su parte, el agricultor Ricardo Miranda señaló que la agricultura constituye su única fuente de ingresos y que tanto él como su familia realizan un esfuerzo permanente para sembrar y producir. Indicó que la situación que enfrenta representa un grave perjuicio económico, con un impacto directo en la estabilidad de su familia y en la continuidad de su actividad productiva.
En tanto, el representante legal de Servicomercio Agropecuario Import & Export S.R.L., Pablo Vargas, explicó que la empresa decidió hacer pública esta situación por su compromiso con la familia del agricultor y con el sector productivo en general. Asimismo, alertó a los agricultores a actuar con cautela y a no exponerse a este tipo de situaciones con personas o empresas que no obran de buena fe.
Vargas recordó que cuenta con más de 20 años de experiencia vinculada al sector agropecuario, durante los cuales ha defendido a productores y actores que trabajan de manera honesta. Señaló además que es la primera vez que se ve involucrado en un hecho de esta naturaleza, y agregó que el objetivo es que este caso siente un precedente para evitar que otros agricultores resulten afectados en el futuro.
Finalmente, se informó que, pese a los intentos previos de conciliación realizados por la empresa y el agricultor junto a su familia, no se obtuvo una respuesta favorable. Ante la gravedad de los hechos y tras haberse cumplido todas las formalidades legales, se decidió iniciar acciones por la vía penal para que el Ministerio Público investigue la presunta comisión de delitos que pudieran estar involucrados, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan.
El objetivo central de las acciones emprendidas es que el agricultor Ricardo Miranda reciba la devolución de su grano o el pago económico correspondiente, y que este caso sirva como antecedente para prevenir que otros productores atraviesen situaciones similares.
Fuente: Publiagro
