Asamblea cívica responsabiliza a grupos de avasalladores y exige desalojo total de asentamientos ilegales.
El Comité Cívico Provincial de la Cruceñidad declaró estado de emergencia en todas las provincias de Santa Cruz, luego del “cobarde y criminal ataque” perpetrado contra el señor Ricardo Peña, cacique de 70 años de la comunidad Virgen de Urkupiña.
El pronunciamiento, emitido por la organización cívica, denuncia que la agresión sufrió un “brutal” ataque por parte de dos sujetos que, según el documento, le quebraron ambos brazos y lo dejaron desangrado al costado del camino. La institución calificó el hecho como “no es un hecho aislado de inseguridad ciudadana”, sino como un “acto de terrorismo civil” impulsado por “grupos de avasalladores” que se consideran propietarios de la tierra.
El Comité sostiene que estos hechos se sostienen por el “silencio cómplice de las instituciones del Estado” y presenta una serie de consideraciones que fundamentan su decisión de declarar el estado de emergencia.
Entre los puntos señalados, el documento advierte que “la impunidad alimenta el crimen y que la falta de acción ante denuncias previas de avasallamientos en comunidades colindantes, como Primero de Mayo, ha fortalecido a grupos irregulares denominados interculturales, que siembran el terror entre los habitantes originarios¨.
«La impunidad alimenta el crimen y que la falta de acción ante denuncias previas de avasallamientos en comunidades colindantes, como Primero de Mayo, ha fortalecido a grupos irregulares denominados interculturales, que siembran el terror entre los habitantes originarios»
Asimismo, el Comité considera que el ataque a un cacique, autoridad máxima de una comunidad indígena y persona de la tercera edad, representa un “atentado contra la vida y la cultura”, afectando directamente la identidad chiquitana y los valores de paz que caracterizan a Santa Cruz.
En su pronunciamiento, también se señala un supuesto “abandono estatal”, denunciando que las comunidades se encuentran aisladas, sin comunicación y expuestas a la delincuencia. El documento afirma que mujeres de la tercera edad se ven obligadas a caminar kilómetros para pedir auxilio, mientras que el Ministerio Público “mira hacia otro lado”.
Ante esta situación, el Comité Cívico Provincial exigió acciones inmediatas a las autoridades competentes. Entre sus demandas se encuentran:
- A la Fiscalía Departamental y a la Policía Boliviana: la “identificación, captura y encarcelamiento INMEDIATO” de los autores materiales de la agresión y de los cabecillas intelectuales que dirigen los grupos de choque en la zona de San José de Chiquitos.
- Al INRA y al Ministerio de Gobierno: el DESALOJO TOTAL y sin contemplaciones de todos los asentamientos ilegales y avasalladores que, según el documento, han invadido tierras fiscales y predios productivos en la región.
El Comité concluye que no permitirá que la Chiquitania se convierta en “tierra de nadie”, y ratifica su disposición de mantener medidas de presión hasta que se atiendan las demandas planteadas.
Fuente: Publiagro
