El acusado habría cobrado grandes sumas de dinero a familias de seis colonias de Santa Cruz, bajo la promesa de gestionar el saneamiento y la titulación de sus tierras, trámites que nunca se habrían concretado
Más de un centenar de familias menonitas de diferentes colonias del departamento de Santa Cruz denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa que superaría los 400.000 dólares. El principal acusado es Eduardo Alberto de los Ríos Colodro, quien habría utilizado el nombre del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para ofrecer servicios relacionados con el saneamiento y la titulación de tierras.
Las denuncias señalan que las familias habrían entregado durante varios años importantes cantidades de dinero con la expectativa de regularizar la situación legal de sus propiedades. Sin embargo, los trámites comprometidos no habrían llegado a concretarse.
Entre las colonias que reportaron posibles afectados figuran Tres Cruces, San José de Chiquitos, Roboré, Cuatro Cañadas, Manitoba y Pailón. Los denunciantes también aseguran haber recibido documentación que posteriormente habría sido identificada como irregular o presuntamente falsa, incluyendo títulos, minutas de transferencia y certificados alodiales.
Juan Reimar Wall, integrante de la Colonia Tres Cruces, relató que el acusado les habría ofrecido gestionar la documentación de sus terrenos durante un periodo prolongado, pero sin obtener los resultados prometidos pese a los pagos realizados.
El abogado Eduardo Zuna, representante legal de parte de los afectados, informó que el acusado enfrenta un proceso por el presunto delito de estafa agravada. Asimismo, señaló que durante la investigación surgieron cuestionamientos relacionados con documentación que habría sido utilizada para respaldar las supuestas gestiones.
«El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de verificar la identidad y autorización de quienes ofrecen gestionar trámites agrarios, especialmente cuando están en juego la propiedad y el patrimonio de las familias productoras»
La Fiscalía solicitó la detención preventiva del acusado mientras continúan las investigaciones destinadas a establecer con precisión el monto del daño económico y el número total de personas afectadas. Hasta el cierre de esta nota, no se conocía la resolución definitiva de la audiencia de medidas cautelares.
Segundo proceso por presunta usurpación de funciones
El caso también derivó en acciones desde el propio INRA. La institución anunció que se incorporará a las acciones legales por el presunto delito de usurpación de funciones, debido a que el acusado habría utilizado la identidad institucional y atribuciones que no le correspondían para captar a las familias.
Los afectados pidieron que se refuercen los mecanismos de control y orientación en los procesos de saneamiento y titulación de tierras, especialmente para evitar que productores y familias rurales sean engañados por personas que ofrecen realizar trámites oficiales sin autorización.
El proceso continúa bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal del acusado y establecer el alcance real del presunto perjuicio.
Fuente: EL DÍA
Redacción: PubliAgro
