La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) ha solicitado de manera urgente a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Brigada Parlamentaria de Cochabamba el inicio inmediato del tratamiento de una ley antibloqueos, con el objetivo de evitar la repetición de conflictos sociales que afectan la actividad productiva una vez concluido el periodo de 90 días del actual estado de excepción.
Según el planteamiento del sector, la continuidad de los bloqueos representa un factor de alta vulnerabilidad para la economía regional y nacional, ya que interrumpe la producción, el transporte de alimentos y el normal abastecimiento de los mercados. En ese sentido, la CAC considera prioritario establecer un marco normativo que brinde certidumbre y garantice la libre circulación de la producción agropecuaria.
En un segundo punto, el sector productivo ha advertido que más del 80% de los productores cochabambinos se encuentra atravesando una fuerte crisis económica, situación que, según señalan, pone en riesgo la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria. Ante este escenario, han solicitado la activación de líneas de crédito con tasas bajas y plazos largos, que sean canalizadas a través de mecanismos de fomento, así como del fideicomiso de 2.500 millones de bolivianos anunciado recientemente por el Gobierno nacional.
Asimismo, los productores han planteado la necesidad de que se reconozca el impacto económico de los conflictos sociales, tomando como referencia la situación de los productores de banano del trópico de Cochabamba. Este sector, según se informó, habría presentado notas formales a sindicatos del trópico solicitando el resarcimiento económico por las pérdidas ocasionadas debido a la imposibilidad de producir y exportar su producto en condiciones normales.

Como cuarto punto, el sector agropecuario ha solicitado la presencia del gabinete económico del Gobierno nacional en Cochabamba, con el fin de sostener una reunión directa con la cadena productiva que, según estimaciones, involucra a más de 400.000 productores. El objetivo de este encuentro sería trabajar en la reconstrucción de políticas públicas orientadas a mejorar la situación económica, preservar el empleo y fortalecer la seguridad alimentaria del país.
Finalmente, los representantes del sector agropecuario han declarado estado de emergencia, condicionando su permanencia en vigilancia activa a la atención de sus demandas. Advierten que la falta de respuesta oportuna podría profundizar la crisis productiva y generar mayores efectos negativos en la economía regional y nacional.
Fuente: Rolando Romero
Redacción: Publiagro




















