El abogado agrarista Marcelo Aguilera sostiene que los avasallamientos, la falta de consolidación del derecho propietario y las limitaciones en el acceso a tierras fiscales afectan al desarrollo productivo del país
El abogado agrarista Marcelo Aguilera manifestó su preocupación por la situación de inseguridad jurídica que, según indicó, atraviesa actualmente el sector agrario en Bolivia debido al incremento de procesos relacionados con avasallamientos y la falta de consolidación del derecho propietario.
Aguilera señaló que el problema no se limita únicamente a casos conocidos de conflictos por tierras, sino que también alcanza a propiedades que cuentan con títulos ejecutoriales y que, pese a ello, enfrentan ocupaciones bajo el argumento de un supuesto incumplimiento de la Función Económica Social (FES).
En ese sentido, explicó que la determinación del cumplimiento de la FES corresponde legalmente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por lo que cuestionó que distintos sectores sociales asuman acciones unilaterales sobre propiedades privadas.
Respecto a la distribución de tierras fiscales, sostuvo que la normativa vigente establece que estas pueden ser asignadas principalmente a comunidades indígenas originarias y comunidades campesinas, situación que —a su criterio— habría dejado fuera a otros sectores de la sociedad civil que buscan acceder a una parcela para desarrollar actividades productivas.
El abogado también observó que el Estado enfrenta limitaciones para garantizar condiciones de desarrollo posteriores a la entrega de tierras, señalando que en muchos casos los beneficiarios reciben predios sin infraestructura, equipamiento ni apoyo técnico suficiente para ponerlos en producción.
«Existen comunidades y familias rurales que, pese a residir en determinadas regiones, enfrentan dificultades para acceder a nuevas dotaciones debido a la distancia geográfica, las limitaciones económicas y la falta de acompañamiento institucional»
Aguilera afirmó que esta situación habría generado dinámicas irregulares vinculadas a la transferencia informal de predios fiscales entre particulares, fenómeno que describió como una forma de tráfico de tierras.
Asimismo, indicó que existen comunidades y familias rurales que, pese a residir en determinadas regiones, enfrentan dificultades para acceder a nuevas dotaciones debido a la distancia geográfica, las limitaciones económicas y la falta de acompañamiento institucional.
En ese contexto, planteó la necesidad de revisar el modelo actual de distribución de tierras y abrir el debate sobre posibles ajustes constitucionales y normativos que permitan una asignación —según su postura— más vinculada a las necesidades regionales y al acceso efectivo de la población local.
Finalmente, sostuvo que, además de la distribución, es necesario fortalecer la asistencia técnica, el acompañamiento productivo y los mecanismos de acceso para evitar que determinadas comunidades queden en condiciones de vulnerabilidad o pierdan oportunidades de desarrollo.
Fuente: Marcelo Aguilera
Redacción: Publiagro
