Fernando Asturizaga, asesor legal de ANAPO, revela una creciente oleada de ocupaciones de tierras productivas en las cuencas del oriente boliviano, mientras el agro exige seguridad jurídica y políticas de largo plazo
El agro boliviano atraviesa una doble tensión: por un lado, la necesidad de elevar su productividad para alimentar al país; por el otro, la creciente inseguridad en la tenencia de la tierra. Fernando Asturizaga —asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO)— describe con crudeza cómo los avasallamientos se han “reactivado estos últimos días del gobierno” del Luis Arce, y advierte que el agro productivo se encuentra en una encrucijada vital.
«Estos últimos coletazos de ahogado obedecen justamente que ya hay un gobierno que se va… se pretende sentar presencia en zonas productivas».
Las formas de la ocupación han variado: predios titulados, con función económico-social reconocida, están siendo intervenidos por grupos irregulares que se atribuyen funciones de norma agraria, exigen papeles, amenazan con “repartos” y ponen en jaque al productor. Asturizaga afirma que aún propiedades con saneamiento completo están siendo tomadas, como el caso del predio “El Encanto” en el norte de Santa Cruz.
Cifras clave que reflejan la dimensión del problema
- El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) registró 237 casos de avasallamiento de tierras en Bolivia durante 2023, de los cuales sólo 36 desalojos se ejecutaron.
- El departamento de Santa Cruz lidera las incidencias, con 63 casos en 2023.
- Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en lo que va de 2025 ya se han denunciado más de 50 avasallamientos entre sus afiliados.
- Un informe menciona que unos 70.000 hectáreas en disputa sólo en la provincia de Obispo Santiestevan (Santa Cruz) están bajo riesgo de ocupación ilegal.
- Un sondeo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reveló que el 99 % de los encuestados considera que los avasallamientos atentan contra la seguridad jurídica y el desarrollo agropecuario.
“En pleno empuje productivo, los agricultores bolivianos enfrentan avasallamientos crecientes, reclaman protección de la propiedad y piden al próximo gobierno garantizar el derecho a invertir y producir”
Lo que dicen los actores del agro
Asturizaga denuncia vínculos explícitos entre tomas de tierras y lógica electoral: “se pretende copar territorio… y de ahí ganar espacios” de poder político local. En este sentido, los avasallamientos no serían sólo un desastre para el productor, sino una estrategia geopolítica que mina la paz rural y la inversión agraria.
Asimismo, el especialista remarca que el saneamiento de tierras, iniciado formalmente desde 1996 bajo el INRA, quedó como herramienta política antes que productiva: “debería haber sido instrumento para que Bolivia dé el salto productivo… lo que ha determinado es un problema de conflicto, lucha de clases” entre mediano/ gran productor y propiedad comunitaria o estatal.
¿Qué exige el sector productivo?
- Seguridad jurídica real: que una tierra titulada tenga la plena garantía del derecho propietario.
- Investigación efectiva y sanción de los grupos avasalladores y sus posibles vínculos con exautoridades o instituciones comprometidas.
- Cierre del ciclo de la reforma agraria, con los escasos procesos que faltan para concluir, y un giro hacia políticas de producción, no de toma de tierra.
- Apoyo estatal y agro-financiero: una vez garantizado el marco legal, se debe apoyar con biotecnología, financiamiento e insumos para que el productor invierta sin miedo.
¿Por qué importa para el agro?
Cuando tierras productivas son arrebatadas o puestas bajo amenaza, la consecuencia inmediata es menor producción, menor inversión, incremento de riesgos, y pérdida de credibilidad ante el mercado. Según el sector, la inseguridad jurídica dificulta que los productores accedan a crédito, diversifiquen cultivos o mejoren genética — todas herramientas necesarias para competir regionalmente.
El agro boliviano está en una coyuntura crítica. Asegurar la tierra no es sólo una cuestión legal o patrimonial: es la base para que la producción agropecuaria crezca, se modernice y asegure el suministro interno. Como bien resume Asturizaga: «llega el momento de cerrar este ciclo… y de ahí ya hay que pasar a apoyar a los productores para que sean más productivos y más sostenibles».
Redacción: Publiagro
