Propietarios de los predios El Encanto y Santa Rita exigen al Estado acciones firmes ante el avance de grupos ilegales y la inacción del Ministerio Público
Un nuevo avasallamiento se registró en el predio agrícola El Encanto, de 4.500 hectáreas, ubicado en el municipio de Ascensión de Guarayos, donde un grupo de personas ingresó ilegalmente la noche del sábado, pese a haber sido desalojado en 2024 por orden judicial.
Este hecho marca el cuarto avasallamiento ocurrido desde 2021 en la misma propiedad. La propietaria, Grecia Yucra, denunció que las autoridades judiciales de Guarayos han rechazado reiteradamente las demandas presentadas para defender sus derechos sobre la tierra.
“El día martes hemos presentado nuevamente la denuncia, no la recibieron, la emitieron a Santa Cruz y acá fue desestimada el mismo día, y eso nos preocupa porque no solo es mi propiedad a la que han desestimado la denuncia sino a todas de la zona que también han denunciado”, lamentó Yucra.
Ante la nueva toma ilegal, un contingente policial de al menos 60 efectivos ingresó el miércoles al predio para recuperar el control del área. Sin embargo, los ocupantes ilegales evitaron el enfrentamiento y abandonaron el lugar minutos antes del operativo, dejando nuevamente la propiedad bajo resguardo de sus dueños.
El abogado Álvaro La Torre, representante legal de los afectados, explicó que en esta ocasión los invasores se presentaron con el rostro descubierto, lo que demuestra su sensación de impunidad.
Según el jurista, este hecho constituye el delito de despojo, pero las autoridades no han actuado con la firmeza necesaria.
“Existe una necesidad de realizar remates y un pequeño juzgamiento para que los valles se encaminen en la producción ganadera”
“Si las víctimas de avasallamiento no invierten en investigación, los casos se rechazan; esa es nuestra triste realidad, y exigimos al Estado que firme una partida para que los casos de avasallamiento sean investigados de oficio”, reclamó La Torre.
El abogado también afirmó que, según denuncias de pobladores de Guarayos, los avasalladores tendrían nexos con autoridades gubernamentales, mencionando nombres de personas que supuestamente estarían vinculadas a estas acciones ilegales.
“El viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero Peñaranda, se reúne con los avasalladores; el asambleísta del MAS, Cirilo Daza Flores, su nombre fue encontrado en listas de la comunidad de avasalladores. Esta red tiene en la persona de Rimberto Yaguira, quien es el comandante del grupo operativo compuesto por 30 jóvenes de 18 a 30 años, un grupo armado irregular que funciona en la provincia Guarayos”, sostuvo La Torre.
Entre las personas señaladas por los afectados también se menciona a Felipe Pérez, conocido como “El Tucu”, cuya imagen fue mostrada en fotografías presentadas por los propietarios como prueba de la participación de actores reincidentes en los hechos.
Por su parte, Melissa Barba, otra de las afectadas por los avasallamientos en el predio Santa Rita, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado directo al presidente electo Rodrigo Paz, pidiendo una transformación profunda del sistema judicial.
“Necesitamos una justicia nueva, limpia y transparente”, manifestó Barba, visiblemente conmovida.
Los productores de Guarayos advierten que la situación es cada vez más crítica y que la falta de respuesta de las autoridades judiciales y del Ministerio Público pone en riesgo la seguridad jurídica, la inversión y la estabilidad productiva en la región.
Redacción: Publiagro
