En Cochabamba, los avasalladores ingresan a tierras agrícolas para convertirlas en urbanas, según los testimonios de los dueños de algunas haciendas lecheras afectadas por la problemática.
Uno de los casos más críticos es el que se registra en los predios de la Hacienda Angostura o Canelas, ubicados en el municipio de Arbieto, donde los loteadores invadieron al menos 86 hectáreas de tierras productivas para construir más de 200 casas de cuatro por cuatro, ocasionando pérdidas, indicó Luz Marina Canelas, una de las propietarias de la granja lechera.
Detalló que, de la totalidad, por lo menos 19 hectáreas de los predios fueron trabajados para cultivar alimento para el ganado vacuno y tenían sembradíos de alfa y forraje fresco.
Comentó que las otras 50 hectáreas se utilizaban como área de pastoreo y eran consideradas tierras temporales, porque se cultivaba forraje sólo una vez al año aprovechando la época de lluvia.
Canelas mencionó que el resto de los predios ocupados ilegalmente eran aptos para la producción y permitían el sustento las vacas de la granja lechera ,que hasta 2020 entregaba más de mil litros diarios de leche a la empresa PIL Andina S.A.
Sostuvo que las pérdidas son cuantiosas no sólo porque los traficantes de tierras vendieron lotes de 300 metros a menos de 5 dólares el metro cuadrado cuando el costo es de 60; sino, además, porque las edificaciones irregulares se emplazaron canales de riego y sobre sembradíos.
“Necesitamos destapar las acequias urgentemente. Si no sembramos en estas semanas, vamos a perder un año más de comida para los animales. Las últimas construcciones, tipo cuartos, que se han levantado están ocupando tres hectáreas. En ese lugar teníamos alfa recién cultivada, habíamos sembrado unas 20 bolsas de semilla, cada una cuesta 400 bolivianos”, explicó.
La propietaria de la finca añadió que, por la falta de alimento y la obstrucción de los canales de riego, a la fecha, 22 vacas murieron, cada una con un costo de 3 mil dólares.
“En la atención del veterinario a una vaca, por día se gasta hasta 500 bolivianos porque los remedios que se compran son fuertes. La afectación ha sido grave porque la producción también ha bajado de mil litros a 200”, puntualizó.
Las edificaciones en predios de la granja lechera comentaron en 2020 y el asedio se intensificó en febrero de este año pese a las denuncias realizadas y la socialización de medidas precautorias por funcionarios Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de acuerdo a los antecedentes del caso.
Hacienda Santa Teresa
La ocupación ilegal de 6,5 hectáreas de tierras agrícolas de la Hacienda Santa Teresa en la zona de La Tamborada, al sur de la ciudad de Cochabamba, por parte de la familia de un cuidador, es otro caso que demuestra el impacto de la problemática.
Roberto Quiroga, hijo del propietario de la granja lechera, relató que el calvario comenzó en julio de 1992 con la firma de un contrato entre su padre y el hijo del cuidador en el que se establecía que el pago por la producción de leche se distribuiría a la mitad por los servicios prestados.
“Mi padre es dueño de la propiedad y tenemos toda la documentación. Él puso el ganado y la tierra, y el otro tenía que cuidar y por eso se beneficiaba con el 50 por ciento, pero en 2005 comienza a disminuir el ganado y se reduce la cantidad de leche, entonces iniciamos en 2007 una demanda de rendición de cuentas y, en venganza, este hombre comienza un trámite de saneamiento”, contó.
Quiroga afirmó que, pese a que a lo largo de 15 años lograron una sentencia favorable en el Tribunal Agroambiental, fallos favorables en diferentes procesos demostrando al INRA que contaban con el derecho propietario y la tierra cumple una función social y económica esta institución pretende declarar como tierra fiscal el predio.
Comentó que incluso la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) reconoció el derecho propietario y pagó una indemnización luego de que el cuidador autorizó, en complicidad con dirigentes de la comunidad, la instalación de postes de alta tensión sin documentación.
El dueño de la finca aseveró que, a pesar de que el cuidador ya falleció y existe una sentencia para que establece el pago de más de 2 millones de bolivianos por la producción de leche al afectado, los hijos del demandado se niegan a dejar las tierras e incluso destrozaron una casa para impedir que retornen.
Denunció que dirigentes y funcionarios del INRA avalaron las irregularidades pese a que conocían los antecedentes de lo que ocurría.
Cochabamba pasó a importar forraje
El presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Bolivia (Acrobol), Mario Mercado, indicó que los avasallamientos a tierras productivas para ampliar la mancha urbana en los municipios causaron que Cochabamba pase de productor de forraje a importador.
Mencionó que desde hace 10 años se importan insumos como maíz y soya de Santa Cruz, pero el traslado de pasto en rollos desde oriente es reciente y se debe a esta problemática.
Las Normativas
La ley y protección de los canales de riego
La Ley de Riego 2878 establece que el Gobernador es el presidente del Servicio Departamental de Riego.
El proceso de saneamiento de tierras
La Ley 1775 prevé que la autoridad departamental realice el seguimiento de los procesos de saneamiento.
El pronunciamiento de los empresarios
La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba emitió esta semana un pronunciamiento con seis acciones para frenar las redes “criminales” que avasallan las tierras productivas.
Fuente: Los Tiempos
