Al no prosperar las acciones legales, tramitaron con éxito su conversión a “comunidad campesina”, para así forzar la titulación a su favor de más de siete mil hectáreas de tierras.
Mucha tinta corrió sobre el intento del INRA, hasta ahora fallido, de desalojar a la fuerza a los menonitas de Valle Verde que controlan ilegalmente 2.000 hectáreas de tierra fiscal en el municipio de San José de Chiquitos. Ilegalmente a medias porque ellos alegan que compraron esas tierras a un supuesto propietario; es decir, a uno de los tantos traficantes. Ilegalmente a medias porque desmontaron miles de hectáreas sin derecho propietario, pero con autorizaciones otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) desde el 2010. Esta última revelación obligó a la ABT a salir al paso para decir que anuló 98 permisos de desmontes y que llevaría a la justicia a sus funcionarios corruptos.
Pero poco se ha dicho sobre las otras 7.000 hectáreas que ocupan los mismos menonitas. Las autoridades del INRA pidieron que abandonen la zona en conflicto y retrocedan a su asentamiento mayor, dando a entender que el mismo sería propiedad menonita y no tierra fiscal. Esta insinuación de las autoridades tomó fuerza con las esquivas y confusas declaraciones a la prensa. ¿Acaso el INRA ya tituló esas 7.000 hectáreas o está a punto de hacerlo a favor de la colonia menonita Valle Verde?
Es probable que sea así, debido a que los menonitas ganaron varias batallas por medio de una estrategia absurda pero efectiva: convertirse en una “comunidad campesina” para forzar la titulación legal de tierras fiscales. Veamos en detalle.
Por lo general, los menonitas no avasallan tierras, sino compran a personas particulares. Según los expedientes, los menonitas de Valle Verde adquirieron el 2009 de Renán Escalante, quien actuó como propietario de los predios Piococa y Saosal con documentación del extinto Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA). Está por demás decir que estos papeles y todos los anteriores a la Ley INRA de 1996 están sujetos a revisión jurídica por estar viciados de nulidad en la mayoría de los casos. Es decir, los menonitas compraron sin títulos agrarios, con papeles chutos y a sabiendas del riesgo de perder esas tierras. No compraron propiedades con trabajo y mejoras, sino una extensa zona de bosques sin intervención humana.
Hacia el año 2012, la colonia menonita tramitó y, para su propia sorpresa, obtuvo la personalidad jurídica de “comunidad campesina Valle Verde”. Varios son los implicados de esta irregularidad, entre ellos el alcalde y los concejales de San José de Chiquitos y el subgobernador de la provincia Chiquitos de la gestión 2012. La flamante comunidad se afilió sin mayor objeción a la “Central Campesina de San José”. De este modo, varias colonias forman parte de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Apiaguaiki Tumpa de Santa Cruz.
La conversión a “comunidad campesina” ha sido una estrategia ideada para eludir las exigencias del INRA. Las comunidades al gozar de derechos colectivos, pueden declararse simples “poseedores” de tierras y les basta justificar el cumplimiento de la “función social” demostrando que viven en el lugar. En contraste, los propietarios no comunitarios tienen que exhibir sus antecedentes agrarios para demostrar que la propiedad tiene un origen lícito, además de cumplir la “función económico social” (FES).
Sin embargo, el INRA rechazó la pretensión de los menonitas en el año 2014. El instituto agrario tuvo sus momentos de rectitud y acierto. La colonia Valle Verde no fue admitida en el trámite como “comunidad campesina”, sino como un predio individual. Determinó que era una posesión ilegal y un asentamiento reciente con tan solo 12 hectáreas trabajadas. Al mismo tiempo, anuló el título del predio Saosal de 1991 por haber sido emitido por Miguel Hurtado, quien fungía en esa época como juez agrario sin serlo. Es el mismo juez falso que privatizó el predio Tierras Bajas del Norte de 20 mil hectáreas que hoy detenta la familia Marinkovic. Con todos estos antecedentes, el INRA rechazó la pretensión menonita.
Los menonitas no se resignaron. A finales del mismo año, 2014, pidieron justicia ante el Tribunal Agroambiental. Acusaron al instituto agrario de haber “violado sus derechos fundamentales y sociales” al desconocer su cualidad de “comunidad campesina” con derecho colectivo a la tierra. Exigieron que los magistrados obliguen al INRA a evaluar solamente la “función social” y no la FES. Los menonitas campesinizados fueron muy lejos en sus demandas.
Los magistrados Soto, Armijo y Paucara, de la sala primera, emitieron su fallo en mayo de 2015, dando la razón a los menonitas y ordenando al INRA a reiniciar su trabajo a partir de la “clasificación correcta del predio de la Comunidad Campesina demandante”. El voto disidente de Paucara no intimidó esta insólita decisión de los otros dos magistrados. Por medio de la sentencia agroambiental 35/2015 argumentaron que los menonitas son una “colectividad humana”, su personalidad jurídica de “comunidad campesina” se encuentra en trámite ante la Gobernación de Santa Cruz y están afiliados a la Central Campesina de San José.
No es la primera vez que los menonitas se disfrazan de campesinos con raíces precoloniales. Los menonitas de la colonia Fresnillo también intentaron beneficiarse con un fallo similar al de Valle Verde. Pidieron al Tribunal Agroambiental que el INRA les admita como una “comunidad campesina”. Pero no tuvieron suerte. Los magistrados Terceros y Vásquez fallaron en contra, señalando que solamente las “naciones y pueblos indígena originario campesinos” pueden ejercer los derechos colectivos en razón de su origen anterior a la colonia española.
Después del fallo agroambiental de 2015, los “meno-campesinos” de Valle Verde siguieron desmontando miles de hectáreas, ahora sabemos que lo hacían con autorizaciones y pleno conocimiento de la ABT. Cierto que compraron esas tierras, pero con papeles fraudulentos. Falsearon su identidad colectiva al declararse “comunidad campesina” para ocultar el origen ilegal de su posesión. Doblegaron al INRA en los tribunales y, estos días, en el terreno desacatando las órdenes de desalojo. Ganaron varias batallas en complicidad con autoridades y funcionarios públicos, pero no sabemos si lograron la titulación. Entregar tierras fiscales a la “comunidad campesina Valle Verde” no tendría ni pies ni cabeza; pero es factible si se imponen las torcidas interpretaciones legales.
Gonzalo Colque Investigador de la Fundación TIERRA
Fuente: Página siete
